El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha realizado unas declaraciones que han generado un intenso debate político sobre el futuro del modelo de financiación autonómica. En una intervención pública, el dirigente republicano ha reconocido que el principio de ordinalidad, uno de los pilares del nuevo acuerdo alcanzado con el Gobierno central, únicamente se aplicará en el caso de Cataluña y no al conjunto de las comunidades autónomas españolas.
Junqueras ha justificado esta decisión argumentando que, si bien la ordinalidad se respetará para Cataluña, resulta inaplicable como criterio general para todas las regiones. Esta afirmación desvela una de las claves del pacto negociado entre ERC y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y pone de manifiesto la complejidad técnica y política de diseñar un sistema que satisfaga las demandas de todas las partes implicadas.
El concepto de ordinalidad, en el contexto de la financiación autonómica, implica que una comunidad no debe aportar al Estado central más recursos de los que recibe en forma de servicios y transferencias. Este principio ha sido históricamente reivindicado por Cataluña, que durante años ha defendido que el sistema fiscal genera un déficit estructural en sus arcas públicas.
Sin embargo, la admisión de Junqueras de que este criterio no será extensible al resto de autonomías ha abierto un nuevo frente de discusión. El líder republicano ha sido explícito: "El modelo lleva al respeto de la ordinalidad en el caso de Cataluña. ¿Eso quiere decir que la ordinalidad es un principio general en el modelo y que se aplicará a todas las comunidades autónomas? No. Y la razón por la que no se aplicará es porque es inaplicable para todos".
Esta revelación llega en un momento crítico, cuando el acuerdo debe superar aún varios trámites parlamentarios para convertirse en realidad. Y es precisamente en este escenario donde Junqueras ha dirigido su mensaje más contundente hacia Junts per Catalunya, el partido liderado por Carles Puigdemont.
El presidente de ERC ha lanzado una advertencia directa a los postconvergentes: "Si alguien vota en contra [de la financiación] y tumba esta propuesta, estará dejando 4.700 millones en la caja del Ministerio de Hacienda y nosotros creemos que están mejor en los bolsillos de las familias de este país". Esta cifra, que representa los recursos adicionales que recibiría Cataluña con el nuevo modelo, se ha convertido en el argumento económico central para presionar a los socios independentistas.
La estrategia de Junqueras es clara: trasladar el coste político de un posible veto directamente al bolsillo de los ciudadanos. Al cuantificar en términos monetarios el impacto de un rechazo, busca desarmar las objeciones ideológicas de Junts y presentar la votación como una cuestión de pragmatismo y responsabilidad social.
El líder republicano ha aprovechado también para reiterar sus condiciones para futuras negociaciones presupuestarias. Tanto para los Presupuestos del Estado como para los de la Generalitat, Junqueras ha dejado claro que no sentará a negociar hasta que el Gobierno central acceda a transferir la recaudación y gestión íntegra del IRPF a la Agencia Tributaria Catalana. Esta exigencia, que eleva el listón de las aspiraciones nacionalistas, ya ha sido trasladada tanto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como al propio Pedro Sánchez.
La presión sobre Junts no solo proviene de ERC. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha sumado a las advertencias en una clara muestra de alineamiento estratégico con los republicanos. Tras reunirse con Junqueras en el Palau de la Generalitat, el líder del PSC ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de todas las fuerzas políticas para que la financiación "supere todos los trámites legales" requeridos.
Illa, sin mencionar directamente a Junts pero con un destinatario evidente, ha instado a los partidos a "colocarse del lado de la política útil, no del de la política de bloqueo". Esta retórica, que contrapone la utilidad al inmovilismo, busca erosionar la posición de los puigdemontistas, quienes han sido la única formación con representación parlamentaria que ha expresado públicamente su intención de vetar la aprobación del nuevo modelo.
El presidente de la Generalitat ha celebrado el acuerdo alcanzado entre ERC y el Gobierno, enfatizando que permitirá a Cataluña "recibir recursos según su singularidad política y nacional". Illa ha proyectado que los 4.700 millones adicionales posibilitarán "desplegar con la máxima ambición su autogobierno", vinculando directamente los recursos económicos con la capacidad de autonomía política.
La respuesta de Junts no se ha hecho esperar. La vicepresidenta y portavoz de los neoconvergentes en el Congreso, Míriam Nogueras, ya advirtió el miércoles que su partido no respaldaría el acuerdo si este no implicaba avanzar hacia un concierto económico similar al del País Vasco. Hoy ha dado un paso más, abriendo la puerta a presentar una enmienda a la totalidad al texto legal diseñado por el Ejecutivo y ERC.
La formación de Puigdemont no solo rechazaría la propuesta, sino que acompañaría su voto negativo con una alternativa que convertiría el modelo de financiación en un cupo a la vasca. Esta maniobra parlamentaria, de máxima tensión, evidencia la distancia insalvable entre las expectativas de Junts y el pragmatismo de ERC.
El escenario que se dibuja es complejo. Por un lado, ERC y el Gobierno central han cerrado un acuerdo que consideran histórico y que resuelve, al menos parcialmente, las reivindicaciones catalanas. Por otro, Junts exige el máximo nivel de reconocimiento fiscal, equiparable al régimen foral, y no está dispuesto a conformarse con una solución intermedia.
La cifra de 4.700 millones se ha convertido en el eje de la contienda. Para ERC y el PSC, representa una oportunidad tangible de mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos. Para Junts, es un parche insuficiente que perpetúa un sistema que considera injusto y lesivo para el desarrollo nacional de Cataluña.
La posición de Junqueras revela una doble estrategia: por un lado, negociar con el Estado para obtener beneficios concretos; por otro, mantener la presión para lograr mayores cotas de autogobierno fiscal. La transferencia del 100% del IRPF a la Agencia Tributaria Catalana es una demanda que, de cumplirse, transformaría radicalmente el mapa fiscal español.
El presidente de ERC ha sido tajante al respecto: no habrá negociación presupuestaria sin este paso previo. Esta condición sine qua non pone en jaque tanto al Gobierno central, que debe equilibrar las demandas catalanas con la estabilidad del sistema, como a la propia Generalitat, que necesita cerrar sus cuentas.
La presión conjunta de Junqueras e Illa sobre Junts refleja una dinámica nueva en el independentismo catalán. Mientras ERC opta por la vía del diálogo y los resultados medibles, Junts mantiene una postura más maximalista, basada en la consecución de objetivos políticos de máximos.
El debate sobre la ordinalidad y su aplicación selectiva pone de relieve las tensiones inherentes a un sistema de financiación autonómica que intenta conciliar realidades económicas muy diversas. La afirmación de Junqueras de que es "inaplicable" para todos revela la dificultad de crear un modelo único que satisfaga las particularidades de cada territorio.
A medida que se acerca la votación en el Congreso, la batalla política se intensifica. Los 4.700 millones de euros no son solo una cifra contable, sino el símbolo de un pacto que puede definir las relaciones entre Cataluña y el Estado español en los próximos años. La decisión de Junts, sea cual sea, tendrá consecuencias duraderas en el panorama político catalán y en la gobernabilidad del Estado.
El escenario final dependerá de la capacidad de ERC para mantener unida su base y convencer a sus socios de la viabilidad del acuerdo, así como de la firmeza de Junts en sus demandas. Lo que está en juego no es solo un modelo de financiación, sino el liderazgo del independentismo y la estrategia a seguir en la próxima década.