El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha trasladado directamente al presidente estadounidense Donald Trump la disposición de la compañía española a incrementar drásticamente sus operaciones en Venezuela. Durante un encuentro celebrado este viernes en el Salón Este de la Casa Blanca, Imaz afirmó que la energética está lista para multiplicar por tres su extracción de crudo en el país caribeño en un plazo de dos a tres años, siempre que se cumplan las condiciones adecuadas.
La cita, que congregó a una treintena de máximos ejecutivos del sector energético global, constituye una muestra más de la apuesta de Washington por consolidar su influencia en la región y asegurar el suministro de hidrocarburos. Trump aprovechó la tribuna para reiterar su llamamiento a las corporaciones petroleras a desembolsar sumas millonarias en la reconstrucción de la infraestructura venezolana, un país que, pese a albergar las mayores reservas probadas del planeta, registra una producción ínfima en comparación con su potencial.
El gigante dormido de la energía mundial
Venezuela concentra aproximadamente el 17% de las reservas globales de petróleo, una cifra que cuadriplica las existencias de Estados Unidos. Sin embargo, su aporte a la oferta internacional no supera el 1%, con unos 800.000 barriles diarios que contrastan con los más de tres millones que extraía hace apenas una década. Esta caída vertiginosa refleja el colapso de su sistema de refinación, la falta de inversión y el éxodo de talento especializado.
Para revertir esta tendencia, la consultora noruega Rystad Energy estima que serían necesarios unos 110.000 millones de dólares para elevar la producción hasta dos millones de barriles diarios para 2030. Si el objetivo fuera alcanzar los tres millones en 2040, la inversión requerida ascendería a 185.000 millones de dólares. Cifras que Trump ha redondeado en su discurso, pidiendo a las empresas un compromiso mínimo de 100.000 millones de dólares.
El mandatario republicano fue tajante al aclarar que el capital deberá proceder de los propios bolsillos de las compañías, no del erario público. "No necesitan nuestro dinero, pero sí nuestra protección y seguridad para que, cuando gasten todo ese dinero, esté ahí para recuperarlo y obtener una buena rentabilidad", manifestó Trump ante los directivos congregados.
La precaución de las petroleras
A pesar del entusiasmo oficial, las empresas mantienen una postura prudente. La principal exigencia que han trasladado a la Administración es la obtención de seguridad jurídica y garantías legales sólidas antes de comprometer recursos de tal magnitud. La historia reciente de nacionalizaciones y conflictos contractuales en Venezuela pesa como una losa en la decisión de los inversores.
El máximo responsable de ExxonMobil, Darren Woods, ejemplificó esta reticencia al recordar que su compañía ha visto confiscados sus activos en territorio venezolano en dos ocasiones distintas. "Como pueden imaginar, entrar una tercera vez requeriría algunos cambios respecto a lo que históricamente estamos acostumbrados", advirtió Woods, dejando claro que sin un marco regulatorio robusto y predecible, las inversiones no se materializarán.
Este temor compartido por el sector ha convertido la reunión en un ejercicio de equilibrio entre las aspiraciones geopolíticas de Washington y las necesidades de rentabilidad y riesgo controlado de las multinacionales.
La apuesta de Repsol
En este contexto, la declaración de Imaz adquiere mayor relevancia. La compañía que preside actualmente extrae unos 45.000 barriles diarios en Venezuela, principalmente en campos maduros que opera en consorcio con la estatal PDVSA. Su oferta de triplicar esta cifra implica alcanzar los 135.000 barriles en un horizonte temporal relativamente corto.
Durante su intervención, Imaz no solo se comprometió a expandir las operaciones, sino que también reivindicó la trayectoria de Repsol en territorio estadounidense. Desde 2008, la empresa ha destinado más de 21.000 millones de dólares a proyectos en Estados Unidos, consolidándose como un inversor relevante en el shale oil y el gas natural.
"En la actualidad producimos 45.000 barriles de petróleo y estamos preparados para multiplicarlos por tres en dos o tres años siguiendo sus recomendaciones y dentro del marco comercial y legal que permita este crecimiento", afirmó el directivo vasco ante Trump y sus asesores.
Esta declaración equilibra pragmatismo y ambición. Por un lado, muestra disposición a colaborar con la agenda energética de la Casa Blanca; por otro, subraya la necesidad imperiosa de contar con un entorno normativo estable que proteja los intereses de la inversión extranjera.
El contexto geopolítico
La reunión se produce semanas después de la detención de Nicolás Maduro y la instalación de un nuevo gobierno de transición en Venezuela, eventos que Washington ha celebrado como el inicio de una nueva era democrática en el país. Desde la perspectiva estadounidense, estabilizar la producción petrolera venezolana no solo diversifica las fuentes de energía globales, sino que también proporciona ingresos cruciales para la reconstrucción económica de la nación caribeña.
Para las empresas europeas como Repsol, la situación presenta un dilema complejo. Por un lado, la oportunidad de acceder a recursos de calidad a un coste relativamente bajo; por el otro, los riesgos reputacionales y legales de operar en un territorio con un historial de conflictos contractuales y sanciones internacionales.
¿Qué sigue ahora?
El camino hacia la expansión productiva en Venezuela está plagado de incógnitas. Las negociaciones entre la administración Trump, el nuevo gobierno venezolano y las corporaciones petroleras determinarán si finalmente se establece el marco de garantías exigido por el sector.
Mientras tanto, Repsol ha dejado clara su postura: está dispuesta a invertir y crecer, pero solo bajo condiciones que aseguren la viabilidad económica y la protección de sus activos. La promesa de triplicar la producción está sobre la mesa, pero depende de factores que escapan al control exclusivo de la compañía.
La próxima fase implicará discusiones técnicas sobre la modernización de campos, la renegociación de términos contractuales y la eventual desinversión del Estado venezolano en favor de mayor participación privada. El reloj corre y el mundo energético observa con atención si Venezuela logra despertar su gigante petrolero o si, una vez más, las expectativas quedarán en promesas incumplidas.
Para Repsol, el escenario representa una oportunidad estratégica de consolidar su posición en Latinoamérica, diversificar su portfolio de activos y reforzar su relación con Washington. El precio a pagar, sin embargo, será la paciencia y la cautela necesarias para navegar un terreno político y legal que aún no ha definido sus reglas del juego definitivas.