En el año 2023, se produjo la extradición a Estados Unidos de uno de los personajes más controvertidos del régimen chavista: Hugo Carvajal, apodado 'El Pollo'. Este hombre había ocupado el cargo de máximo responsable de los servicios de inteligencia venezolanos durante el mandato de Hugo Chávez, consolidándose como una figura clave en la estructura de poder del gobierno bolivariano.
Las autoridades norteamericanas reclamaban a Carvajal por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que formaban parte de un extenso expediente sobre la corrupción sistémica dentro del chavismo. Ante la perspectiva de ser juzgado en territorio estadounidense, el exdirector del SEBIN —el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional— emprendió una estrategia desesperada para permanecer en España.
La táctica de Carvajal consistió en ofrecer colaboración a la Justicia española, argumentando que poseía información de alto valor que podría resultar crucial para investigaciones en curso en territorio nacional. Este movimiento tenía un objetivo claro: demostrar su utilidad como fuente de inteligencia para España, lo que podría justificar su permanencia en el país y, consecuentemente, evitar su entrega a las autoridades estadounidenses.
Como parte de esta maniobra, Carvajal redactó y entregó un documento manuscrito a la Audiencia Nacional. En este texto, que pretendía evidenciar su capacidad para aportar datos relevantes, aparecía mencionado de forma explícita el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. La referencia no era casual, sino que apuntaba a una de las polémicas que más había generado en torno a la figura del líder socialista español: su presunta conexión con negocios en Venezuela.
El fragmento más comprometedor del escrito hacía alusión a una presunta explotación minera de oro en territorio venezolano de la que Zapatero habría obtenido beneficios. Según el relato de Carvajal, esta mina se encontraba ubicada en una zona geográfica particularmente rica en recursos minerales preciosos, no solo oro sino también diamantes.
El texto literal que el exjefe de inteligencia plasmó en su puño y letra resultaba contundente: confirmaba la existencia de esta explotación y la vinculación del expresidente español con la misma. Aunque el manuscrito no aportaba pruebas documentales adicionales, la mera mención por parte de alguien con el nivel de acceso que tuvo Carvajal al interior del chavismo dotaba de cierta credibilidad a las acusaciones.
Estas informaciones no eran completamente nuevas. Rumores sobre posibles negocios en Venezuela de altos cargos españoles habían circulado previamente, pero la confirmación por escrito de un exfuncionario del régimen bolivariano con el rango de Carvajal representaba un elemento significativo. La Audiencia Nacional recibió este documento como parte del proceso previo a la extradición, aunque finalmente no impidió que Carvajal fuera entregado a las autoridades estadounidenses.
El manuscrito de Carvajal también hacía referencia a otra figura controvertida de la política latinoamericana: Piedad Córdoba. La senadora colombiana, fallecida en enero de 2024, había sido durante años una aliada incondicional del chavismo y una activa mediadora en conflictos regionales.
Córdoba había protagonizado negociaciones de alto perfil con las FARC, el grupo guerrillero colombiano, posicionándose como una interlocutora privilegiada. Su proximidad ideológica al proyecto bolivariano de Hugo Chávez y su continuo respaldo al gobierno de Nicolás Maduro le granjearon elogios oficiales del régimen venezolano, que la calificó como una 'gran revolucionaria' y defensora de la causa bolivariana.
Sin embargo, su trayectoria política estuvo salpicada por numerosas controversias y acusaciones de corrupción. Las investigaciones contra la senadora colombiana apuntaban a un presunto enriquecimiento ilícito derivado de comisiones obtenidas en negocios con el gobierno venezolano. Uno de los mecanismos más cuestionados fue su acceso a divisas preferenciales a través del sistema CADIVI (Comisión Nacional de Administración de Divisas) en momentos de máxima escasez cambiaria en Venezuela.
Las sospechas sobre Córdoba incluían relaciones con empresarios controvertidos como Álex Saab y Álvaro Pulido, ambos investigados por presuntas estructuras de corrupción en el acceso a dólares venezolanos. El propio exdirector del SEBIN, Manuel Christopher Figuera, que rompió con el régimen, acusó a Córdoba de poseer un apartamento en Caracas y de haber proporcionado refugio a Jesús Santrich, líder de las FARC. Estas acusaciones, que ella siempre negó, pintaban un retrato de una política profundamente imbricada en las redes de poder del chavismo.
La muerte de Piedad Córdoba en enero de 2024 puso fin a una de las carreras políticas más controvertidas de la región. Nicolás Maduro no dudó en rendirle un homenaje público, recordándola como una 'gran revolucionaria' y una 'luchadora incansable' por los ideales bolivarianos. Esta despedida oficial del régimen venezolano confirmaba la estrecha relación que había mantenido con el chavismo hasta el final de sus días.
El caso Carvajal y las acusaciones contenidas en su manuscrito ilustran la compleja red de relaciones que tejió el régimen chavista con figuras políticas de la región y de España. Las menciones a Zapatero y Córdoba dentro del mismo documento sugieren que el exjefe de inteligencia poseía información detallada sobre las conexiones internacionales del gobierno bolivariano.
Aunque el manuscrito no ha derivado en acciones judiciales concretas en España contra el expresidente, su existencia constituye un elemento más en el expediente de las polémicas relaciones entre ciertos sectores de la política española y el régimen venezolano. La extradición de Carvajal a Estados Unidos cerró una posible vía de investigación, pero dejó documentos que continúan generando cuestionamientos.
La figura de Piedad Córdoba, por su parte, representa el arquetipo del político latinoamericano que encontró en el chavismo una fuente de poder e influencia, pero también de permanentes sospechas de corrupción. Su caso, junto con las revelaciones de Carvajal, dibujan un panorama de cómo el régimen venezolano utilizó recursos estatales para crear redes de lealtad transnacionales.
En definitiva, el manuscrito entregado por Hugo Carvajal a la Audiencia Nacional antes de su extradición no solo buscaba evitar su traslado a Estados Unidos, sino que dejó constancia escrita de las presuntas conexiones entre el chavismo y figuras políticas de renombre. Las acusaciones sobre una mina de oro beneficiando a Zapatero y los detalles sobre la relación de Piedad Córdoba con el régimen constituyen un capítulo más en la historia de las controvertidas alianzas del gobierno bolivariano.