Cada año, una fecha simbólica marca el momento en que las mujeres europeas, en promedio, dejan de recibir salario por su trabajo en comparación con los hombres. Este año, ese día es el 17 de noviembre, según los datos de Eurostat. A partir de esta fecha, las trabajadoras de la Unión Europea están, en términos simbólicos, trabajando 'gratis' hasta que termine el año. Esta jornada, conocida como el Día Europeo de la Igualdad Salarial, es un recordatorio contundente de que, a pesar de décadas de avances, la brecha salarial sigue siendo una realidad palpable.
En España, la situación es algo más favorable que la media europea, pero aún lejos de la paridad. Según los mismos datos, la brecha salarial en nuestro país se sitúa en el 9,2%, lo que desplaza la fecha simbólica al 29 de noviembre. Esto significa que, desde esa jornada, las mujeres españolas trabajan sin recibir una remuneración equivalente a la de sus compañeros varones. Aunque es un avance respecto a años anteriores —en 2020, la fecha cayó en la semana previa—, sigue siendo un indicador de que queda mucho por hacer.
La Comisión Europea ha sido clara en su mensaje: no hay justificación para que hombres y mujeres cobren distinto por el mismo trabajo. Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva, y Hadja Lahbib, comisaria de Igualdad, han recordado que el principio de igualdad salarial está consagrado en la legislación europea desde 1957. Sin embargo, la realidad muestra que esta norma no se cumple plenamente en ningún Estado miembro.
Una de las herramientas clave para abordar esta desigualdad es la Directiva de Transparencia Salarial, que entrará en vigor en junio de 2026. Esta normativa obligará a todas las empresas de la UE a ser más claras en sus procesos de contratación y promoción. Entre otras medidas, deberán publicar salarios en las ofertas de empleo, establecer procedimientos de reporte salarial y garantizar que las oportunidades de crecimiento profesional sean equitativas para todos los trabajadores, independientemente de su género.
La brecha salarial no es un fenómeno uniforme en toda Europa. Países como Letonia y Austria presentan las diferencias más pronunciadas, mientras que Bélgica y Luxemburgo se sitúan en los últimos puestos, con brechas más reducidas. España, con su 9,2%, se encuentra en un grupo intermedio: mejor que la media comunitaria del 12%, pero con un camino aún largo por recorrer.
Este desequilibrio no solo afecta a los ingresos individuales, sino también a la economía en su conjunto. Las mujeres, que representan casi la mitad de la fuerza laboral, están siendo subvaloradas en términos económicos. Esto tiene consecuencias en su capacidad de ahorro, en su acceso a la vivienda, en su jubilación y en su independencia financiera. Además, refuerza estereotipos de género que limitan las oportunidades profesionales y perpetúan la desigualdad estructural.
La sociedad europea parece estar consciente de este problema. Según datos internos de la Comisión, casi nueve de cada diez ciudadanos consideran inaceptable la brecha salarial. Sin embargo, la conciencia no se traduce automáticamente en acción. Las empresas, los gobiernos y los ciudadanos deben trabajar juntos para implementar cambios reales y medibles.
La transparencia salarial es un paso crucial, pero no suficiente. Es necesario también abordar otros factores que contribuyen a la brecha, como la segregación ocupacional —mujeres concentradas en sectores peor remunerados—, la carga desigual de las responsabilidades familiares y la falta de políticas públicas que apoyen la conciliación laboral y familiar.
En este contexto, el Día de la Igualdad Salarial no es solo una fecha simbólica, sino una llamada a la acción. Es un recordatorio de que la igualdad no se logra por decreto, sino mediante políticas concretas, cambios culturales y compromisos individuales. Las mujeres no están trabajando 'gratis' por elección, sino por un sistema que aún no ha logrado corregir sus desequilibrios.
Para las trabajadoras españolas, el 29 de noviembre es un día de reflexión, pero también de exigencia. Es el momento de pedir cuentas a las empresas, a los gobiernos y a la sociedad en su conjunto. Porque la igualdad salarial no es un favor, es un derecho. Y mientras ese derecho no se cumpla plenamente, el trabajo de las mujeres seguirá siendo, simbólicamente, gratuito.