José Antonio Benito, un hombre de Aranda del Duero, se encuentra en una situación que refleja las vulnerabilidades del sistema de pensiones. Tras 45 años cotizados y un despido improcedente a los 53, se vio obligado a jubilarse anticipadamente a los 61 años. Lo que debería haber sido un reconocimiento a su trayectoria laboral se convirtió en una pérdida mensual de 600 euros en su pensión, debido a un error administrativo.
Su historia comienza en la adolescencia: empezó a trabajar a los 14 años en una empresa alimentaria, donde llegó a ser encargado de sección. La crisis de 2009 lo dejó sin empleo, y aunque intentó reinsertarse en el mercado laboral, la edad y la precariedad lo llevaron a agotar su paro. Preocupado por su futura pensión, acudió a la Seguridad Social, donde un funcionario le propuso un convenio especial para seguir cotizando y mantener su base reguladora.
Le ofrecieron pagar 600 euros mensuales, pero tras negociar, logró reducirlo a 400. Aunque aceptó, su pensión final no fue la esperada. Al solicitar la jubilación anticipada, le prometieron 2.100 euros mensuales, pero recibió solo 1.639, y tras retenciones del IRPF, apenas 1.450 euros. El motivo: el funcionario solo consideró los últimos 15 años de cotización, ignorando sus bases más altas de los años previos.
Este error le ha costado 7.200 euros al año, una pérdida que se extenderá hasta su fallecimiento. José Antonio ha reclamado ante la Dirección Provincial, pero sin respuesta. Se siente castigado por un sistema que, según él, no reconoce su esfuerzo ni su lealtad.
Su caso no es aislado. Otros jubilados, como procuradores con 40 años cotizados y pensiones de apenas 400 euros, denuncian situaciones similares. La falta de transparencia y la rigidez administrativa están dejando a muchos trabajadores en la incertidumbre. José Antonio pide justicia, no solo por él, sino por todos los que, tras décadas de esfuerzo, se ven penalizados por errores que no cometieron.