El Partido Popular ha tomado una decisión contundente este lunes que vuelve a situar en el centro de la actualidad política a Francisco Salazar, histórico miembro del núcleo más cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La formación conservadora exigirá su presencia en la comisión de investigación del caso Koldo que se desarrolla en el Senado, una medida que amplía considerablemente el alcance de una investigación originada en la gestión de contratos durante la pandemia.
La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha sido la encargada de anunciar esta iniciativa a través de un vídeo distribuido entre los medios de comunicación. En su intervención, García no ha escatimado en calificativos para describir la situación, tachando el episodio de "nuevo caso de encubrimiento" por parte de lo que denomina "sanchismo". La dirigente popular insiste en que esta no es una cuestión aislada, sino parte de una pauta de comportamiento que afecta a las estructuras de poder del Ejecutivo.
La figura de Salazar ha resultado especialmente controvertida desde el pasado mes de julio, cuando salieron a la luz varias denuncias formales presentadas por mujeres que le acusaban de conductas de acoso sexual. Estas acusaciones provocaron un terremoto en las filas socialistas, obligando a una reacción institucional que, según el PP, ha resultado insuficiente y tardía. La polémica se ha mantenido viva durante meses, alimentando el debate sobre la gestión de crisis del Gobierno y su compromiso real con la protección de las víctimas.
García ha aprovechado su intervención para dibujar un mapa de las relaciones de poder que, según su versión, existían en el entorno más próximo a Sánchez. La portavoz ha recuperado la conocida expresión "banda del Peugeot" para referirse a un grupo de dirigentes que, según la interpretación del PP, controlaba los hilos internos del PSOE durante las primarias que llevaron a Sánchez a la secretaría general. Este grupo estaría compuesto por José Luis Ábalos, Maximino Cerdán, Koldo García y el propio Francisco Salazar.
"Vivían juntos, trabajaban juntos y movían todos los hilos oscuros de la candidatura de Sánchez", ha afirmado García en unas declaraciones que buscan conectar directamente el pasado político de estos dirigentes con las controversias presentes. La portavoz popular ha construido una narrativa según la cual este núcleo duro mantenía un control absoluto sobre la información sensible, lo que les habría permitido operar con impunidad durante años.
Uno de los argumentos centrales del discurso de García se basa en las propias palabras de Pedro Sánchez en su libro "Manual de resistencia". La dirigente del PP cita textualmente que "solo tres personas sabían del número exacto de los avales" necesarios para las primarias: Cerdán, Salazar y el propio Sánchez, mientras que Koldo se encargaba de su custodia nocturna. Esta anécdota, según la interpretación del PP, demuestra la existencia de un "círculo" que hoy se ha convertido en una "trama corrupta".
La respuesta del Gobierno a esta crisis ha pasado por la asunción de responsabilidades por parte del propio presidente. En una conversación informal con periodistas este sábado, Sánchez reconoció "en primera persona" el "error" de su formación por no haberse puesto en contacto con las denunciantes meses después de que presentaran sus acusaciones, a pesar de que dos de ellas habían utilizado el canal específico habilitado para estos casos. Esta admisión, sin embargo, no ha calmado las aguas en el ámbito político.
Como medida correctiva, el Ejecutivo procedió al cese de Antonio Hernández, considerado el brazo derecho de Salazar en el equipo de análisis y estrategia electoral instalado en el edificio Semillas del complejo de La Moncloa. Esta destitución, lejos de aplacar las críticas, ha sido interpretada por el PP como un intento de "silenciar el escándalo sexual" que "llega muy tarde" y "se queda muy corto".
Desde la óptica del Partido Popular, estas medidas son meros parches que no abordan el fondo del problema. "No admitimos un cierre en falso del caso Salazar. Vamos a llegar hasta el final", ha advertido García, dejando claro que su formación utilizará todos los mecanismos institucionales a su alcance para mantener viva la investigación. La comisión del Senado se ha convertido, así, en el principal instrumento de presión de la oposición.
