El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha lanzado este miércoles una grave acusación contra dos ex altos cargos de la Comunidad de Madrid, asegurando que han intentado eludir la acción de la justicia al no presentarse a la vista judicial convocada en el marco del conocido como caso residencias.
Las declaraciones del ministro se produjeron en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde López no dudó en calificar la ausencia de Carlos Mur y Pablo Busca como un intento de huir de la justicia. "No sé si somos conscientes de que ayer dos cargos de la Comunidad de Madrid se dieron en búsqueda y captura", manifestó el ministro, en una intervención que ha generado notable repercusión mediática y política.
El caso residencias, que se instruye en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, investiga las presuntas irregularidades en la gestión de los centros de mayores durante la crisis sanitaria. La comparecencia de ambos ex altos cargos estaba prevista para una fecha determinada, y su incomparecencia ha derivado en la emisión de una orden de búsqueda y captura por parte de la autoridad judicial.
Carlos Mur y Pablo Busca ocuparon posiciones relevantes en la estructura de gobierno de la Comunidad de Madrid durante el mandato de Isabel Díaz Ayuso. Mur ejerció como consejero de Políticas Sociales, mientras que Busca desempeñó funciones en áreas vinculadas a la gestión sanitaria. Ambos están imputados en esta causa que investiga decisiones políticas y administrativas que, presuntamente, pudieron afectar negativamente a la población vulnerable residente en centros de mayores.
La reacción de Óscar López no se ha limitado a señalar la ausencia de los ex altos cargos, sino que ha extendido su crítica al Partido Popular, formación a la que pertenece la presidenta madrileña. El ministro ha contrastado la situación actual con las recurrentes declaraciones del PP sobre la defensa del respeto a la justicia y la importancia de colaborar con las instituciones judiciales.
"Resulta paradójico que aquellos que tanto hablan de la importancia de acatar la justicia y de la separación de poderes, cuando les toca a ellos, sus ex altos cargos no acuden a las citaciones judiciales", apuntó López en sus declaraciones a los medios de comunicación congregados en el Congreso.
El contexto político en el que se producen estas declaraciones es particularmente tenso. La relación entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid ha atravesado por múltiples momentos de confrontación, especialmente en materia sanitaria y de gestión de la pandemia. El caso residencias se ha convertido en uno de los puntos de fricción más significativos, con acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad en la gestión de la crisis en los centros de mayores.
Desde el punto de vista judicial, la incomparecencia de personas citadas en calidad de imputadas es un hecho grave que puede derivar en medidas cautelares como la orden de búsqueda y captura. Los juzgados de Plaza de Castilla, que instruyen este caso, han tomado la decisión de activar este mecanismo procesal, lo que indica la gravedad con la que consideran la ausencia de ambos ex altos cargos.
La situación genera interrogantes sobre las estrategias de defensa de Mur y Busca, así como sobre las posibles consecuencias políticas para el PP de Madrid. La oposición ya ha aprovechado estas circunstancias para cuestionar la coherencia del discurso popular sobre el estado de derecho y la rendición de cuentas.
Expertos en derecho administrativo y procesal consultados por esta redacción señalan que la emisión de una orden de búsqueda y captura contra ex altos cargos por incomparecencia voluntaria es un hecho excepcional en la política española reciente. "Normalmente, las personas con responsabilidades públicas colaboran con la justicia para evitar este tipo de situaciones que dañan su imagen y la de las instituciones", explica un profesor de derecho constitucional.
El ministro López ha aprovechado su posición institucional para subrayar lo que considera una contradicción flagrante entre el discurso público y las acciones privadas de ciertos representantes del PP. "Mientras desde el Gobierno de Madrid se cuestiona constantemente a la justicia y se habla de persecución política, sus propios ex responsables no acuden a las citaciones", ha insistido.
El caso residencias investiga, entre otros aspectos, las decisiones tomadas durante la primera ola de la pandemia respecto a protocolos de actuación, derivaciones hospitalarias y la gestión de recursos en los centros de mayores. Las familias de afectados han presentado numerosas denuncias que han derivado en esta causa judicial que ahora alcanza a altos responsables políticos.
