El Ministerio de Trabajo ha iniciado las negociaciones para fijar el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) correspondiente a 2026, una cita anual que este año se presenta especialmente compleja. La propuesta oficial contempla una revisión al alza que situaría la retribución mínima legal entre los 1.221 y 1.240 euros mensuales, aplicada con efecto retroactivo desde el primer día del año. Sin embargo, la distancia entre las demandas de los agentes sociales dificulta alcanzar un consenso.
La mesa de diálogo convocada este miércoles reúne a representantes sindicales y empresariales con el objetivo de desbloquear una de las decisiones económicas más influyentes para el mercado laboral español. Actualmente, el SMI se fija en 1.184 euros en doce pagas, una cantidad que beneficia directamente a aproximadamente dos millones y medio de trabajadores. No obstante, su repercusión trasciende a toda la economía, al servir de referencia para múltiples convenios y acuerdos sectoriales.
### Las cifras sobre la mesa
El Ejecutivo ha tomado como base las recomendaciones del comité de expertos para diseñar su propuesta intermedia. Un incremento del 3,1% al 4,4% representaría una subida moderada que intenta equilibrar la protección de los ingresos de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas. Esta fórmula, sin embargo, no satisface a ninguna de las partes implicadas.
Por un lado, las organizaciones sindicales defienden una subida del 7,5%, argumentando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables ante la escalada de precios. Por el otro, la patronal se muestra reacia a superar el 1,5%, advirtiendo sobre los efectos negativos que una subida brusca podría tener en la competitividad y el empleo, especialmente en pymes y sectores con menor valor añadido.
### El desacuerdo tributario interno
La negociación no solo enfrenta a agentes externos, sino que también ha puesto de manifiesto tensiones dentro del propio Gobierno. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, mantienen posturas encontradas respecto a si el SMI debería estar sujeto a retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Este debate interno añade una capa de incertidumbre al proceso, ya que cualquier modificación en el tratamiento fiscal del salario mínimo tendría consecuencias directas en la nómina de millones de trabajadores. La discrepancia refleja el dilema entre aumentar la protección social y mantener la recaudación tributaria.
### El escollo de los complementos salariales
Más allá del porcentaje de incremento, el verdadero punto de fricción radica en la intención del Ministerio de Trabajo de modificar el cómputo del SMI. La propuesta consiste en que los pluses y complementos salariales, como los de antigüedad, peligrosidad o nocturnidad, no se incluyan en el cálculo del salario mínimo.
Esta medida implicaría que estos conceptos se añadan por encima de la base del SMI, incrementando significativamente el coste laboral total para las empresas. La patronal ha rechazado tajantemente esta posibilidad, considerándola un agravio comparativo que "aumentaría todavía más esos costes laborales que ya vienen soportando", según fuentes empresariales.
### Una década de crecimiento exponencial
El contexto actual no se entiende sin la evolución experimentada desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. En ese período, el SMI ha experimentado un crecimiento del 60%, al pasar de 735 euros a los actuales 1.184. Esta trayectoria, una de las más ambiciosas de la Unión Europea, ha situado a España en la vanguardia en protección de ingresos mínimos.
Para los defensores de esta política, la subida representa una herramienta esencial para reducir la desigualdad y combatir la pobreza laboral. Sin embargo, los críticos advierten de efectos no deseados que podrían estar ya manifestándose en ciertos indicadores.
### Las alertas de los expertos
El economista Miguel Ángel García ha cuestionado la sostenibilidad de esta tendencia. Según sus análisis, el salario mínimo actual ya supera el 60% del salario medio en varias comunidades autónomas, una ratio que, según estudios internacionales, puede comprometer la creación de empleo en regiones con menor productividad.
Este fenómeno, advierte García, podría explicar la caída de afiliación en sectores tradicionales como el agrario o el de empleadas de hogar, donde los márgenes son estrechos y la capacidad de absorber costes es limitada. La conversación, tal y como ha apuntado el periodista Jorge Bustos, abre la puerta a debatir un SMI diferenciado por territorios, una fórmula ya aplicada en otros países para adaptar la política salarial a las realidades regionales.
### El efecto dominó del coste laboral
Otra de las claves aportadas por el experto se refiere a la estructura de costes. Cuando aumenta el SMI, la carga para la empresa no se limita al salario bruto. Las cotizaciones sociales añaden aproximadamente un 30% adicional sobre el incremento, lo que multiplica el impacto en la cuenta de resultados.
"Si la empresa no consigue aumentar la productividad en la misma proporción, lo que hace es trasladar esta subida a una menor elevación del resto de los salarios", ha explicado García. Esta dinámica genera un efecto de compensación que puede perjudicar a trabajadores con salarios medios, cuyas revisiones quedan relegadas para mantener las estructuras retributivas internas.
### Consecuencias en el tejido productivo
La consecuencia directa de este fenómeno es que el salario mínimo se está convirtiendo en el salario de referencia para un número creciente de puestos de trabajo. Esta "inflación salarial por la base" puede estar erosionando la capacidad de las empresas para retribuir diferencialmente según la experiencia, la formación o la responsabilidad.
Los sectores más afectados son aquellos con menor intensidad tecnológica y mayor componente de mano de obra no cualificada. La hostelería, el comercio minorista y los servicios domésticos muestran ya signos de tensión, con reducciones en la plantilla o reconversiones hacia modelos de automatización o externalización.
### El dilema de la política salarial
El debate sobre el SMI de 2026 encapsula el dilema permanente de la política económica: cómo proteger a los más vulnerables sin comprometer la viabilidad de las empresas que generan el empleo. La experiencia reciente sugiere que las subidas continuadas, si bien mejoran los ingresos de los trabajadores afectados, pueden estar generando distorsiones en el mercado laboral.
La propuesta de establecer salarios mínimos diferenciados por regiones o sectores encuentra resistencias ideológicas, pero gana adeptos entre quienes observan las diferencias de productividad entre Madrid o Cataluña y otras áreas menos desarrolladas. Mientras tanto, la negociación continúa su curso, con la presión de cumplir el calendario y anunciar una subida que, sea cual sea su cuantía, marcará la agenda económica del año.