En 1992, el Ayuntamiento de Madrid afrontaba un problema urbano creciente: cientos de vehículos abandonados en las calles de la capital. La concejala de Medio Ambiente, una joven Esperanza Aguirre, encontró en el empresario Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre, una solución inesperada que se prolongaría durante más de dos décadas.
La situación era crítica. Los coches sin propietario se acumulaban en vías públicas, generando problemas estéticos, medioambientales y de seguridad. El consistorio pagaba entonces 8.000 pesetas por cada vehículo retirado, una cifra considerable para la época que gravaba las arcas municipales. Ante este escenario, Aguirre decidió sacar a concurso público el servicio de retirada de vehículos abandonados.
La lógica de la subasta era simple: si el Ayuntamiento pagaba 8.000 pesetas por unidad, quizá alguna empresa ofrecería hacer el mismo trabajo por 5.000 o 3.000 pesetas, reduciendo costes. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que el propio Luis Miguel Rodríguez, conocido como el 'rey de la chatarra', presentaría una oferta radicalmente diferente.
"Él pagaba al Ayuntamiento retirada, transporte y depósito de esos coches que estaban abandonados en la calle", explicó Aguirre en una entrevista con Equipo de Investigación. La propuesta resultaba tan beneficiosa para el consistorio que la política popular no dudó en aceptarla. "Era muy buen negocio para el Ayuntamiento", reconoció sin ambages.
El acuerdo, firmado en 1992, establecía que Desguaces La Torre asumiría todos los costes de retirada y gestión de los vehículos, además de abonar una cantidad fija al Ayuntamiento. Concretamente, la empresa pagaba 1,5 millones de euros cada cuatro años por el derecho a gestionar los coches abandonados. A cambio, obtenía el control de un flujo constante de vehículos que podía desguazar y vender como chatarra o piezas de recambio.
"Imagínate garantizarte 500 coches al mes del Ayuntamiento de Madrid, cuando era difícil encontrar coches", reflexionó Rodríguez en declaraciones al mismo programa. La cifra era efectivamente sustanciosa: medio millar de vehículos mensuales que aseguraban la rentabilidad del negocio. Pero el empresario no se detuvo ahí. Dos años después, consiguió ampliar el convenio para incluir otros 500 vehículos mensuales de la Policía Municipal, duplicando prácticamente su volumen de negocio.
El contrato, inicialmente concebido como una medida puntual, se convirtió en una relación comercial estable que se prorrogó durante más de veinte años. Durante este período, Desguaces La Torre consolidó su posición dominante en el sector de la gestión de vehículos fuera de uso, mientras el Ayuntamiento obtenía ingresos por un servicio que antes le costaba dinero.
El modelo de negocio resultaba ventajoso para ambas partes. Por un lado, el consistorio se desprendía de una carga económica y logística, convirtiendo un gasto en fuente de ingresos. Por otro, la empresa aseguraba un suministro constante de vehículos sin necesidad de competir en el mercado abierto. Como admitió el propio Rodríguez, el acuerdo le permitió establecer convenios "con bastantes más ayuntamientos", replicando el modelo en otras localidades.
La polémica surgió años después, cuando este tipo de acuerdos comenzaron a ser cuestionados por su opacidad y posibles irregularidades. Aunque Aguirre defendió la legalidad y transparencia del proceso, que se realizó mediante subasta pública, los críticos señalaron que la duración excesiva del contrato y las condiciones privilegiadas podrían haber generado un monopolio de facto.
Desde una perspectiva de gestión pública, el caso ilustra cómo una decisión administrativa bien intencionada puede derivar en una dependencia comercial prolongada. La prórroga indefinida del convenio, sin nuevas licitaciones periódicas, cerró el mercado a potenciales competidores y concentró el poder en una única empresa.
Para el sector de desguace, el acuerdo marcó un antes y un después. Antes de 1992, la retirada de vehículos abandonados era un servicio costoso para las administraciones. Después, se convirtió en un negocio rentable que atraía a grandes operadores. Desguaces La Torre lideró esta transformación, creando un modelo que otros intentarían imitar.
La expresidenta madrileña siempre ha mantenido que actuó en beneficio del Ayuntamiento, minimizando gastos y maximizando ingresos. Sin embargo, la duración del contrato y la exclusividad concedida han generado debate sobre si el interés público se vio realmente protegido a largo plazo.
En definitiva, el convenio entre Esperanza Aguirre y Desguaces La Torre representa un caso paradigmático de colaboración público-privada que, si bien resolvió un problema urbano de forma eficiente, también planteó cuestionamientos sobre la concentración de poder económico y la falta de competencia en la contratación municipal. Veinte años de exclusividad para una empresa en un sector tan específico son difíciles de justificar en un mercado que debería ser abierto y competitivo.