La Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda ha hecho pública la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas EDIL, antiguamente conocidas como EDUSI, dejando a dos importantes municipios de la provincia de Ciudad Real fuera de la lista de beneficiarios. Se trata de Valdepeñas y Alcázar de San Juan, cuyos proyectos de desarrollo urbano sostenible e integrado no han sido seleccionados para recibir esta financiación comunitaria, considerada por las autoridades locales como crucial para la transformación de sus ciudades.
La noticia ha caído como un jarro de agua fría en ambas localidades, especialmente cuando otras ciudades de la misma provincia, como Ciudad Real, Tomelloso y Puertollano, no solo han resultado beneficiarias, sino que además han conseguido los montantes más elevados de toda la historia de estas convocatorias. Esta disparidad en los resultados ha generado un profundo malestar entre los gestores municipales, que no entienden los criterios aplicados en la valoración de sus propuestas.
En Alcázar de San Juan, la primera edil, Rosa Melchor, no ha ocultado su desconcierto ante la decisión administrativa. En declaraciones a la Cadena SER, la regidora ha mostrado su perplejidad por la exclusión de su municipio, destacando que el proyecto presentado cumplía con todos los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. 'No entendemos que un proyecto que está bien armado, que forma parte del cumplimiento de los criterios que ellos solicitaban... y encima con el aval de ser unos magníficos ejecutores de fondos europeos, ahora se nos deje en la reserva', manifestó Melchor.
La alcaldesa ha puesto de relieve el historial impecable de Alcázar de San Juan en la gestión de ayudas comunitarias, recordando que en anteriores convocatorias fueron de los municipios que mayor porcentaje de aprovechamiento alcanzaron, con un notable 88% de ejecución de los fondos EDUSI anteriores. Este dato, según Melchor, debería haber sido un factor determinante a su favor, demostrando la capacidad técnica y administrativa del consistorio para llevar a cabo proyectos de envergadura.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha anunciado que no se quedará de brazos cruzados. 'No solo vamos a averiguarlo, sino que vamos a pelearlo', aseguró la primera edil, adelantando que estudiarán a fondo los motivos de su exclusión y presentarán los recursos pertinentes para intentar revertir la decisión. La determinación es total, y el consistorio ya trabaja en la documentación necesaria para defender su proyecto.
Por su parte, en Valdepeñas el malestar es igualmente palpable. El alcalde de la localidad, Jesús Martín, ha explicado que los proyectos presentados por el municipio superaron holgadamente la barrera de los 50 puntos en la baremación, un umbral que, en teoría, debería garantizar la obtención de fondos. Ante la resolución provisional ya anunciada en octubre, donde ambas localidades aparecían 'en reserva', Martín solicitó información detallada sobre los criterios de valoración aplicados.
'Queremos saber dónde han dado el corte para saber hasta qué puntuación mínima o máxima han acudido y cuando tengamos esa información, dentro de los 10 días hábiles que da la convocatoria, haremos los recursos siguiendo y defendiendo que nuestros objetivos son prioritarios', declaró el regidor. Esta afirmación refleja la convicción del equipo de gobierno de que sus propuestas de desarrollo urbano sostenible respondían a necesidades reales y prioritarias para la ciudadanía de Valdepeñas.
La convocatoria EDIL, que sustituye a los anteriores EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), representa una oportunidad única para que los municipios de mediano tamaño puedan acometer proyectos de transformación urbana, revitalización económica, mejora de la accesibilidad y sostenibilidad ambiental. Los fondos, que provienen del Programa Operativo Plurirregional de España del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), están destinados a aquellas localidades que demuestren una visión estratégica clara y la capacidad de ejecutar inversiones de calidad.
La exclusión de Valdepeñas y Alcázar de San Juan resulta especialmente llamativa si se considera que ambas ciudades tienen una población superior a los 20.000 habitantes, uno de los criterios básicos para acceder a estas ayudas. Además, su trayectoria en la gestión de fondos públicos no había sido cuestionada hasta ahora, lo que aumenta el desconcierto de sus respectivos gobiernos municipales.
