La Generalitat Valenciana ha decidido tomar medidas drásticas para enfrentar el creciente problema de absentismo laboral en sus estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). A través de la Societat Valenciana de Inspecció Tècnica de Vehicles S.A. (SITVAL), la administración autonómica ha lanzado un concurso público para contratar servicios de investigación privada, con el objetivo de detectar y documentar ausencias injustificadas, actividades incompatibles o conductas fraudulentas entre su personal.
Este paso, que supone una inversión de 140.000 euros (sin IVA), responde a un colapso operativo que se ha agravado desde que el servicio de ITV volvió a manos del sector público en julio de 2023, tres meses antes de las elecciones autonómicas. La decisión de revertir la gestión, tomada por el anterior gobierno liderado por Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos), ha generado un caos en las estaciones, con largas esperas, retrasos y una notable disminución en la eficiencia del servicio.
Según fuentes de las federaciones de transporte, el sistema actual es más caro e ineficaz que el anterior, gestionado por empresas privadas. Esta situación ha llevado a muchos usuarios a buscar alternativas en provincias limítrofes de otras comunidades autónomas, donde el servicio sigue en manos del sector privado y opera con mayor fluidez.
El contrato, publicado el 27 de octubre en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se divide en tres lotes —uno por provincia: Castellón, Valencia y Alicante— y permite a los licitadores presentarse a uno o varios. El plazo de ejecución del servicio será de dos años, y los detectives contratados deberán realizar observaciones, seguimientos y elaborar informes documentales y audiovisuales, con posibilidad de ratificar su trabajo ante órganos administrativos o judiciales si fuera necesario.
Para participar en la licitación, las agencias de detectives deben estar inscritas en el Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior y demostrar experiencia reciente en investigaciones similares. Además, se exige solvencia técnica y una cifra mínima de facturación anual, aunque el monto exacto no se ha hecho público.
Este no es un caso aislado en España. La Junta de Andalucía ya implementó un sistema similar en agosto de 2023, contratando detectives para vigilar el absentismo en sus propias estaciones de ITV. El pliego andaluz también se dividió en dos lotes —occidental y oriental— y buscaba garantizar la asistencia laboral en un contexto de creciente desconfianza hacia el personal público.
La medida ha generado debate en el ámbito político y social. Mientras algunos defienden la necesidad de garantizar la eficiencia del servicio público, otros critican que se recurra a métodos de vigilancia privada en lugar de abordar las causas estructurales del absentismo, como condiciones laborales, falta de motivación o problemas de gestión interna.
Desde el punto de vista legal, el procedimiento de adjudicación sigue la Ley de Contratos del Sector Público, con tramitación ordinaria y presentación electrónica de ofertas. El presupuesto base de licitación, incluyendo IVA, asciende a 169.400,05 euros, lo que indica que la Generalitat ha previsto un margen de negociación con los licitadores.
La decisión de la Generalitat Valenciana refleja una tendencia creciente en las administraciones públicas españolas: recurrir a la vigilancia privada como herramienta de control interno. Sin embargo, también plantea cuestiones éticas y de privacidad, especialmente cuando se trata de empleados públicos que, en muchos casos, están sujetos a normativas laborales más estrictas que el sector privado.
En el contexto de la Comunitat Valenciana, la inversión en detectives se enmarca en un esfuerzo más amplio por recuperar la confianza de los ciudadanos en un servicio esencial. Las ITV no solo son un requisito legal para la circulación de vehículos, sino también un mecanismo clave para garantizar la seguridad vial. Si el servicio se vuelve ineficiente o poco fiable, el impacto se siente en toda la sociedad.
Aunque el contrato no especifica si los resultados de las investigaciones se harán públicos, es probable que se utilicen como base para sanciones disciplinarias o incluso para procesos judiciales en casos de fraude. La transparencia en este proceso será clave para evitar acusaciones de arbitrariedad o persecución laboral.
En resumen, la Generalitat Valenciana ha optado por una solución contundente —y costosa— para abordar un problema que afecta directamente a la calidad del servicio público. Mientras tanto, los ciudadanos siguen buscando alternativas fuera de la región, lo que pone de manifiesto la urgencia de encontrar soluciones estructurales, más allá de la vigilancia puntual.
El éxito de esta medida dependerá no solo de la eficacia de los detectives contratados, sino también de la capacidad de la administración para transformar los resultados de las investigaciones en mejoras reales en la gestión del servicio. Solo así se podrá recuperar la confianza de los usuarios y evitar que el caos en las ITV se convierta en un problema crónico.