La reciente reunión mantenida en el Palacio de La Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha reavivado uno de los debates más complejos y persistentes de la política española: la financiación autonómica. El encuentro, del que se desprende un compromiso de 4.700 millones de euros adicionales para las arcas catalanas, ha puesto de manifiesto la estrategia inquebrantable que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido desde que asumió la presidencia del Partido Popular. Esta situación no hace sino profundizar la tensión entre el Ejecutivo central y las comunidades que exigen un trato justo y equitativo, en un momento en que la política española parece atravesar una etapa de constante negociación y acuerdos puntuales que no resuelven los problemas de fondo.
Feijóo, que durante trece años ejerció como presidente de la Xunta de Galicia con un estilo marcado por la prudencia fiscal y la negociación constante con el Estado, ha logrado algo que muchos analistas consideran una proeza política en tiempos de polarización: mantener la unidad absoluta de los trece presidentes autonómicos del PP. Todos ellos, sin excepción y pese a las diferencias ideológicas y territoriales que les separan, han cerrado filas en torno a dos principios básicos que rechazan de plano: las negociaciones bilaterales con Cataluña y la condonación de la deuda acumulada por las comunidades autónomas. Esta unidad no es fruto de la casualidad, sino del liderazgo ejercido por quien conoce de primera mano las dificultades de gestionar una comunidad periférica y históricamente dependiente de las transferencias estatales, lo que le da una autoridad moral difícil de cuestionar.
La postura del líder popular es clara y contundente. Considera que cualquier modificación del sistema debe pasar necesariamente por la Conferencia de Presidentes, el órgano multilateral donde están representadas todas las comunidades. Para Feijóo y sus barones, sentarse a negociar de tú a tú con Cataluña, como sugiere que ha ocurrido con el encuentro Sánchez-Junqueras, supone un trato de favor que vulnera la igualdad entre territorios y abre un precedente peligroso. La entrevista que Junqueras concedió a este medio el pasado fin de semana, donde desveló los detalles del acuerdo, solo ha servido para reforzar esta percepción entre las filas populares. La bilateralidad, argumentan, destruye el principio de solidaridad interterritorial que debe regir el sistema y convierte la política de financiación en un mercado de favores.
El segundo pilar de su oposición es la supresión de la deuda. El Gobierno lleva meses tentando a las comunidades con la posibilidad de condonar una parte sustancial de sus obligaciones financieras. La cifra mencionada ronda los 90.000 millones de euros, una cantidad que, según el propio Sánchez, sería tan absurdo rechazar como si un banco ofreciese perdonar tu hipoteca y tú dijeses que no. Esta analogía, que el presidente utilizó en la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona el pasado verano, ha sido precisamente uno de los argumentos que más rechazo ha generado entre los líderes autonómicos. La comparación, consideran, es simplista y no refleja la complejidad de las finanzas públicas, donde las responsabilidades son compartidas y las decisiones tienen impacto en toda la ciudadanía.
Sin embargo, los presidentes populares no ven con buenos ojos este supuesto regalo. Su argumentación se basa en la equidad y en la responsabilidad fiscal. Aunque individualmente cada comunidad saldría beneficiada, consideran que no sería justo entre administraciones. ¿Por qué perdonarle la deuda a una comunidad que ha gestionado mal sus finanzas mientras otras han sido rigurosas y han mantenido sus cuentas en orden? Esa es la pregunta que se hacen. Para ellos, la deuda es también un mecanismo de disciplina que no se debería eliminar sin un análisis profundo de las consecuencias. La quita, advierten, premiaría la mala gestión y castigaría a los más prudentes, creando un problema de riesgo moral que se repetiría en el futuro.
El frente común de los barones del PP resulta especialmente llamativo si se considera la diversidad de territorios que representan. Desde Andalucía, la comunidad más poblada de España, hasta las islas Baleares o la Comunidad Valenciana, pasando por regiones con graves problemas de despoblación y envejecimiento como Aragón, Castilla y León o Galicia. Ideológicamente también existen matices entre figuras como Juan Manuel Moreno, Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco o Alfonso Rueda. Pero en este tema, al menos, hablan con una sola voz, lo que refuerza la posición negociadora de Feijóo. Esta unidad les da una fuerza que no tendrían si actuaran por separado y les permite presentar una alternativa creíble al modelo que propone el Gobierno.
La última Conferencia de Presidentes, celebrada en Barcelona el pasado verano, dejó claro que el Gobierno no lograría dividir a los populares. Ni allí ni en la reunión anterior, en Santander a finales de 2024, consiguieron abrir la más mínima grieta. La siguiente cita, que debía celebrarse en Asturias a finales de año, se aplazó para no interferir en la campaña electoral de Extremadura, pero se espera que se convoque en los próximos meses. Cada aplazamiento, sin embargo, refuerza la sensación de que el Ejecutivo no tiene claro cómo abordar el problema sin romper sus alianzas. La incertidumbre, coinciden los expertos, perjudica a todas las partes y retrasa decisiones urgentes sobre inversiones y servicios públicos.
Curiosamente, la postura de Feijóo encuentra eco en algunos presidentes socialistas. El más vocal ha sido Emiliano García-Page, de Castilla-La Mancha, que también ha expresado sus reservas sobre la supuesta quita. Para él, como para los populares, en realidad no se trata de una verdadera condonación, sino de un truco contable que acabaría perjudicando a las comunidades más disciplinadas. Esta coincidencia entre partidos tradicionalmente enfrentados da una idea de la complejidad del problema y de las resistencias que Sánchez encontrará si intenta imponer su criterio. El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha ha llegado a sugerir que la operación es más propaganda que realidad presupuestaria, un gesto electoralista que no resuelve los desequilibrios del sistema.
La estrategia de Feijóo parece a largo plazo. Mientras Sánchez necesita apoyos para gobernar y ve en Cataluña un aliado imprescindible para su supervivencia política, el líder de la oposición juega a mantener la unidad de su partido y a erosionar la legitimidad de unas negociaciones que considera opacas y partidistas. Cada movimiento del presidente es interpretado por Feijóo como una concesión injustificada que perjudica al resto de comunidades. El coste político para Sánchez podría ser elevado si las comunidades del PP consiguen movilizar a sus electorados en contra de lo que califican como "privilegios" para Cataluña, creando un clima de malestar generalizado que podría traducirse en resultados electorales adversos.
El debate sobre la financiación autonómica, lejos de cerrarse, se ha convertido en uno de los principales campos de batalla de la política española. La capacidad de Feijóo para mantener cohesionado a su partido en esta materia será clave en los próximos meses, especialmente cuando se convoque la tan esperada Conferencia de Presidentes. Mientras tanto, Sánchez tendrá que decidir si prioriza sus alianzas parlamentarias o busca un acuerdo amplio que satisfaga a todas las partes. El equilibrio es delicado y las consecuencias, tanto políticas como económicas, pueden ser significativas para el futuro del Estado autonómico. La ciudadanía, al final, exige soluciones que garanticen tanto la equidad como la sostenibilidad del sistema, y no meros parches que posponen los problemas estructurales.