En un barrio periférico de Málaga, un detective privado espera pacientemente en su coche, con una fotografía en el asiento del copiloto. Su misión: seguir los pasos de un trabajador que, según su empresa, está de baja por una lesión grave en la pierna. Pero las sospechas son fuertes: ¿y si esa incapacidad es fingida? Este es solo uno de los muchos casos que se repiten en toda España, donde el absentismo laboral se ha convertido en un problema estructural con costes millonarios.
Óscar, como se hace llamar este investigador, no es un personaje de novela. Es un profesional con carné oficial, formado y autorizado por la Dirección General de la Policía. Su trabajo diario consiste en vigilar, documentar y recopilar pruebas de trabajadores que, supuestamente, no pueden desempeñar sus funciones, pero que en realidad llevan una vida normal —o incluso más activa que la de muchos empleados en activo.
La empresa municipal de aguas de Málaga no es la única que ha recurrido a este tipo de servicios. La Junta de Andalucía, la Generalitat Valenciana o el Ayuntamiento de Fuengirola también han contratado agencias de detectives privados para combatir lo que popularmente se conoce como “bajaciones”: vacaciones pagadas por la empresa y la Seguridad Social, gracias a una baja médica falsa.
El coste anual de este fraude es abrumador: según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), el absentismo laboral en España supone una pérdida de 32.798 millones de euros al año. De esa cifra, casi la mitad —16.788 millones— recae sobre la Seguridad Social y las mutuas, mientras que el resto, 16.010 millones, lo pagan directamente las empresas. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad equivale al 1% del PIB nacional.
Cada día, en España, faltan a su puesto de trabajo alrededor de un millón y medio de empleados. En el segundo trimestre de este año, el índice de absentismo alcanzó su segundo nivel más alto desde que se llevan registros, solo superado por el de 2022. Estos datos, recogidos por una multinacional especializada en recursos humanos, reflejan una tendencia preocupante que afecta tanto al sector público como al privado.
¿Por qué se ha disparado este fenómeno? Las razones son variadas: desde la falta de control efectivo en las bajas médicas hasta la cultura laboral que, en algunos casos, normaliza el abuso. Además, el sistema de inspección y verificación de incapacidades no siempre es ágil ni exhaustivo, lo que deja espacio para el fraude.
Las empresas, cansadas de perder dinero y productividad, han optado por medidas más drásticas. Contratar detectives privados no es una solución barata, pero sí efectiva. Estos profesionales no solo siguen a los sospechosos, sino que recopilan pruebas fotográficas, de video y de testimonios que pueden ser utilizadas en procesos disciplinarios o judiciales.
Óscar, por ejemplo, ha seguido a más de 200 trabajadores en los últimos tres años. En la mayoría de los casos, las pruebas han sido concluyentes: personas que caminan sin cojera, hacen deporte, viajan o incluso trabajan en otros empleos mientras cobran una baja por incapacidad. “No hay nada como pruebas de primera mano”, dice, citando a Sherlock Holmes, su referente profesional.
Pero no todo es blanco y negro. Algunos expertos advierten de que este tipo de vigilancia puede cruzar límites éticos y legales si no se realiza con garantías. La privacidad del trabajador, aunque esté de baja, sigue siendo un derecho fundamental. Por eso, las agencias de detectives deben actuar siempre bajo el marco legal, con autorización judicial cuando sea necesario y con estricto respeto a los derechos de las personas.
Además, hay quienes plantean que la solución no está solo en perseguir a los “jetas”, sino en mejorar las condiciones laborales, la comunicación entre empleados y directivos, y en reforzar los sistemas de control médico. Un enfoque más preventivo podría reducir el absentismo sin necesidad de recurrir a investigaciones privadas.
En cualquier caso, mientras el problema persista, los detectives como Óscar seguirán en la calle, con sus coches aparcados, sus cámaras listas y su paciencia a prueba. Porque en un país donde el fraude laboral cuesta miles de millones, cada prueba cuenta. Y cada trabajador que vuelve a su puesto, tras ser descubierto, es una victoria —aunque pequeña— contra la impunidad.
La lucha contra el absentismo no es solo una cuestión económica, sino también de justicia y equidad. Porque mientras algunos se aprovechan del sistema, otros pagan las consecuencias: más carga de trabajo, menos productividad y, en última instancia, un coste que todos asumimos como sociedad.