La figura de Francisco 'Paco' Salazar continúa generando terremotos en las estructuras del PSOE y el Ejecutivo nacional. Las sucesivas denuncias por presunto acoso laboral y sexual presentadas por exmiembros de su equipo durante su etapa en Presidencia del Gobierno han provocado un terremoto político cuyas réplicas amenazan con desestabilizar uno de los bastiones tradicionales del partido: Andalucía.
El impacto de estas acusaciones ha resultado demoledor para una formación que ya venía de sufrir otros golpes por casos de corrupción en su cúpula. Sin embargo, esta vez el foco apunta directamente al entorno más cercano del presidente Pedro Sánchez, cuestionando la versión oficial de un líder que aseguraba desconocer las actividades de quienes operaban bajo su protección institucional.
El núcleo de lealtades que rodea a Sánchez se ha convertido en su principal talón de Aquiles. La Secretaría de Organización del partido, un puesto clave para controlar la maquinaria electoral y los nombramientos internos, ha visto pasar por sus filas a pesos pesados como José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Salazar iba a ser el siguiente en ocupar esa posición estratégica, pero su ascenso se frustró cuando las denuncias salieron a la luz pública a través de medios digitales.
A pesar de no haber formalizado su cargo, la influencia de Salazar en las decisiones del partido y el Gobierno permanece intacta. Desde diversas corrientes internas crecen las voces que denuncian una percepción de impunidad que daña la credibilidad de la formación socialista. Exigen con urgencia tomar medidas drásticas para cortar de raíz un problema que, lejos de resolverse, se expande como mancha de aceite.
La gestión de las denuncias ha generado profunda división. Críticos internos señalan que la dirección nacional no solo mostró una actitud pasiva ante las primeras alertas, sino que habría obstaculizado activamente su investigación. Una vez hechas públicas las acusaciones, la negativa inicial de trasladar el caso a la Fiscalía generó una imagen de complicidad institucional con el presunto acosador.
El malestar es especialmente intenso en el seno del movimiento feminista del partido, históricamente un pilar de identidad para el PSOE. Sin embargo, la preocupación trasciende el ámbito de la igualdad de género y se infiltra en las estructuras territoriales que afrontan próximos comicios electorales. Los dirigentes autonómicos temen el efecto contagio entre la ciudadanía, cada vez más exigente con la coherencia ética de sus representantes.
Andalucía emerge como el territorio donde estas tensiones adquieren mayor virulencia. La vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, se encuentra en el centro de la tormenta. Su vinculación directa con Salazar, unida a su responsabilidad histórica en la federación andaluza del partido, convierten cada nueva revelación en un obstáculo para su campaña.
La federación andaluza acumula no uno, sino dos escándalos paralelos. El caso de Salazar, que mantuvo su base operativa en esta región, se suma al del líder del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro. Esta segunda trama, que también involucra presuntas conductas de acoso sexual, ha derivado en la suspensión cautelar de Navarro y la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía.
En ambas situaciones, la sede nacional en Ferraz ha sido acusada de actuar como muro de contención contra las denuncias internas. Varios responsables territoriales apuntan a Montero como corresponsable de haber mantenido una supuesta red de protección que habría permitido que estas conductas persistieran. La vicepresidenta, por su parte, ha negado rotundamente cualquier implicación en tales decisiones.
La posición de Montero se ha debilitado progresivamente. Los sondeos internos dibujan un escenario electoral complejo donde la victoria parece un objetivo lejano. Pedro Sánchez confió en ella como carta de renovación para recuperar un territorio que históricamente había sido el granero de votos del PSOE, pero la estrategia se ha visto comprometida por los continuos golpes de efecto del caso Salazar.
Desde hace meses, diversas corrientes del partido andaluz vienen solicitando, sin éxito, que la dirección nacional tome decisiones valientes para proteger las opciones electorales. La percepción es que mantener a Montero al frente de la candidatura se ha convertido en un lastre que arrastra hacia abajo las expectativas de una formación que necesita reconectar con su electorado tradicional.
La crisis revela una fractura más profunda en el modelo de gestión de Sánchez. El presidente ha construido su liderazgo en torno a un círculo de fidelidades inquebrantables, pero ese mismo modelo genera vulnerabilidades cuando algún eslabón de la cadena se resquebraja. La concentración de poder en el entorno presidencial, lejos de fortalecer al partido, lo expone a crisis de legitimidad cuando surgen estas sombras.
El PSOE enfrenta así un dilema de difícil solución. Por un lado, mantener la cohesión interna y proteger a sus figuras institucionales; por el otro, demostrar coherencia con sus principios éticos y de igualdad. La ciudadanía, especialmente el electorado progresista, exige respuestas contundentes y transparentes, no maniobras de contención de daños.
Los próximos movimientos de Ferraz serán decisivos. La capacidad del partido para regenerarse desde dentro, aplicando el mismo rigor que exige a sus adversarios, determinará no solo el resultado en Andalucía, sino la salud democrática de una formación que se presenta como garante de los derechos y la igualdad. El tiempo apremia y los ciudadanos observan con lupa cada paso que dé la dirección socialista.
La lección es clara: en política, la coherencia entre el discurso y la acción no es opcional, es supervivencia. El caso Salazar ha puesto sobre la mesa las consecuencias de mirar hacia otro lado cuando las alertas internas se encienden. Ahora, el PSOE debe decidir si prioriza la lealtad personal o la responsabilidad institucional, una elección que marcará su rumbo para los próximos años.