Una decisión judicial ha puesto freno temporal a una de las medidas migratorias más controvertidas de la administración Trump. La magistrada de distrito Trina Thompson, con sede en San Francisco, emitió una resolución este miércoles que impide la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de tres países latinoamericanos y asiáticos, protegiendo así a miles de familias de la deportación.
La resolución de 52 páginas beneficia directamente a aproximadamente 89.000 inmigrantes, la mayoría de origen hondureño (72.000), seguidos de nepaleses (12.000) y nicaragüenses (4.000). Muchos de estos beneficiarios han residido en territorio estadounidense desde la década de 1990, construyendo sus vidas, familias y carreras profesionales bajo el amparo de este programa humanitario.
El TPS es un programa federal que otorga residencia temporal y permisos de trabajo a nacionales de países que atraviesan por crisis excepcionales, ya sean desastres naturales, conflictos armados u otras emergencias que hagan inviable su retorno seguro. La administración Trump había ordenado su terminación, argumentando que las condiciones que justificaron su creación ya no existían.
Sin embargo, la jueza Thompson determinó que tal justificación carecía de fundamento legal y evidenciaba motivaciones políticas y racistas. En su fallo, la magistrada cita expresiones públicas tanto del presidente Trump como de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, donde los inmigrantes son descritos como delincuentes y una carga para la nación.
"Estas manifestaciones reflejan una visión estereotipada de los inmigrantes protegidos por el TPS, considerándolos invasores criminales, y perpetúan la creencia discriminatoria de que ciertas poblaciones inmigrantes reemplazarán a la población blanca", señaló la jueza en su documento judicial.
La demanda fue presentada en julio por la Alianza Nacional TPS junto con siete beneficiarios individuales del programa. Los demandantes alegaron que la rescisión violaba la ley federal al no considerar adecuadamente las condiciones actuales en los países de origen y al basarse en prejuicios étnicos.
El impacto emocional y social de esta batalla legal es profundo. Sandhya Lama, una beneficiaria nepalesa de 43 años y madre soltera de tres hijos ciudadanos estadounidenses, compartió su alivio: "El TPS me ha brindado a mí y a mis hijos una protección humanitaria esencial. Estoy agradecida de que esta orden signifique que puedo regresar a trabajar y vivir con seguridad en EE UU, pero nunca se le debería haber permitido a la secretaria actuar con tal desprecio por la ley".
Lama reside en Estados Unidos desde 2008 y representa a miles de padres que enfrentaban la separación familiar inminente. Su testimonio ilustra el dilema humano detrás de las estadísticas: familias enteras con hijos nacidos en el país que solo conocen el territorio estadounidense como hogar.
Del mismo modo, Jhony Silva, un hondureño de 29 años que llegó a EE UU cuando tenía tres años, expresó: "La orden judicial de hoy es un gran alivio, pero la decisión del Gobierno de poner fin al TPS ya ha causado estragos en mi vida y en la de muchos otros". Silva encarna a los beneficiarios que prácticamente han pasado toda su existencia en el país y carecen de redes de apoyo en sus naciones de origen.
La jueza Thompson concluyó que la Alianza Nacional TPS había presentado evidencia plausible de que las rescisiones estaban motivadas por prejuicios raciales, un argumento que podría invalidar completamente la acción administrativa bajo la cláusula de igualdad protección de la Constitución.
Este fallo se suma a una serie de victorias judiciales para defensores de inmigrantes que han cuestionado la legalidad de las políticas restrictivas de la administración Trump. Los tribunales federales han demostrado ser un contrapeso efectivo al poder ejecutivo en materia migratoria, especialmente cuando se detectan sesgos discriminatorios en la formulación de políticas.
La decisión no solo protege temporalmente a los beneficiarios, sino que también establece un precedente importante sobre cómo las declaraciones públicas de funcionarios pueden ser utilizadas como evidencia de intento discriminatorio en procesos legales. La jueza Thompson dejó claro que el gobierno no puede ignorar las realidades humanitarias ni fundamentar sus políticas en estereotipos dañinos.
Aunque la batalla legal continúa, esta resolución proporciona un respiro crucial para decenas de miles de familias. Los beneficiarios podrán mantener sus empleos, continuar con sus estudios y vivir sin el temor constante a la deportación mientras los tribunales examinan el fondo del caso.
El contexto político no puede ignorarse. La administración Trump ha hecho de la restricción migratoria un pilar central de su agenda, implementando medidas que afectan a refugiados, solicitantes de asilo y beneficiarios de programas humanitarios como el TPS. Esta decisión judicial representa un serio revés a esa estrategia.
Para las comunidades inmigrantes, el fallo es una victoria simbólica y práctica. Reafirma que el sistema judicial estadounidense puede actuar como guardian de los derechos fundamentales, incluso cuando la rama ejecutiva promueve políticas que los socavan. La lucha continúa, pero por ahora, 89.000 personas pueden dormir con mayor tranquilidad.
La jueza Thompson ha enviado un mensaje claro: las decisiones migratorias deben basarse en hechos, leyes y principios humanitarios, no en prejuicios ni en retórica política. El destino de miles de familias depende de que este principio se mantenga firme en los tribunales de justicia.