Desde el punto de vista técnico, la valoración de los proyectos EDIL se basa en una serie de criterios objetivos y subjetivos que incluyen la coherencia estratégica, la innovación, la sostenibilidad, la participación ciudadana y la capacidad de gestión del ayuntamiento solicitante. Los municipios que superan los 50 puntos suelen considerarse aptos para la financiación, aunque la disponibilidad presupuestaria final determina el corte definitivo.
En este sentido, tanto Melchor como Martín han solicitado transparencia total en el proceso de baremación. Quieren conocer con precisión qué aspectos de sus proyectos han sido penalizados y cuál ha sido la puntuación exacta del corte final. Esta información les permitirá preparar un recurso contundente que, en su opinión, demuestre que sus propuestas merecían ser financiadas.
El plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones y recursos es muy breve, por lo que ambos ayuntamientos están trabajando contrarreloj para reunir toda la documentación necesaria. Abogados, técnicos municipales y responsables políticos están revisando minuciosamente cada apartado de la resolución en busca de posibles errores o inconsistencias que puedan sustentar sus reclamaciones.
La situación ha generado una oleada de solidaridad entre ambos municipios, que aunque compiten por los mismos fondos, comparten la misma indignación ante lo que consideran una decisión injusta. Los alcaldes han mantenido conversaciones informales para intercambiar información y coordinar estrategias, aunque finalmente cada ayuntamiento presentará su propio recurso de forma independiente.
El impacto de no recibir estos fondos puede ser significativo para ambas ciudades. Los proyectos EDIL suelen incluir actuaciones en movilidad sostenible, rehabilitación de edificios públicos, creación de espacios verdes, digitalización de servicios municipales y fomento de la economía local. La pérdida de esta financiación obligaría a replantearse el calendario de inversiones o buscar alternativas de financiación más costosas para las arcas municipales.
Mientras tanto, en Ciudad Real, Tomelloso y Puertollano la noticia ha sido recibida con satisfacción. Estos municipios podrán acometer ambiciosos planes de transformación que mejorarán la calidad de vida de sus vecinos y generarán empleo en la construcción y otros sectores relacionados. La diferencia de trato entre unos y otros ha puesto de manifiesto la competitividad creciente de estas convocatorias, donde no basta con presentar un proyecto técnicamente correcto, sino que debe destacar sobre el resto.
La polémica ha llegado hasta las redes sociales, donde vecinos de Valdepeñas y Alcázar de San Juan han mostrado su apoyo a los respectivos ayuntamientos y han cuestionado los criterios del Ministerio. Algunos usuarios han sugerido que la decisión puede estar influenciada por factores políticos, aunque no existe evidencia oficial que corrobore estas especulaciones.
Desde el Ministerio de Hacienda se ha defendido la imparcialidad del proceso, insistiendo en que la valoración ha sido realizada por técnicos independientes siguiendo criterios estrictamente objetivos. No obstante, la falta de transparencia en la fase inicial ha alimentado las sospechas y el malestar en los municipios excluidos.
Con el plazo de alegaciones en marcha, todos los ojos están puestos en Valdepeñas y Alcázar de San Juan. El éxito o fracaso de sus recursos no solo determinará el futuro inmediato de sus proyectos de desarrollo, sino que también sentará un precedente sobre la capacidad de los ayuntamientos para cuestionar decisiones de la administración central en materia de fondos europeos.
Mientras tanto, los técnicos municipales continúan trabajando en la documentación, los políticos mantienen reuniones de urgencia y la ciudadanía espera expectante. La batalla por los fondos EDIL está lejos de haber concluido, y Valdepeñas y Alcázar de San Juan están dispuestas a luchar hasta el final por lo que consideran un derecho legítimo a participar en el desarrollo sostenible de sus comunidades.