La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, prevista para este sábado en Iguazú (Brasil), ha sido oficialmente aplazada hasta enero. La decisión, comunicada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, responde a la oposición frontal de Francia e Italia, unidas a las reticencias de Polonia y la presión de miles de agricultores que han tomado las calles de Bruselas en las últimas horas.
El aplazamiento pone fin a las expectativas de cerrar un capítulo que se arrastra durante 26 años de negociaciones entre ambos bloques. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y las autoridades paraguayas habían advertido con abandonar la mesa si no se producía la firma este fin de semana, aunque finalmente han aceptado la nueva hoja de ruta.
Presión en las calles y en las instituciones
La capital belga ha vivido jornadas convulsas con manifestaciones masivas del sector agrícola europeo. Los productores temen que la apertura de mercados los exponga a una competencia desleal con importaciones sudamericanas de carne, azúcar, ajo, arroz, miel, maíz y soja. Desde la cumbre celebrada en Bruselas, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha liderado el bloque de países contrarios al texto actual: "Aún no está listo", declaró tajantemente.
La posición francesa ha encontrado eco en Roma, donde el Gobierno italiano consideró "prematuro" el acuerdo en su forma actual. Polonia, por su parte, ya había manifestado sus dudas previamente. Esta coalición de reticencias ha impedido que von der Leyen obtuviera el apoyo por mayoría cualificada del Consejo, requisito indispensable para rubricar el pacto.
Requisitos legales y escenario político
Para que el acuerdo pudiera firmarse, la Comisión Europea necesitaba el respaldo del 55% de los Estados miembros (15 países), que representen al menos el 65% de la población comunitaria. Sin el respaldo de Francia e Italia, alcanzar esta cifra resultaba materialmente imposible, lo que ha forzado la búsqueda de una solución intermedia.
El viaje de von der Leyen a Brasil quedó suspendido, y ahora el calendario apunta a enero como nueva ventana de oportunidad. Este margen adicional busca dar tiempo a la negociación y responder a las preocupaciones de los países reticentes, especialmente en torno a las salvaguardias para el sector primario europeo.
El núcleo del conflicto: protección agrícola
El acuerdo contempla la eliminación de aranceles para exportaciones europeas de vehículos, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas hacia el mercado sudamericano. A cambio, Mercosur obtendría un acceso preferencial para sus productos agropecuarios, lo que ha desatado la alarma en el campo europeo.
Macron ha articulado tres demandas no negociables que se alinean con las reivindicaciones del sector:
1. Freno de emergencia: Un mecanismo para suspender el intercambio comercial inmediatamente si se detecta desestabilización en algún mercado específico.
2. Reciprocidad: Exigencias equivalentes para productores de ambos bloques en materia de estándares de producción.
3. Controles rigurosos: Garantías de cumplimiento de normas medioambientales y fitosanitarias en las importaciones.
Avances legislativos y cláusulas de salvaguardia
El Parlamento Europeo ya aprobó este miércoles un paquete de cláusulas de salvaguardia diseñadas para proteger a los agricultores comunitarios de posibles impactos negativos. Estas medidas incluyen un incremento de los controles de exportación a partir del 1 de enero y la creación de una cláusula espejo que obligaría a los productores de Mercosur a respetar los mismos estándares que exige la legislación europea.
Estos avances, sin embargo, no han sido suficientes para convencer a París y Roma. La crisis de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) que afecta al ganado francés ha agravado el malestar del sector, que critica duramente la gestión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu. Macron debe equilibrar las exigencias internacionales con el descontento interno de su base electoral rural.
Perspectivas de futuro y próximos pasos
El aplazamiento hasta enero ofrece una ventana de negociación de tres semanas, aunque el tiempo es escaso. Los equipos negociadores deberán trabajar para refinar los mecanismos de salvaguardia y ampliar las garantías para el sector agrícola sin reabrir el acuerdo en su totalidad, algo que Mercosur rechaza terminantemente.
El bloque sudamericano, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (con Bolivia en proceso de adhesión), ha mostrado flexibilidad en la retórica, pero mantiene firme su posición sobre los beneficios comerciales ya pactados. Lula da Silva, particularmente, ve en este acuerdo una pieza clave de su política exterior y de reindustrialización de Brasil.
Para la UE, el desafío es demostrar que puede conciliar el libre comercio con la protección de sus intereses estratégicos. El resultado de estas negociaciones marcará un precedente para futuros acuerdos comerciales y para la cohesión interna del bloque en materia de política comercial.
El reloj corre en ambas direcciones: mientras los agricultores europeos exigen certezas, los socios sudamericanos presionan por una firma rápida. En enero sabremos si este tiempo extra sirve para cerrar brechas o si las diferencias son insalvables después de casi tres décadas de diálogo.