Nuevas grabaciones ponen en entredicho la gestión económica de Vox con su organización juvenil afín, Revuelta. Las conversaciones, a las que ha tenido acceso este medio, revelan presuntas presiones de la cúpula del partido para liquidar la asociación tras detectar irregularidades en el manejo de donativos destinados a las víctimas de la DANA de 2024. En el centro del huracán, Arturo González Villaroya, conocido como Arturo Villa, asesor del eurodiputado Jorge Buxadé y vinculado a la trama Gürtel.
El protagonista de estas conversaciones es un personaje controvertido. Hijo del exalcalde de Boadilla del Monte, apodado 'el albondiguilla' y condenado en el mayor caso de corrupción del PP, Villa ocupa un puesto clave en el equipo de Buxadé en Bruselas. Su voz en los audios refleja tensión y temor: reconoce estar "cagado" ante la posibilidad de recibir una carta de despido de Santiago Abascal.
Las grabaciones captan momentos de franqueza entre Villa y otros miembros de Revuelta. En ellas, el asesor de Buxadé transmite supuestas instrucciones directas de la dirección de Vox: "Liquidar Revuelta. Pagar a quien haya que pagar y que deje de existir". Una orden que, según sus palabras, busca evitar que la contabilidad de la organización juvenil acabe en los tribunales.
La frase más contundente llega cuando Villa resume la postura del partido: "Vox me ha dicho que muerto el perro se acabó la rabia. Que en cuanto disolvamos Asoma (la entidad que gestiona los donativos a Revuelta), que no van a denunciar ni hacer nada". Esta metáfora, brutal en su crudeza, ilustra la supuesta estrategia: disolver la asociación para enterrar cualquier posible escándalo.
El contexto de estas presiones serían los supuestos desvíos de dinero en las ayudas para las víctimas de la DANA. Villa admite en las conversaciones que "no se han pagado impuestos" y que el partido "considera que hemos utilizado el dinero para la banda". Estas palabras sugieren una gestión opaca que habría generado desconfianza en la cúpula de Vox.
Sin embargo, la versión de Villa presenta matices. Aunque reconoce las irregularidades, justifica la postura de los dirigentes: "Entiendo que estén mosqueados. No entiendo todo. No apruebo sus métodos, pero entiendo que son adultos quitándose un marrón de encima". Una justificación que revela las tensiones internas y la lucha de poder entre la formación política y su brazo juvenil.
Los miembros de Revuelta se resisten a desaparecer. Consideran las acusaciones de desvío de fondos como "rotundamente falsas" y ven en la operación una maniobra de Abascal para controlar políticamente la marca y potencialmente utilizarla como herramienta de captación de fondos en el futuro. La batalla, pues, no es solo económica, sino también de identidad y poder.
La situación alcanzó su punto culminante el pasado 5 de diciembre, cuando Villa publicó un comunicado en X (anteriormente Twitter) anunciando que había presentado una denuncia en la Fiscalía por "presuntas irregularidades graves, posible estafa". Un giro inesperado que contradice su papel inicial como supuesto mensajero de las órdenes de Vox.
Estas revelaciones plantean serias cuestiones sobre la transparencia en la gestión de las donaciones para emergencias. La DANA dejó miles de afectados y movilizó a toda la sociedad española, incluidos partidos políticos y sus organizaciones afines. Si las acusaciones fueran confirmadas, estaríamos ante un caso de apropiación indebida de fondos destinados a víctimas de una catástrofe natural.
El caso también expone las fracturas internas en el ecosistema de Vox. La formación de extrema derecha, que ha construido su discurso en torno a la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, ahora se ve salpicada por presuntas prácticas opacas en su propia casa.
Jorge Buxadé, como vicepresidente de Acción Política y jefe directo de Villa, aparece como figura clave en esta trama. Su posición en Bruselas y su influencia en la estrategia del partido le convierten en protagonista involuntario de estas grabaciones. Por su parte, Santiago Abascal, como presidente, es el supuesto origen de la orden de disolución.
La justificación de Villa sobre "adultos quitándose un marrón de encima" resulta especialmente llamativa. Minimiza presuntas irregularidades como simples problemas de gestión, cuando podrían constituir delitos fiscales y de apropiación indebida. Esta visión refleja una cultura institucional donde ciertas prácticas se normalizan como "realpolitik".
El futuro de Revuelta permanece en el aire. Mientras Vox presiona para su desaparición, los miembros de la organización juvenil defienden su inocencia y acusan al partido de una maniobra de control. La denuncia de Villa en la Fiscalía añade una capa de complejidad legal que podría acabar en los tribunales.
Este caso recuerda a otros escándalos de financiación irregular en partidos políticos españoles. La diferencia radica en que aquí se mezclan fondos para emergencias, una organización juvenil sin personalidad jurídica clara y presuntas órdenes de la cúpula para enterrar el problema.
La ciudadanía merece respuestas claras. ¿Se desviaron fondos destinados a víctimas de la DANA? ¿Existió una orden concertada desde Vox para ocultar irregularidades? ¿Por qué un asesor con pasado en Gürtel ocupaba un puesto de confianza en el Parlamento Europeo? Estas preguntas exigen una investigación exhaustiva.
Mientras tanto, las grabaciones continúan siendo analizadas. Su autenticidad, ya confirmada por las reacciones de los implicados, abre una crisis interna en Vox en plena precampaña electoral. La formación deberá explicar no solo la gestión de Revuelta, sino también por qué su cúpula aparece en conversaciones que sugieren una estrategia de ocultación.
El tiempo dirá si esta es una tormenta temporal o el inicio de un escándalo mayor. Lo que está claro es que las palabras de Villa, pronunciadas en un momento de confianza, han destapado una caja de Pandora que Vox preferiría mantener cerrada. La justicia, ahora, debe hacer su trabajo.