Keir Starmer, el abogado meticuloso que prometió restaurar la estabilidad y la legalidad en el Reino Unido, se encuentra hoy en una encrucijada política inesperada. Tras su victoria aplastante en las elecciones de 2024, el primer ministro laborista anunció con solemnidad la cancelación del controvertido plan de enviar solicitantes de asilo a Ruanda. Sin embargo, apenas un año después, su gobierno ha dado un giro radical: ahora propone un sistema migratorio inspirado en Dinamarca, uno de los más restrictivos de Europa, y amenaza con restringir visados a países que no colaboren en la repatriación de inmigrantes irregulares.
Este cambio no es casual. Se trata de una respuesta a la presión política ejercida por Nigel Farage, líder del partido Reform UK, quien, con apenas cuatro escaños en el Parlamento, ha logrado capturar la narrativa pública y definir el debate migratorio. A pesar de su mayoría absoluta de 164 escaños, Starmer no ha logrado imponer su agenda, sino que se ha visto obligado a reaccionar ante el momentum social y las encuestas que auguran un futuro incierto para el laborismo.
El paquete migratorio anunciado recientemente por el gobierno británico es ambicioso y polémico. Entre sus medidas más destacadas se encuentra la revisión periódica del estatus de asilo cada dos años y medio, lo que podría llevar a la devolución de personas a sus países de origen si estos se consideran seguros. Además, los solicitantes de asilo solo podrán presentar una apelación, y si esta es denegada, serán deportados. Quienes obtengan asilo deberán esperar 20 años —en lugar de los cinco actuales— para solicitar la residencia permanente.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, hija de inmigrantes pakistaníes y representante del sector más conservador del Partido Laborista —conocido como Blue Labour—, ha defendido estas medidas como necesarias para recuperar la confianza pública. Según Mahmood, el sistema actual es "obsoleto y deficiente", y ofrece una "generosidad excesiva" que ha sido aprovechada por quienes buscan abusar de él. Aunque ha negado haber creado un "entorno hostil", ha insistido en que el nuevo enfoque es "ético y necesario".
Paralelamente, el gobierno británico ha amenazado con suspender la emisión de visados a ciudadanos de tres países africanos —Angola, Namibia y la República Democrática del Congo— si sus gobiernos no mejoran su cooperación en la expulsión de inmigrantes irregulares. Esta medida podría extenderse a otros países que no colaboren, lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional.
Uno de los aspectos más controvertidos del plan es la intención de reinterpretar el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), del que el Reino Unido es firmante. El gobierno busca reformar la legislación para evitar que los tribunales se interpongan en la aplicación de sus políticas migratorias. Esta medida ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que ven en ella un retroceso en la protección de los derechos fundamentales.
Aunque el gobierno ha prometido aumentar las rutas seguras y legales para refugiados, muchos analistas cuestionan si estas medidas serán suficientes para equilibrar el giro hacia la restricción. La decisión de Starmer de adoptar un enfoque más duro en materia migratoria refleja una realidad política incómoda: incluso los líderes que prometen orden y legalidad pueden verse obligados a ceder ante la presión de la opinión pública y los movimientos populistas.
En un contexto en el que las elecciones generales no están previstas hasta 2029, el gobierno laborista parece estar jugando a la defensiva, anticipándose a las críticas y tratando de recuperar el control de la narrativa. Sin embargo, este enfoque podría tener consecuencias a largo plazo, tanto en términos de reputación internacional como en la cohesión social dentro del propio Reino Unido.
La pregunta que queda en el aire es si este giro migratorio será suficiente para detener el ascenso de Nigel Farage y su partido, o si, por el contrario, alimentará aún más el discurso populista que ha logrado capturar la atención del electorado británico. Lo que está claro es que el Reino Unido se encuentra en un punto de inflexión, donde las decisiones tomadas hoy podrían definir su futuro político y social durante años.