El Tribunal Supremo ha emitido una resolución dividida sobre el proceso contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, generando dos interpretaciones completamente opuestas de los mismos hechos. Mientras la mayoría del tribunal le condena por la filtración de un correo electrónico confidencial, la minoría defiende su inocencia por ausencia de evidencia concluyente. Esta escisión en el máximo órgano judicial español pone de relieve las dificultades inherentes a la valoración de pruebas en casos de presuntas filtraciones institucionales.
Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando trascendió públicamente un mensaje del letrado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En dicho correo, el abogado proponía un acuerdo para reconocer ciertos delitos fiscales a cambio de beneficios procesales. La difusión de esta comunicación privada desató una tormenta política y mediática que culminó en la apertura de un expediente judicial contra el máximo responsable del Ministerio Fiscal.
La sentencia mayoritaria, respaldada por cinco de los siete magistrados, establece que García Ortiz, "o alguna persona de su círculo cercano con su conocimiento", facilitó este documento a Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER. Además, considera que el comunicado oficial elaborado posteriormente por la Fiscalía reveló datos sensibles sobre la investigación, vulnerando principios básicos del secreto procesal. Esta conclusión se fundamenta en una cadena de indicios que, a juicio de la mayoría, resultan irresistibles: el acceso exclusivo del fiscal general a la información, el timing preciso de la filtración y la relación profesional con el medio receptor.
Por el contrario, el voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo desmonta esta teoría punto por punto. Según su relato, el reportero ya había accedido al correo por otros medios antes de que el fiscal general lo tuviera en su poder. Concretamente, el 13 de marzo, Campos visitó el despacho de una fuente anónima que le mostró el mensaje, le permitió tomar apuntes, pero le prohibió divulgarlo. Esa misma noche, tras intentar sin éxito obtener confirmación oficial tanto del abogado de González Amador como del propio fiscal general, la fuente le autorizó finalmente la publicación. Las magistradas recalcan que el periodista negó tajantemente que García Ortiz fuera su informante.
Esta disparidad en los "hechos probados" constituye el núcleo del desacuerdo. La mayoría asume que la filtración originó desde la cúspide del Ministerio Fiscal, aplicando una presunción iuris tantum de responsabilidad por posición. La minoría, en cambio, exige pruebas fehacientes que, insisten, no existen en el expediente. Para Ferrer y Polo, condenar por presunciones sin evidencia concluyente erosiona el principio de presunción de inocencia.
El voto discrepante también reprocha a la sentencia que omita episodios cruciales que contextualizan los hechos. Por ejemplo, que González Amador ya había mantenido conversaciones previas con la Fiscalía sobre la posibilidad de acordar una conformidad, circunstancia que, según las magistradas, es esencial para interpretar la posterior difusión del correo. Ignorar este antecedente, argumentan, distorsiona la realidad y conduce a conclusiones precipitadas.
Otro punto de fricción radica en la interpretación del comunicado oficial. Para los cinco magistrados, el texto vulneró el secreto de la investigación al revelar datos de la pareja de Ayuso que aún no habían trascendido. Las dos magistradas, en cambio, argumentan que el documento no infringió ninguna norma al tratarse de información ya pública o de dominio conocido por haber sido publicada horas antes por la Cadena SER. Esta divergencia interpretativa sobre qué constituye "secreto" versus "información pública" es fundamental.
La resolución pone de manifiesto un debate más profundo sobre los estándares de prueba en casos de filtraciones. La mayoría aplica un criterio de responsabilidad por posición: al no existir otra vía plausible, la culpa recae en el máximo responsable. La minoría defiende la presunción de inocencia: sin pruebas fehacientes, no puede condenarse. Esta tensión entre eficacia punitiva y garantías constitucionales define el estado de la cuestión.
Esta división judicial refleja la complejidad de investigar filtraciones en ámbitos institucionales. La falta de rastros digitales inequívocos y la dependencia de testimonios parciales generan lagunas que diferentes interpretaciones legales colman de forma distinta. En la era de la comunicación instantánea, demostrar el origen exacto de una filtración se ha convertido en un desafío técnico y jurídico sin precedentes.
El caso también ha generado debate sobre la relación entre poder político, fiscalía y medios de comunicación. La implicación de la pareja de un alto cargo público añade una capa de sensibilidad al procedimiento, ya que cualquier decisión judicial puede interpretarse como politizada. Las magistradas de la minoría insisten en que la ley debe aplicarse igual independientemente del perfil de los involucrados.
Desde una perspectiva procesal, el voto particular cuestiona la coherencia interna de la sentencia. Si no se puede determinar con certeza quién filtró el correo, argumentan las magistradas, no es jurídicamente sostenible condenar al fiscal general por un hecho que no se ha demostrado que cometiera. La condena por omisión o negligencia requiere, según su criterio, un estándar probatorio que no se ha alcanzado.
La mayoría, sin embargo, considera que el conjunto de indicios —el acceso privilegiado a la información, el timing de la filtración, la relación con el periodista— configura un escenario de responsabilidad aun sin confesión o prueba directa. Para ellos, la acumulación de circunstancias crea una certeza moral suficiente para la condena, especialmente en delitos de esta naturaleza donde las pruebas directas son escasas por definición.
Este tipo de discrepancias en el Tribunal Supremo, aunque no son infrecuentes, adquieren especial relevancia cuando afectan a la máxima autoridad del Ministerio Fiscal. La imagen de instituciones sin fisuras se ve cuestionada cuando dos magistradas de igual rango discrepán abiertamente de sus compañeros, lo que puede afectar a la percepción pública de la unidad del poder judicial.
El fallo final, aunque condenatorio por mayoría, queda matizado por un voto particular que plantea dudas razonables sobre la solidez de la prueba. En el ámbito de la justicia penal, donde el estándar de "más allá de toda duda razonable" es el pilar, la existencia de una posición disidente de tal calibre no deja de plantear interrogantes sobre si se ha alcanzado realmente ese umbral.
Más allá de la resolución judicial, el caso ilustra los desafíos de la transparencia institucional en la era digital. La velocidad de la información, la presión mediática y los intereses políticos convergen en un escenario donde distinguir entre filtración, comunicación estratégica y deber de información se hace cada vez más complejo. Las instituciones deben adaptar sus protocolos a una realidad donde el control absoluto de la información es técnicamente imposible.
El debate entre mayoría y minoría también refleja una tensión filosófica en el derecho: la tensión entre la eficacia punitiva y las garantías individuales. Mientras un bando prioriza el resultado —castigar una filtración que considera lesiva para la justicia—, el otro defiende el método —sin prueba, no hay delito—. Esta dicotomía no es nueva, pero cobra especial virulencia cuando el acusado es quien debe representar la imparcialidad del sistema.
En definitiva, la resolución sobre García Ortiz no cierra la controversia, sino que la institucionaliza dentro del propio Tribunal Supremo. Las dos versiones coexisten en la misma resolución, ofreciendo a la ciudadanía un retrato de la complejidad inherente a la interpretación judicial de hechos controvertidos. Esta dualidad puede fortalecer el sistema al mostrar su capacidad de autocrítica, pero también puede debilitarlo si genera percepción de arbitrariedad. El tiempo dirá cuál de estas lecturas prevalece en la memoria colectiva.