El Gobierno ha decidido elevar su propuesta salarial para los empleados públicos hasta el 11% para el periodo 2025-2028, tras el rechazo unánime de los principales sindicatos a la oferta inicial del 10%. Esta nueva cifra, anunciada por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, supone un incremento de 2.000 millones de euros respecto a la primera propuesta, alcanzando un total de 222.000 millones en retribuciones durante los cuatro años. Aunque el Ejecutivo insiste en que no hay plan B, los sindicatos mantienen la presión, argumentando que la oferta sigue siendo insuficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010.
La negociación, que se retomará el próximo lunes, se desarrolla en un contexto de alta tensión. El Ministerio ha dejado claro que, pese al aumento global, las subidas en los primeros dos años —2025 y 2026— no podrán superar el 4% anual. Esta limitación ha sido uno de los puntos más criticados por los representantes sindicales, quienes exigen una mayor flexibilidad en la distribución del incremento para evitar nuevas pérdidas económicas a corto plazo.
CSIF, uno de los sindicatos más representativos, ha reconocido el esfuerzo del Gobierno al añadir un punto más a la propuesta, pero ha insistido en que es imprescindible reforzar las subidas en los primeros años. Según su portavoz, Juanjo San Miguel, la actual oferta "condena a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo". Para CSIF, la subida salarial no es un tema aislado, sino un "bloque fundamental" que debe negociarse hasta el último minuto, aunque reconocen que aún existe margen de maniobra.
Por su parte, CCOO ha señalado que la nueva cifra de 2.000 millones adicionales es un paso en la dirección correcta, pero que el límite del 4% para los dos primeros años sigue siendo un obstáculo. La organización ha convocado un comité federal para tomar decisiones y ha subrayado que el acuerdo final debe incluir no solo mejoras salariales, sino también garantías en materia de empleo, derechos y condiciones laborales. "El objetivo es firmar el mejor acuerdo posible, sin pérdida de poder adquisitivo, derechos ni empleo", han afirmado desde CCOO, destacando que esto también implica un mejor servicio público para la ciudadanía.
UGT, por su lado, mantiene una postura firme: cualquier acuerdo debe garantizar la recuperación completa del poder adquisitivo de los funcionarios. La organización advierte que no aceptará un pacto que no cumpla con este requisito, y que la negociación no podrá cerrarse con subidas insuficientes. Para UGT, la clave está en que las mejoras salariales se traduzcan en una mejora real de las condiciones de vida de los empleados públicos, y no en un mero ajuste contable.
El Gobierno, por su parte, defiende que el nuevo marco debe combinar mejoras salariales con reformas organizativas. Entre ellas, se incluye la eliminación progresiva de la tasa de reposición, la mejora de los procesos selectivos, la promoción interna y la modernización de la administración pública. Según las fuentes ministeriales, estas medidas buscan no solo mejorar las condiciones laborales, sino también aumentar la eficiencia y la calidad del servicio público.
Sin embargo, los sindicatos ven en estas reformas una posible amenaza a los derechos laborales y al empleo público. Para ellos, cualquier mejora salarial debe ir acompañada de garantías concretas en materia de estabilidad laboral y derechos adquiridos. La negociación, por tanto, no se limita a los números, sino que abarca un amplio espectro de cuestiones que afectan directamente a la vida de los empleados públicos y, por extensión, a la calidad de los servicios que prestan a la ciudadanía.
En este contexto, la presión sindical sigue siendo alta. Los representantes de los trabajadores han dejado claro que no aceptarán un acuerdo que no cumpla con sus exigencias mínimas, y que están dispuestos a seguir negociando hasta el último momento. El Gobierno, por su parte, insiste en que no hay alternativas y que la propuesta actual es la mejor que puede ofrecer en este momento.
La próxima reunión, programada para el lunes, será crucial. Ambas partes saben que el tiempo apremia y que cualquier retraso podría tener consecuencias importantes, tanto para los empleados públicos como para la estabilidad del servicio público en general. La clave estará en encontrar un equilibrio entre las exigencias sindicales y las limitaciones presupuestarias del Gobierno, un desafío que requerirá flexibilidad, diálogo y, sobre todo, voluntad política de ambas partes.
En resumen, aunque el Gobierno ha dado un paso importante al elevar su oferta al 11%, los sindicatos consideran que aún queda mucho por hacer. La negociación sigue abierta, y el resultado final dependerá de la capacidad de ambas partes para encontrar un punto de encuentro que satisfaga las necesidades de los empleados públicos sin comprometer la sostenibilidad del sistema. La ciudadanía, por su parte, espera que este proceso concluya con un acuerdo que no solo mejore las condiciones laborales, sino que también fortalezca el servicio público en su conjunto.