Carlos Mazón, quien dejó la presidencia de la Generalitat Valenciana en noviembre de 2024 tras la polémica gestión de la devastadora DANA, ha puesto en marcha su oficina de apoyo en Alicante. La designación de su hombre de confianza, José Manuel Cuenca, como primer asesor de esta nueva etapa confirma la estrecha relación que ambos mantienen desde hace años.
La activación de esta oficina, que el estatuto valenciano concede de por vida a los expresidentes autonómicos, se produjo el pasado 2 de diciembre, apenas unas horas después de que Juanfran Pérez Llorca asumiera el cargo que Mazón había dejado vacante. La información, recientemente publicada en el portal de transparencia GVA Oberta, revela que el exmandatario ha elegido para este puesto estratégico a quien fuera su brazo derecho durante su trayectoria política.
Las prerrogativas que disfrutará Mazón incluyen un local en la capital alicantina con vistas a la Explanada, un vehículo oficial del parque móvil de la Generalitat, y un presupuesto destinado a gastos de funcionamiento. Además, tiene autorización para contratar a dos asesores y un conductor, todos ellos con la condición de personal eventual y adscritos orgánicamente a la Presidencia de la Generalitat.
José Manuel Cuenca no es un colaborador más en la carrera de Mazón. Su figura ha estado presente en los momentos más decisivos de la gestión del exmandatario, compartiendo no solo responsabilidades políticas sino también espacios personales. Ambos compartían un piso cerca del Palau de la Generalitat durante las jornadas laborables, lo que refleja el grado de confianza mutua.
La relevancia de Cuenca cobró especial protagonismo durante la tragedia de la DANA de octubre de 2024. Los mensajes de WhatsApp que intercambió con la entonces consejera Salomé Pradas, quien dirigía la emergencia y está siendo investigada por la justicia, lo situaron como interlocutor privilegiado del presidente en una de las crisis más graves que ha vivido la Comunidad Valenciana.
El fiscal que investiga los posibles delitos de homicidio imprudente y negligencia relacionados con la gestión de la catástrofe llegó a calificar a Cuenca como el "segundo de a bordo" en las decisiones críticas de aquella jornada. Esta denominación, lejos de ser un mero apelativo, subraya el peso real que tenía su opinión en los momentos de máxima tensión, por encima incluso de altos cargos oficiales como secretarios autonómicos o jefes de gabinete.
Su testimonio ante la jueza de Catarroja ha sido requerido en dos ocasiones, lo que demuestra la importancia de su versión para esclarecer los hechos. Los investigadores consideran que su papel como puente entre Mazón y los responsables de la gestión de la emergencia es crucial para reconstruir la cadena de decisiones que se tomaron durante las horas más críticas.
El estatuto que regula estas prerrogativas para expresidentes data de 2002, cuando los grupos parlamentarios del PP y del PSPV-PSOE llegaron a un acuerdo pocos días antes de que Eduardo Zaplana dejara el cargo para incorporarse al gobierno de José María Aznar como ministro de Trabajo. Desde entonces, figuras como Francisco Camps, Alberto Fabra y Ximo Puig han hecho uso de estos beneficios.
La creación de estas oficinas ha generado debate en la opinión pública, especialmente cuando se producen nombramientos de personas tan cercanas al expresidente. Los críticos cuestionan la necesidad de mantener estructuras vitalicias con cargo a las arcas públicas, mientras que los defensores argumentan que se trata de un reconocimiento al servicio prestado y de una herramienta útil para la continuidad institucional.
En el caso de Mazón, la elección de Cuenca como asesor principal de su oficina alicantina no sorprende a quienes conocen la dinámica de su equipo. Su perfil bajo pero influyente se ha mantenido constante a lo largo de los años, actuando como filtro y ejecutor de las directrices del exmandatario.
La ubicación de la oficina en Alicante, en lugar de Valencia, también tiene su lectura. Mazón, alicantino de nacimiento, ha querido que su base de operaciones como expresidente esté en su tierra natal, desde donde puede mantener su red de contactos y su influencia territorial.
El presupuesto asignado a estas oficinas, aunque no se detalla en la publicación de transparencia, suele cubrir gastos de personal, alquiler del local, material de oficina y desplazamientos. La opacidad en el desglose exacto de estas cantidades ha sido objeto de crítica por parte de organizaciones que definen la transparencia en la gestión pública.
Para el personal eventual que se incorpore a estas plazas, la normativa establece que si proceden de la administración valenciana pasarán a una situación administrativa especial que les permite retornar a su puesto anterior una vez concluya su cometido. Este mecanismo garantiza que no pierdan sus derechos laborales mientras prestan servicio en la oficina del expresidente.
La figura del conductor completa el equipo mínimo que puede configurar un expresidente. Este perfil, además de su función logística, suele convertirse en otra pieza de confianza del entorno del exmandatario.
El caso de Cuenca, sin embargo, trasciende el mero ámbito administrativo. Su implicación en la gestión de la DANA y su condición de testigo privilegiado en la investigación judicial lo convierten en una figura de interés público. El hecho de que ahora asuma un cargo remunerado con fondos públicos mientras está siendo requerido por la justicia ha levantado cierta polémica.
Desde el entorno de Mazón se defiende que se trata de una designación legítima, basada en la experiencia y el conocimiento mutuo, y que no interfere en ningún caso con la colaboración que presta Cuenca a la justicia. La separación entre funciones administrativas y requerimientos judiciales, argumentan, está claramente delimitada.
La oficina de Mazón se suma así a las estructuras que mantienen otros expresidentes valencianos. Cada uno ha configurado su equipo según sus necesidades y lealtades, pero todos comparten el mismo marco legal que les permite disponer de recursos públicos de por vida.
La polémica sobre la idoneidad de este sistema de prerrogativas vitalicias volverá a resurgir con este nombramiento. La confluencia de una crisis institucional como la DANA, una investigación judicial en curso y el acceso a un cargo de confianza con financiación pública crea un escenario complejo que inevitablemente generará debate.
Mientras tanto, José Manuel Cuenca inicia una nueva etapa en su carrera, desde la sombra pero con un protagonismo que ya no puede eludir. Su relación con Mazón, probada en los momentos más difíciles, se formaliza ahora en una estructura institucional que le acompañará mientras su mentor conserve su condición de expresidente.
El tiempo dirá si esta oficina se convierte en un mero aparato simbólico o en una herramienta activa de influencia política en la Comunidad Valenciana. Lo que es indiscutible es que la lealtad entre Mazón y Cuenca ha sido recompensada con un puesto que garantiza su continuidad en el entorno del poder autonómico.