La investigación judicial sobre la trama empresarial vinculada al político socialista Santos Cerdán ha revelado un nuevo capítulo que pone en entredicho la veracidad de sus declaraciones ante el Tribunal Supremo. Según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, su esposa, Francisca Muñoz Cano —conocida como Paqui— recibió 9.500 euros adicionales de una cooperativa ligada a un socio empresarial del político, pese a que Cerdán aseguró que ella no trabajaba y solo percibía una pensión de 640 euros por invalidez.
Los pagos, que se realizaron a través de la cooperativa Noran, perteneciente al constructor Antxon Alonso, se distribuyeron en cinco transferencias de 1.900 euros cada una, todas bajo el concepto de «anticipo laboral». Sin embargo, los investigadores no han encontrado ni un solo documento, correo o evidencia digital que respalde la existencia de una actividad real por parte de Paqui. La ausencia de cualquier rastro de trabajo real ha llevado a la UCO a calificar estos pagos como ficticios.
La situación se complica aún más con la firma de un contrato laboral el 1 de marzo de 2018, en el que Paqui aparecía como «socia trabajadora de duración determinada» en Noran, con una vigencia hasta el 31 de agosto de ese mismo año. El contrato fue enviado por una gestoría a Antxon Alonso mediante correo electrónico, con el asunto «Paqui», lo que sugiere una coordinación previa. Pero, según los agentes, no hay rastro de tareas, reuniones, informes o cualquier tipo de actividad que justifique su vinculación laboral.
Uno de los hallazgos más reveladores fue una nota manuscrita encontrada durante el registro del domicilio de Alonso. En ella, el empresario navarro se pregunta: «Francisca Muñoz. ¿Qué hacía? ¿Trabajo?». Esta duda escrita a mano refuerza la hipótesis de los investigadores: la relación laboral era una fachada para canalizar dinero de forma irregular.
Pero la investigación no se detiene ahí. La UCO también ha descubierto un esquema más amplio de financiación encubierta. La empresa Servinabar, vinculada a la trama, ha costeado dos viviendas en Madrid relacionadas con Cerdán. La primera, ubicada cerca de la glorieta de Quevedo, se utilizaba para reuniones. La segunda, un ático en el distrito de Moncloa, sirvió como residencia familiar del político hasta su ingreso en prisión en julio de 2025.
Según los documentos, el 7 de octubre de 2017, Cerdán informó a Koldo García de que Servinabar se encargaría de conseguir el piso en Quevedo. Un mes después, la empresa comenzó a pagar 800 euros mensuales por el alquiler, acumulando un total de 7.200 euros. Tras el cambio de Gobierno en junio de 2018, Servinabar cambió el destino del pago: ahora se destinaba al alquiler del ático familiar en Moncloa.
Estos hallazgos no solo cuestionan la transparencia de Cerdán, sino que también ponen en evidencia un sistema de financiación opaco que utilizaba contratos falsos y alquileres encubiertos para canalizar recursos. La UCO ha sido contundente: no hay justificación real para los pagos ni para las viviendas, lo que apunta a un uso indebido de fondos empresariales con fines personales.
La figura de Paqui, hasta ahora en segundo plano, se ha convertido en un elemento clave de la investigación. Su nombre aparece vinculado a pagos que no corresponden a ninguna actividad real, lo que sugiere que su rol era meramente simbólico: un canal para recibir dinero sin dejar rastro de trabajo. Esta estrategia, común en casos de corrupción, busca ocultar el origen de los fondos bajo la apariencia de una relación laboral normal.
El caso ha generado una ola de críticas en el ámbito político y social. Mientras algunos defienden la presunción de inocencia, otros exigen una investigación más profunda para esclarecer si estos pagos forman parte de un sistema más amplio de financiación irregular. La Fiscalía ya ha abierto diligencias adicionales para determinar si otros miembros del entorno de Cerdán también recibieron beneficios similares.
En resumen, el informe de la UCO pone de manifiesto una serie de irregularidades que van más allá de simples errores administrativos. Se trata de un esquema estructurado que utiliza contratos ficticios, viviendas encubiertas y pagos sin justificación para canalizar dinero de forma opaca. La figura de Paqui, lejos de ser un mero espectador, se convierte en un eslabón clave de este sistema, lo que añade una nueva dimensión a la investigación sobre la trama empresarial de Cerdán.