La ausencia de Mur y Busca en la vista ha generado también reacciones en el ámbito de las asociaciones de familiares de víctimas. Representantes de estas organizaciones han mostrado su indignación ante lo que consideran una falta de respeto a la justicia y a las víctimas. "Es inadmisible que quienes tomaron decisiones que afectaron a nuestras familias ahora no tengan la decencia de comparecer ante un juez", señalaba una portavoz.
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, las fuentes consultadas han preferido no hacer declaraciones oficiales sobre este asunto, remitiendo a las estrategias legales particulares de cada uno de los imputados. No obstante, en el ámbito del PP madrileño se reconoce la preocupación por el impacto mediático y político de esta situación.
El ministro López ha concluido sus declaraciones instando a la reflexión sobre el modelo de gestión y rendición de cuentas que, a su juicio, debería imperar en todas las administraciones. "La ciudadanía exige transparencia y que nadie se sitúe por encima de la ley, especialmente quienes han ocupado cargos de tanta responsabilidad", ha finalizado.
La evolución de este caso seguirá siendo seguida con atención tanto por los medios de comunicación como por los analistas políticos, dado que puede tener implicaciones en el debate sobre la gestión de la crisis sanitaria y la responsabilidad política de los gobernantes.
El contexto competencial de este asunto resulta fundamental para comprender su trascendencia. La gestión de residencias de mayores en España corresponde fundamentalmente a las comunidades autónomas, lo que sitúa a la Comunidad de Madrid en el centro de las responsabilidades investigadas. Durante los meses críticos de la pandemia, las decisiones sobre protocolos de aislamiento, criterios de ingreso hospitalario y dotación de recursos de protección personal generaron intensas polémicas que aún perduran.
El Gobierno central, por su parte, ha defendido en múltiples ocasiones que actuó dentro de sus competencias, estableciendo marcos generales pero dejando la aplicación concreta en manos de las autonomías. Esta división de responsabilidades ha sido constantemente debatida y es precisamente uno de los ejes principales del caso residencias.
Más allá de las declaraciones de Óscar López, otros partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid han mostrado su preocupación. Desde Más Madrid y el PSOE madrileño se han exigido explicaciones claras sobre por qué los ex consejeros no han acudido a la cita judicial. "No podemos tolerar que quienes gestionaron la crisis de las residencias ahora ignoren a la justicia", manifestaba un portavoz socialista.
Por su parte, fuentes de Unidas Podemos han calificado la situación de "intolerable" y han instado al PP a "asumir responsabilidades políticas" si se confirma que la incomparecencia fue deliberada. La formación morada ha sido especialmente crítica con la gestión de la crisis sanitaria en Madrid desde el inicio de la pandemia.
Los letrados de Mur y Busca podrían alegar circunstancias personales o procesales para justificar la ausencia, pero la decisión judicial de activar la búsqueda y captura sugiere que no se consideraron válidas las excusas presentadas. En el ámbito del derecho procesal español, la incomparecencia sin causa justificada es considerada un desacato que puede derivar en responsabilidades penales adicionales.
Algunos analistas políticos especulan con que esta estrategia podría responder a un cálculo político: evitar declaraciones que puedan comprometer a la presidenta Ayuso o a otros miembros del ejecutivo madrileño. Sin embargo, esta táctica resulta arriesgada, ya que la orden de búsqueda y captura intensifica el foco mediático y político sobre el caso.
El desarrollo de esta causa judicial será un factor a seguir de cerca en los próximos meses. La comparecencia forzosa de Mur y Busca, una vez localizados, podría producir nuevas revelaciones sobre la cadena de decisiones en la gestión de las residencias. Además, la situación podría afectar a la percepción pública sobre la gestión del PP en Madrid.
El ministro López ha dejado claro que el Gobierno central seguirá de cerca esta evolución, utilizando su posición para recordar la importancia de la colaboración institucional con la justicia. La batalla política en torno a las responsabilidades de la pandemia parece lejos de concluir, y el caso residencias se ha convertido en uno de sus escenarios principales.