El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha decretado un aumento histórico del salario mínimo para 2026 que marcará un antes y un después en la política laboral del país. La subida del 23,8% sitúa la retribución mensual en dos millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte por valor de 249.095 pesos. Esta medida, que beneficiará directamente a 2,4 millones de trabajadores, representa el incremento más significativo desde 1997 y supera con creces las alzas de los últimos años, que fueron del 13% en 2022, 9% en 2023 y 5% en 2024.
El anuncio, realizado a través de una alocución pregrabada y difundida este lunes, sitúa el nuevo salario en aproximadamente 533 dólares estadounidenses. Petro ha justificado la decisión en estándares internacionales sobre salario mínimo vital, enfatizando que la retribución debe garantizar la subsistencia digna de una familia completa, no solo de un individuo aislado. Esta concepción marca una ruptura con la lógica tradicional de fijación salarial en Colombia, que históricamente ha priorizado indicadores macroeconómicos por encima del bienestar familiar.
"Los trabajadores no viven solos", declaró el mandatario, acompañado del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y de su hija menor, Antonella Petro. La fórmula aplicada considera una unidad familiar de tres a cuatro miembros con uno o dos ingresos laborales en promedio. Según el presidente, este incremento permite a las familias "reproducirse en dignidad", marcando una clara apuesta por la justicia social y el bienestar colectivo. Este enfoque familiar contrasta con modelos más individualistas de calculo salarial que han predominado en la región durante décadas.
La reacción empresarial no se ha hecho esperar y ha sido contundente. La Asociación Nacional de Empresarios (Andi) ha advertido que esta medida "genera grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana". A través de sus canales oficiales en redes sociales, la organización ha señalado que el aumento podría presionar la inflación y encarecer múltiples bienes y servicios, afectando incluso las finanzas públicas y la competitividad del país en la región andina.
Fenalco, otra de las principales cámaras empresariales, ha cuantificado el impacto con cifras precisas: cada trabajador representará un coste total de tres millones de pesos mensuales cuando se suman obligaciones salariales, parafiscales y prestacionales. Este cálculo pone de manifiesto la preocupación del sector privado por la sostenibilidad de las empresas, especialmente las pymes, que operan con márgenes más estrechos y podrían verse obligadas a reducir plantilla, recortar beneficios o, en casos extremos, cerrar operaciones definitivamente.
El riesgo inflacionario constituye el principal telón de fondo de esta polémica. Bancolombia, una de las principales entidades financieras del país, proyecta que la inflación cerrará 2026 en el 5%, situándose fuera del rango meta por sexto año consecutivo. La entidad advierte que cada punto porcentual adicional en el salario mínimo por encima de la inflación y la productividad añade 0,06 puntos al Índice de Precios al Consumo (IPC), lo que podría desencadenar un ciclo de encarecimiento generalizado que termine perjudicando a los propios beneficiarios.
Este aumento llega tras el fracaso del diálogo tripartito entre Gobierno, sindicatos y empresarios, que concluyó sin acuerdo el pasado 15 de diciembre. La decisión unilateral de Petro refuerza su perfil de defensor de los trabajadores, pero también tensiona la relación con el sector productivo y el Banco de la República, que busca anclar las expectativas inflacionarias y preservar la estabilidad monetaria en un contexto global complejo.
Curiosamente, el incremento supera incluso las demandas sindicales, que pedían un 16%. Los gremios obreros han recibido la noticia con cautela, reconociendo el gesto del Ejecutivo pero alertando sobre la necesidad de acompañar la medida con políticas activas de empleo que protejan la creación de puestos de trabajo y eviten la precarización o la informalidad laboral, que ya afecta a más del 40% de la fuerza laboral colombiana.
A solo siete meses de las elecciones presidenciales, esta será la última alza que Petro decrete con su firma. La medida encapsula el dilema central de su administración: la tensión entre la justicia social y la estabilidad macroeconómica. Mientras el Gobierno argumenta que mayor poder adquisitivo estimulará la demanda interna y generará más empleo, los técnicos del Banco de la República y el sector empresarial temen que el efecto contrario termine por encarecer la vida de los propios trabajadores.
La indexación automática de múltiples servicios y arriendos al nuevo salario mínimo, que se producirá en los primeros meses de 2026, será el verdadero termómetro de esta medida. Si la inflación desborda las proyecciones, el aumento real del poder adquisitivo podría diluirse, dejando a las familias colombianas en una situación similar a la inicial. El reto ahora es evitar que el beneficio se convierta en un boomerang económico que termine afectando la competitividad y generando más desempleo estructural en el mediano plazo.
Expertos económicos consultados señalan que la clave estará en la productividad. Si la economía colombiana logra crecer al ritmo necesario para absorber este incremento salarial, la medida podría resultar exitosa. De lo contrario, el país podría enfrentar una espiral de precios y salarios que termine perjudicando la estabilidad financiera. El Banco de la República tendrá un papel crucial en las próximas decisiones de política monetaria para contener posibles presiones inflacionarias y evitar que el país entre en una dinámica de estanflación que complique aún más el panorama social.
El contexto internacional también juega un papel relevante. Con economías vecinas como Chile y Perú adoptando posturas más conservadoras en materia salarial, Colombia se posiciona como un caso de estudio único en la región. La comunidad internacional observará de cerca si esta apuesta por la redistribución logra sus objetivos sin comprometer el crecimiento, lo que podría inspirar políticas similares en otros países latinoamericanos o servir como advertencia sobre los riesgos de ajustes desbordados.