El periodista y escritor andorrano David Castillo ha anunciado una medida sin precedentes en su carrera profesional: la presentación de una denuncia formal ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contra la República de Chipre. Esta decisión, que se materializará en los próximos días, responde a lo que él considera una grave vulneración de la libertad de expresión y de prensa por parte de las autoridades chipriotas.
Los hechos que desencadenaron esta acción internacional tuvieron lugar cuando Castillo, reconocido por su trabajo como director del documental "Chipre: la isla dividida", solicitó a la Embajada de Chipre en España la transmisión institucional de un requerimiento dirigido al Presidente de la República. Lo que debería haber sido un trámite diplomático rutinario se convirtió en un conflicto que ha escalado hasta las instancias internacionales.
Según la versión del periodista, la respuesta de la representación diplomática no solo fue negativa, sino que además incluyó una exigencia inaceptable: condicionaron cualquier colaboración futura a la entrega del vídeo íntegro de una entrevista periodística que Castillo había realizado previamente al propio Presidente chipriota. Se trataba de material no publicado, protegido por el secreto profesional y considerado confidencial dentro del ejercicio periodístico.
Esta petición, lejos de ser un mero trámite administrativo, representa para Castillo una injerencia directa y grave en la actividad periodística, incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos. El periodista andorrano considera que esta actuación no solo vulnera principios fundamentales del derecho internacional, sino también normativa europea y los propios compromisos democráticos de un Estado miembro de la Unión Europea.
El marco legal que, según Castillo, se ha visto transgredido incluye varios instrumentos jurídicos de alcance internacional. Entre ellos, destaca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), un tratado vinculante para Chipre que protege expresamente la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. La acción de la Embajada, al pretender acceder a material periodístico confidencial, constituiría una violación directa de estos compromisos internacionales.
Ante esta situación, el equipo legal del periodista adoptó las medidas procesales correspondientes. En primer lugar, enviaron un requerimiento formal de rectificación y disculpa a la Embajada de Chipre en España. Posteriormente, elevaron una comunicación detallada al Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Chipre, solicitando una respuesta oficial y garantías de no repetición de estas prácticas.
El silencio institucional ha sido la única respuesta recibida hasta el momento. Ni la representación diplomática en Madrid ni la cancillería chipriota han ofrecido ninguna explicación o rectificación, lo que ha llevado a Castillo a tomar la decisión de acudir a instancias internacionales. La falta de respuesta ha interpretado como una inacción deliberada que refuerza la gravedad de la situación.
En declaraciones que recogen el sentir de su denuncia, Castillo ha sido tajante: "Condicionar un trámite diplomático a la entrega de material periodístico no es un error administrativo: es una forma de presión incompatible con una democracia y absolutamente inaceptable en un Estado miembro de la Unión Europea". Esta afirmación subraya la distinción entre un posible error burocrático y lo que él considera una presión directa contra la independencia periodística.
La denuncia que se presentará ante la ONU no se limitará únicamente a los hechos ocurridos en la Embajada. Castillo también incluirá en su reclamación hechos constatados durante su trabajo sobre el terreno en Chipre, donde filmó su documental sobre la división de la isla. Entre estas circunstancias, destaca la presencia de soldados fuertemente armados fuera de la línea de cese del fuego y la instalación de concertinas en áreas residenciales y zonas especialmente sensibles.
Estos elementos, según el periodista, podrían vulnerar resoluciones de Naciones Unidas y contradecir compromisos expresos adquiridos personalmente por el Presidente de la República con él mismo durante la entrevista exclusiva. Compromisos que, irónicamente, constan grabados en el mismo material que la Embajada exigía entregar.
El caso de David Castillo no es un incidente aislado, sino que pone de relieve tensiones entre el ejercicio del periodismo independiente y las presiones institucionales en contextos geopolíticamente sensibles. Chipre, dividida desde 1974 tras la invasión turca, representa uno de los conflictos territoriales más persistentes en Europa, y el trabajo de periodistas extranjeros que documentan esta realidad se enfrenta a obstáculos específicos.
La decisión de acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU refleja una estrategia legal que busca visibilidad internacional. Este órgano, encargado de supervisar el cumplimiento del PIDCP, puede examinar comunicaciones individuales cuando se agotan las vías internas de un Estado. El silencio del Ministerio de Asuntos Exteriores chipriota habría cerrado esa posibilidad de solución nacional.
Para el periodismo andorrano, esta denuncia representa un hito. Aunque Andorra no es miembro de la Unión Europea, sus ciudadanos gozan de protección bajo el marco europeo de derechos fundamentales. Castillo, con nacionalidad andorrana, ejerce su profesión en un contexto ibérico donde la libertad de prensa es un pilar democrático consolidado, lo que hace la experiencia vivida con Chipre aún más incongruente.
La comunidad periodística ha mostrado interés por el caso, considerándolo un precedente potencial sobre cómo los Estados pueden intentar coartar la labor informativa mediante presiones diplomáticas. La exigencia de entregar material no publicado va contra el principio de confidencialidad de las fuentes, un derecho protegido en jurisprudencia internacional y en la mayoría de las legislaciones democráticas.
Desde una perspectiva legal, la denuncia plantea cuestiones sobre el alcance de la inmunidad diplomática y los límites de la cooperación consular. Las embajadas tienen funciones claras en la transmisión de comunicaciones, pero no pueden extender su autoridad para exigir contraprestaciones que afecten derechos fundamentales.
El contexto del documental de Castillo sobre Chipre añade una capa de complejidad. La isla permanece dividida por una línea de cese del fuego que separa la República de Chipre, miembro de la UE, de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara. Esta división genera tensiones constantes y un marco legal complejo para los periodistas extranjeros.
La presencia militar fuera de las zonas acordadas y la instalación de concertinas en áreas civiles son elementos que, si se confirman, podrían representar violaciones de acuerdos internacionales de paz y seguridad. La inclusión de estos hechos en la denuncia de la ONU amplía el alcance de la reclamación más allá de la libertad de prensa, tocando temas de seguridad internacional y cumplimiento de resoluciones de la ONU.
La estrategia de Castillo incluye la documentación exhaustiva de todas las comunicaciones con las autoridades chipriotas. El requerimiento formal a la Embajada, la comunicación al Ministerio de Asuntos Exteriores y el silencio como respuesta están debidamente registrados para sustentar la denuncia internacional.
El periodista ha trabajado durante meses en la preparación de este caso, consultando con expertos en derecho internacional y recabando evidencias que sustenten cada una de las alegaciones. La entrevista exclusiva con el Presidente chipriota, cuyo contenido íntegro fue solicitado por la Embajada, constituye el núcleo de la controversia sobre el secreto profesional.
La reacción de las autoridades chipriotas, o más bien la ausencia de ella, ha sido interpretada por el equipo legal como una postura de no reconocimiento del problema. Esta inacción habría cerrado la puerta a una solución amistosa y justificado el salto a la instancia internacional.
El tiempo dirá si esta denuncia logra su objetivo de obtener una rectificación y garantías de no repetición, pero ya ha cumplido una función: poner sobre la mesa de la opinión pública internacional la tensión entre transparencia institucional y libertad de prensa en el corazón de Europa.