A los 90 años recién cumplidos, el Dalai Lama contempla desde su exilio en Dharamshala, India, el último gran capítulo de su existencia: la definición de quién lo sucederá como máxima autoridad del budismo tibetano. No se trata de una transición convencional, ni mediante una línea dinástica ni un proceso electoral democrático, sino de un mecanismo ancestral que desafía la comprensión occidental: la reencarnación.
Este sistema, arraigado durante seis siglos de tradición ininterrumpida, establece que el Dalai Lama es la manifestación terrena de Avalokitesvara, el Buda de la Compasión. Según la doctrina vajrayana, un ser iluminado posee la capacidad de determinar conscientemente el lugar, el momento e incluso las circunstancias de su próxima existencia mediante la fuerza de su espiritualidad, sus plegarias y su karma acumulado. Esta particularidad teológica convierte la sucesión en un terreno de confrontación sin paralelo entre la comunidad tibetana en el exilio y las autoridades chinas, que buscan activamente influir en el proceso para consolidar su dominio sobre una región que históricamente ha cuestionado su soberanía.
El gobierno de Pekín, que califica sistemáticamente al Dalai Lama como un "separatista peligroso" responsable de los levantamientos de 1989 y 2008, no oculta su intención de intervenir en la designación del próximo líder espiritual. Esta intromisión estatal amenaza con fracturar el budismo tibetano y generar una división sin precedentes en su estructura religiosa, creando potencialmente dos líneas de sucesión rivales que dividirían a la comunidad creyente.
Ante esta perspectiva, el líder espiritual ha tomado medidas concretas y anticipatorias. En declaraciones con motivo de su nonagésimo aniversario, dejó claro que su figura perdurará tras su fallecimiento y que únicamente sus monjes y las autoridades religiosas legítimas poseen la legitimidad para determinar su sucesión. Para blindar este proceso, creó la Fundación Gaden Phodrang, una entidad específicamente diseñada para preservar las tradiciones del budismo y ejecutar los procedimientos de búsqueda y reconocimiento del nuevo Dalai Lama conforme a la tradición histórica establecida por sus predecesores.
"Nadie más tiene autoridad para interferir en este asunto", afirmó tajantemente, en un mensaje directo y sin ambigüedades al régimen comunista. Esta declaración refuerza la línea de flotación entre la autonomía espiritual tibetana y el control político que ejerce China sobre el Tíbet, marcando claramente los límites entre lo religioso y lo político.
La tensión se acentúa porque Pekín no solo busca influir en el proceso, sino que ya ha establecido peligrosos precedentes. En 1995, el gobierno chino secuestró al niño Gedhun Choekyi Nyima, reconocido por el Dalai Lama como la reencarnación del Panchen Lama, la segunda autoridad religiosa del Tíbet, e impuso a otro candidato afín a sus intereses políticos. Este episodio, que la comunidad internacional ha condenado repetidamente, ilustra la capacidad de presión del régimen y las consecuencias devastadoras de su injerencia en asuntos espirituales.
El conflicto trasciende lo religioso para adentrarse en el terreno geopolítico y estratégico. Para China, controlar la designación del Dalai Lama significa neutralizar un símbolo de resistencia cultural y fortalecer su argumento de soberanía sobre una región estratégicamente crucial y rica en recursos naturales. Para los tibetanos, preservar la autenticidad del proceso es salvaguardar su identidad nacional, su herencia cultural y su legado espiritual milenario.
El Dalai Lama, exiliado desde la fallida revuelta de 1959 contra la ocupación china, ha moderado recientemente su postura política, abogando por una autonomía genuina bajo soberanía china en lugar de la independencia total. Sin embargo, en lo que respecta a su sucesión religiosa, no ha mostrado ninguna concesión ni flexibilidad. Su fundación representa el intento de blindar un proceso milenario contra la instrumentalización política y asegurar que la próxima reencarnación sea identificada según los criterios espirituales tradicionales.
La comunidad internacional observa con preocupación creciente este enfrentamiento. La designación de dos Dalai Lamas -uno reconocido por los tibetanos en el exilio y otro por Pekín- podría desestabilizar no solo el Tíbet, sino también las comunidades budistas dispersas por todo el mundo que reconocen a esta figura como su guía espiritual supremo. Esta división podría tener repercusiones en Nepal, Bután, Mongolia, India y las diásporas tibetanas en Occidente.
El futuro del budismo tibetano pende de un hilo. La batalla por la reencarnación del Dalai Lama no es solo una disputa teológica, sino un pulso entre la tradición espiritual y el poder estatal, entre la autonomía religiosa y el control político. Con 90 años, el líder tibetano prepara su legado final: garantizar que su próxima vida no sea secuestrada por quienes ven en ella solo una herramienta de dominio territorial y sometimiento cultural.