La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del cese de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana ha desatado una nueva polémica entre el Consell y el Gobierno de España. Aunque Mazón anunció su dimisión el lunes, sigue ejerciendo como presidente en funciones, lo que ha generado confusión y críticas desde la Generalitat, que considera que el cese no debería publicarse hasta que haya un sucesor investido.
Según fuentes del Consell, la ley valenciana —específicamente el artículo 8 de la Ley 5/1983— establece que el presidente continúa en funciones hasta que el nuevo titular sea nombrado por el Rey y publicado en el BOE. Este procedimiento se ha seguido en anteriores ocasiones, como en 2011 con Francisco Camps y en 2023 con Ximo Puig, donde el cese y el nombramiento del sucesor aparecieron en el mismo BOE.
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha justificado la publicación del cese argumentando que, tras la comunicación formal de la dimisión desde las Cortes Valencianas, la ley exige proceder al cese, dejando al presidente en funciones. Esta interpretación ha sido cuestionada por expertos, quienes señalan que el proceso no es habitual y genera incertidumbre jurídica.
Además, el Real Decreto 1025/2025, firmado por el Rey y Sánchez, omite la frase tradicional de "agradeciéndole los servicios prestados", lo que ha sido interpretado como un gesto político. En el caso de Camps, esta fórmula sí se incluyó, lo que refuerza la percepción de que se trata de una señal de distanciamiento entre ambos ejecutivos.
La Generalitat insiste en que la publicación no cambia la situación jurídica ni política, pero sí alimenta la tensión que ya existía entre Sánchez y Mazón, especialmente tras la gestión de la dana y las investigaciones parlamentarias en curso. Mazón comparecerá ante la comisión de investigación el próximo martes, lo que añade más presión al proceso de transición.
En resumen, aunque el cese es formalmente válido, su publicación anticipada y sin el agradecimiento habitual ha convertido un trámite administrativo en un episodio de confrontación institucional, con implicaciones políticas y simbólicas que trascienden el mero cambio de mando.