Es preciso recordar que la comisión de investigación en cuestión nació en abril de 2024 como consecuencia de la Operación Delorme, la investigación judicial que examina una presunta trama de adjudicación de contratos públicos por valor de 53 millones de euros. Estos contratos, relativos a la compra de material sanitario durante la crisis sanitaria, han puesto el foco sobre el entonces consejero de Transportes del Gobierno vasco, Koldo García, y su supuesta red de influencias.
El PP, que disfruta de mayoría absoluta en la Cámara Alta, ha aprovechado esta posición de fuerza para ampliar progresivamente el radio de acción de la comisión. Más allá de los implicados directos en la Operación Delorme, la formación conservadora ha incluido comparecientes cuya relación con el caso original es, cuando menos, tangencial. Esta estrategia ha convertido la comisión en un foro de debate sobre la gestión general del Gobierno y sus presuntos casos de corrupción.
La decisión de incluir a Salazar en la lista de comparecientes representa un salto cualitativo en esta estrategia. Por primera vez, la investigación aborda directamente cuestiones personales y de conducta de miembros del entorno de Sánchez que, en principio, no guardan relación directa con la adjudicación de contratos. El PP argumenta, no obstante, que existe un hilo conductor: la existencia de una supuesta cultura de impunidad y encubrimiento en las altas esferas del poder.
Las implicaciones de esta maniobra son múltiples. Por un lado, obliga al PSOE a posicionarse públicamente sobre las acusaciones contra Salazar y sobre la gestión que ha hecho el Gobierno del caso. Por otro, mantiene viva una controversia que erosiona la imagen del Ejecutivo, especialmente entre el electorado más sensibilizado con las cuestiones de igualdad y protección de las víctimas.
El calendario político también juega un papel crucial. La convocatoria de Salazar se produce en un momento de máxima tensión entre Gobierno y oposición, con el PP buscando capitalizar cada signo de debilidad del Ejecutivo. La proximidad de futuros comicios electorales hace que cada movimiento parlamentario adquiera una dimensión estratégica adicional.
Desde el punto de vista procesal, la comparecencia de Salazar en la comisión del Senado no tiene el mismo carácter que una declaración judicial. Se trata de un acto político donde los comparecientes no están obligados a declarar bajo juramento, pero donde las implicaciones políticas pueden ser devastadoras. El PP buscará sacar a la luz contradicciones y presuntas omisiones que fortalezcan su narrativa de "encubrimiento".
La batalla parlamentaria que se avecina promete ser intensa. El PSOE ya ha anunciado que considera esta inclusión una "manipulación partidista" de las comisiones de investigación, alejadas de su propósito original. Los socialistas argumentan que el caso Salazar debe ser investigado por la vía judicial correspondiente y no utilizado como arma arrojadiza en el terreno político.
No obstante, el PP mantiene su determinación de utilizar la comisión como herramienta de transparencia y rendición de cuentas. Alicia García ha dejado claro que su formación no cejará en el empeño de esclarecer los hechos, independientemente de las críticas que pueda recibir. La portavoz insiste en que la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre cómo se gestionan estos casos en las más altas instancias del Estado.
La polémica en torno a Salazar ha generado divisiones incluso dentro del propio PSOE, donde algunas voces críticas consideran que la gestión del caso ha sido un error estratégico que da munición a la oposición. La falta de una respuesta contundente y coordinada desde el primer momento ha permitido que el PP controle el relato público del asunto.
Mientras tanto, las víctimas que denunciaron a Salazar observan con preocupación cómo su caso se convierte en moneda de cambio político. Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres han pedido precisamente que se depoliticice el asunto y se centre en la protección de las afectadas y en la aplicación de la ley.
El desarrollo de la comisión en las próximas semanas marcará el ritmo de la actualidad política. La comparecencia de Salazar, si finalmente se confirma, será uno de los momentos álgidos de esta legislatura, con el PP buscando mantener la presión y el Gobierno intentando minimizar el daño. La batalla por el control narrativo del caso está lejos de concluir.