El anuncio de un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas ha desatado una fuerte controversia en el seno de la coalición de Gobierno. Mientras ERC celebra la aplicación del principio de ordinalidad, sectores de Sumar, especialmente Izquierda Unida, han alzado la voz para rechazar una fórmula que, a su juicio, premia la desigualdad territorial.
La polémica estalló tras las declaraciones de Oriol Junqueras, líder de ERC, quien aseguró haber pactado para Cataluña un sistema que reconoce su aportación al común. Según el dirigente independentista, esta medida supondría un ingreso adicional de 4.700 millones de euros para la comunidad catalana. Sin embargo, esta perspectiva choca frontalmente con la visión de IU, que integra el Gobierno a través de la ministra Sira Rego.
Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha sido tajante al respecto. "No podemos premiar a determinados territorios porque tengan mayor capacidad tributaria. Si hay más personas con alto poder adquisitivo en una zona, eso no debe convertirse en argumento para financiar más esa región", ha manifestado en declaraciones recogidas en Sevilla, donde mantenía un encuentro con la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama.
El líder de IU ha defendido una concepción radicalmente opuesta: financiar servicios y personas, no territorios. Para ilustrar su postura, ha empleado un ejemplo contundente: "Si una persona padece cáncer, la calidad de su tratamiento no puede depender de su lugar de residencia. La atención debe estar vinculada a su necesidad de curación, no a su código postal".
Esta concepción, según Maíllo, representa un principio federal auténtico que IU defenderá tanto a nivel nacional como en Andalucía, donde lidera la candidatura Por Andalucía de cara a las próximas elecciones autonómicas. La formación aboga por un acuerdo multilateral basado en la solidaridad territorial y la equidad, que garantice unos mínimos homogéneos en sanidad, educación y dependencia.
El portavoz oficial de Sumar, Ernest Urtasun, ha adoptado una postura más conciliadora, defendiendo la propuesta del Ejecutivo como un modelo donde "ganan todos, especialmente los ciudadanos". Sin embargo, las críticas internas sugieren que el consenso está lejos de alcanzarse.
Desde IU se insiste en que cualquier reforma debe ir acompañada de un incremento sustancial de los ingresos estatales para evitar que la financiación de servicios esenciales quede supeditada a la geografía. La formación argumenta que solo así se podrá asegurar que ningún ciudadano vea mermada su atención por el mero hecho de residir en una comunidad con menor capacidad recaudatoria.
El debate pone de manifiesto las tensiones inherentes a un sistema que debe equilibrar la solidaridad interterritorial con las demandas de las regiones más ricas. Mientras ERC defiende que su aportación al sistema debe traducirse en una mayor retribución, IU advierte de que este camino profundiza las desigualdades estructurales.
La polémica llega en un momento clave para la estabilidad del Gobierno, que depende del apoyo de los partidos nacionalistas periféricos. La negociación del modelo de financiación se ha convertido en una prueba de fuego para la coalición, que debe conciliar visiones antagónicas sobre qué modelo de Estado se quiere construir.
Para IU, la solución pasa por blindar unos servicios públicos universales de calidad, independientemente del territorio. Maíllo ha reiterado que la sanidad, la educación y la atención a la dependencia no pueden ser variables dependientes de la riqueza acumulada en cada región.
La formación también ha cuestionado el calendario y la transparencia del proceso. El anuncio de Junqueras, antes de que el Gobierno presentara oficialmente su propuesta, ha generado malestar en los socios de la coalición, que se sienten sorprendidos por la presión ejercida desde Cataluña.
Expertos en financiación autonómica señalan que el principio de ordinalidad no es nuevo, pero su aplicación estricta supondría un cambio de paradigma respecto al modelo actual, más basado en criterios de población y necesidad. La clave está en el peso específico que se le otorgue en la fórmula de reparto.
Mientras tanto, desde el entorno de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos se trabaja en una fórmula híbrida que integre diferentes criterios. La intención es presentar una propuesta que satisfaga, al menos parcialmente, a todas las partes implicadas.
La posición de IU, sin embargo, parece inamovible. "No vamos a aceptar que se premie a quien más tiene", han advertido fuentes de la formación, que preparan una batería de enmiendas para cuando el proyecto llegue al Congreso.
El debate refleja una tensión ideológica profunda sobre el concepto de justicia territorial. Mientras unos defienden que cada comunidad reciba proporcionalmente a su esfuerzo fiscal, otros argumentan que esto erosiona el principio de igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.
La próxima semana se espera que el Gobierno concrete los detalles de su propuesta. La negociación promete ser compleja, con IU dispuesta a tensar la cuerda hasta el final para evitar lo que considera un retroceso en la cohesión social.
El tiempo apremia. Las comunidades autónomas demandan desde hace años una reforma del sistema, y la presión de los nacionalistas catalanes y vascos es constante. El Ejecutivo debe decidir si prioriza la estabilidad parlamentaria o la coherencia con su socio de izquierdas.
Mientras tanto, Antonio Maíllo continúa su gira por Andalucía reforzando su mensaje: "La salud de nuestros mayores, la educación de nuestros hijos y la atención a los dependientes no pueden ser un juego de suma cero donde unas comunidades ganan y otras pierden".
La batalla por el modelo de financiación, en definitiva, es una batalla por el modelo de país. Y en esta batalla, IU ha dibujado una línea roja clara: solidaridad sí, privilegios territoriales no.