El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha modificado sustancialmente su relato sobre la gestión de la DANA de 2024 durante su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja. En una comparecencia que se prolongó durante cinco horas, el líder de la oposición reconoció que no fue informado en tiempo real por el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre la magnitud de la tragedia que causó 230 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana.
La declaración, prestada mediante videoconferencia desde su despacho en el Congreso de los Diputados, supone un giro de 180 grados respecto a las afirmaciones que Feijóo realizó públicamente apenas 48 horas después de la catástrofe. Entonces, el dirigente popular aseguró que Mazón le había transmitido información "en tiempo real" sobre la riada. Sin embargo, ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, quien investiga las presuntas negligencias en la gestión de la emergencia, el líder del PP ofreció una versión completamente opuesta.
La comparecencia técnica
La jueza aceptó la petición de Feijóo de declarar a distancia, evitando así la imagen del máximo responsable del principal partido de la oposición en las puertas de un juzgado que instruye la mayor catástrofe natural del siglo en España. Desde su despacho oficial, el político gallego respondió durante cinco horas a las preguntas de la instructora, quien buscaba esclarecer qué información intercambió con Mazón durante la jornada del 29 de octubre de 2024.
Según fuentes presentes en la sesión, Feijóo fue tajante al afirmar: "No recibí información ni la pedí". Esta declaración contrasta con su intervención en el Congreso, donde culpó al Gobierno central de no haber alertado sobre la gravedad de la situación. Ante la jueza, el líder popular extendió su crítica al Ejecutivo de Pedro Sánchez, asegurando que "todos los responsables del Gobierno central no hicieron valoraciones en el Congreso que nos permitiera alertarnos".
Contradicciones sobre la comunicación
La magistrada Tobarra interrogó específicamente sobre las comunicaciones mantenidas con el expresidente valenciano. Feijóo admitió que sus contactos sobre la DANA se limitaron exclusivamente a intercambios de mensajes por WhatsApp con Mazón. Esta revelación resulta significativa, ya que pone en cuestión la eficacia de los canales oficiales de comunicación entre el partido y sus representantes autonómicos durante una emergencia de tal calibre.
Cuando la jueza le recordó que la competencia en gestión de emergencias recae en la administración autonómica, Feijóo insistió en su argumento, aunque matizó que, a su juicio, la Generalitat carecía de medios adecuados para enfrentar la crisis. Esta afirmación introduce un nuevo elemento en el debate sobre las responsabilidades institucionales, situando parte de la culpa en la supuesta falta de recursos del gobierno regional.
Desconocimiento de la gestión operativa
Uno de los momentos más reveladores de la declaración fue el reconocimiento de ignorancia sobre el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa), el órgano que gestionó la crisis desde L'Eliana. Feijóo confesó que no conocía ni la existencia ni el funcionamiento de este centro de comando, desde donde se envió el Es Alert, el mensaje masivo a teléfonos móviles que, según la investigación judicial, se remitió tarde y de forma inadecuada.
Este desconocimiento resulta llamativo en el líder de un partido que gobernaba la Comunidad Valenciana y que, por tanto, debería estar familiarizado con los protocolos de emergencia de su propia administración. La declaración sugiere una desconexión entre la dirección nacional del PP y la gestión territorial durante la crisis más grave vivida en la región.
El paradero de Mazón durante la tragedia
La jueza también indagó sobre el conocimiento que Feijóo tenía del paradero de Carlos Mazón en los momentos críticos de la catástrofe. El líder del PP admitió que ignoraba dónde se encontraba el expresidente a las 20.09 horas, apenas dos minutos antes del envío de la alerta masiva. Esta admisión resulta especialmente delicada, ya que en ese momento Mazón estaba almorzando en el restaurante El Ventorro, donde permaneció casi cuatro horas con la periodista Maribel Vilaplana.
El desconocimiento del paradero del máximo responsable autonómico durante la emergencia pone de manifiesto las lagunas en la cadena de comunicación dentro del propio partido. Feijóo no solo no recibió información oficial, sino que tampoco tenía conocimiento de la ubicación de su principal interlocutor en la Generalitat.
Carga contra el Gobierno central
A lo largo de su intervención, Feijóo mantuvo una línea argumental consistente en desplazar responsabilidades hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Afirmó rotundamente que "el Gobierno de España no informó al jefe de la oposición de ninguna incidencia", tratando de construir una narrativa de falta de transparencia por parte de la administración central.
Sin embargo, la jueza le replicó que su investigación se centraba en la gestión autonómica, recordándole que las competencias en materia de emergencias corresponden a la Generalitat. Esta intervención judicial pone en evidencia la estrategia de Feijóo de focalizar las críticas en Madrid mientras se deslinda de responsabilidades en Valencia, donde su partido ostentaba el poder.
Implicaciones políticas y legales
La declaración de Feijóo ante la jueza no solo tiene consecuencias judiciales, sino también repercusiones políticas significativas. La rectificación de su versión inicial cuestiona su credibilidad como líder de la oposición y como principal voz del PP en la gestión de esta crisis. Además, expone las tensiones internas dentro del partido y la compleja relación entre la dirección nacional y el liderazgo autonómico valenciano.
La investigación judicial continúa avanzando en la reconstrucción de los hechos del 29 de octubre de 2024. La instructora ha citado a numerosos responsables políticos y técnicos para esclarecer por qué la alerta se envió tarde, por qué no se activaron los protocolos de emergencia adecuados y quiénes fueron los responsables de las decisiones que, según la acusación, contribuyeron al elevado número de víctimas.
El contexto de la investigación
La causa judicial, que se instruye en el juzgado de Catarroja, representa el examen más exhaustivo de la gestión de una catástrofe natural en España. Con 230 fallecidos, la DANA del 2024 superó en gravedad a cualquier otro desastre meteorológico reciente en el país. La investigación no solo analiza la respuesta inmediata, sino también las decisiones previas en materia de infraestructuras, urbanismo y prevención de riesgos.
La declaración de Feijóo se suma a las de otros altos cargos del PP y del Gobierno valenciano, creando un complejo puzzle de responsabilidades y versiones contradictorias. La jueza Tobarra deberá valorar ahora la coherencia de todos los testimonios para determinar si existen indicios de negligencia, omisión del deber de socorro o prevaricación administrativa.
Consecuencias para el PP
Para el Partido Popular, la declaración de su líder supone un momento de especial vulnerabilidad. La gestión de la DANA ya costó el cargo a Carlos Mazón y a buena parte de su equipo de gobierno. Ahora, la rectificación de Feijóo ante la jueza puede erosionar la posición del partido como alternativa de gobierno sólida y responsable.
La oposición al Ejecutivo de Sánchez se ha centrado en gran medida en la gestión de la catástrofe, pero las propias contradicciones internas del PP dificultan su argumentario. La falta de coordinación entre la dirección nacional y la autonómica, el desconocimiento de protocolos básicos y las versiones cambiantes sobre los hechos cuestionan la coherencia del discurso popular.
La investigación judicial continúa su curso, y nuevas comparecencias de responsables políticos y técnicos podrían aportar más luz o más sombras sobre el papel jugado por cada administración. Mientras tanto, las familias de las víctimas esperan respuestas claras y responsables que expliquen por qué la tragedia alcanzó una magnitud tan devastadora y quiénes deben asumir las consecuencias de sus actos u omisiones.