En los últimos meses, Estados Unidos ha vivido una sucesión inusual de incidentes alimentarios que han puesto en jaque la confianza del consumidor. Desde hamburguesas con fragmentos de madera hasta huevos contaminados con salmonela, los casos no son aislados: son síntomas de un sistema de control alimentario bajo presión.
La empresa Hillshire Brands retiró más de 26.000 toneladas de perritos de maíz tras encontrar restos de madera en su masa, causando lesiones gástricas en al menos cinco personas. Por otro lado, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) emitió una alerta nacional por platos congelados contaminados con Listeria monocytogenes, vinculados a cuatro fallecimientos. También se retiraron huevos, snacks con metal y pescados ahumados por riesgos similares.
Estos episodios, aunque podrían interpretarse como fallos puntuales, adquieren un significado más profundo cuando se analizan en conjunto. La acumulación de incidentes en un periodo corto sugiere que el sistema de vigilancia alimentaria está mostrando grietas estructurales. Y no es casualidad: en los últimos años, se han implementado políticas de desregulación y recortes presupuestarios que han afectado directamente a las agencias encargadas de la seguridad alimentaria.
La FDA, por ejemplo, redujo su personal y suspendió pruebas de calidad en productos como la leche. Además, se eliminaron comités científicos asesores clave y se inició un proceso para flexibilizar las normas de etiquetado de más de 50 alimentos. También se disolvió la División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia, lo que limita la capacidad de sancionar penalmente a empresas irresponsables.
La descentralización de funciones hacia estados y gobiernos locales ha agravado la situación, ya que muchas de estas entidades carecen de recursos y experiencia para asumir estas responsabilidades. Los defensores de estas medidas argumentan que reducen costos y fomentan la competitividad empresarial. Pero los expertos advierten que, en realidad, están debilitando la capacidad de respuesta ante crisis alimentarias.
La tensión ha llevado incluso a renuncias de alto perfil. Jim Jones, subcomisionado de alimentos humanos de la FDA, dimitió en febrero tras denunciar que los recortes habían dejado a su departamento sin recursos para cumplir con sus funciones básicas. Su salida es un claro indicador de que el problema va más allá de los incidentes aislados: se trata de un sistema en riesgo.
La seguridad alimentaria no es un lujo, sino un derecho básico. Y cuando las instituciones encargadas de protegerlo se ven mermadas, el riesgo para la salud pública aumenta. La pregunta ahora no es si habrá más incidentes, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse un sistema que ya muestra signos evidentes de agotamiento.