La democracia española acumula un patrón preocupante que se repite con insistencia cada cambio de ciclo político. Los escándalos de corrupción han truncado prematuramente dos de los últimos gobiernos de la nación, y ahora el actual presidente se enfrenta a una situación que reproduce, con inquietante fidelidad, las crisis que acabaron con sus antecesores. Pedro Sánchez se esfuerza por evitar el destino que sepultó a Felipe González y Mariano Rajoy, ambos arrastrados por las consecuencias de casos de malversación, financiación irregular y tramas de enriquecimiento ilícito.
El espectro de los escándalos vuelve a planear sobre el palacio de La Moncloa. Durante los últimos treinta años, España ha presenciado cómo diferentes ejecutivos sucumbían ante la presión de investigaciones judiciales que salpicaban a sus principales figuras. El fenómeno no representa una novedad, pero su recurrencia sistemática resulta alarmante. Las declaraciones pronunciadas por líderes políticos en momentos de máxima crisis revelan un paralelismo sorprendente, independientemente de su ideología, época o contexto específico.
Hace casi tres décadas, un destacado socialista expresó su indignación contra lo que percibía como una intromisión desmedida del poder judicial en la política. Sus palabras causaron conmoción en la opinión pública: "Existe un desequilibrio en los poderes del Estado favoreciendo al judicial (…) Debe cesar el espectáculo diario de la justicia (…) Ciertos magistrados son, cuando menos, irresponsables, si no algo peor". Estas frases, lejos de constituir una reacción actual de algún miembro del equipo de Sánchez, corresponden a Felipe González en abril de 1997, meses después de abandonar el cargo, cuando los efectos del caso Filesa seguían generando estragos en su formación y minando su legado histórico.
En esa misma época, otro peso pesado del socialismo español, Alfonso Guerra, arremetía contra el Tribunal Supremo tras condenar a dirigentes de su partido por la trama de financiación ilegal. Guerra calificó el proceso como "un juicio íntegramente político", una acusación que resuena hoy en los pasillos del Congreso cuando se discuten casos como el de los ERE andaluces o la supuesta financiación irregular a través de la Fundación Ideas.
La historia se repite con una precisión casi mecánica. Las justificaciones que esgrimía Mariano Rajoy para defenderse de las corruptelas del Partido Popular y de su extesorero Luis Bárcenas son idénticas a las que hoy utiliza Sánchez con figuras como José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García: "Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía". Esta coletilla, utilizada para desmarcarse de colaboradores incómodos, se ha convertido en un mantra recurrente de la política española cuando estalla un escándalo que amenaza la estabilidad del Gobierno.
Las réplicas de Rajoy a los ataques de la oposición socialista también encuentran eco en la actualidad. Sus herederos del PP escuchan ahora de boca de los ministros socialistas exactamente lo que él decía entonces: "Traen al Parlamento debates estériles, infundados, plagados de sospechas sin confirmar y de informaciones parciales". Alberto Núñez Feijóo, actual líder de la oposición, no dudaría en suscribir la siguiente afirmación: "Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando nuestras instituciones y la democracia. Así que solamente le queda una salida honorable: presente su dimisión". Curiosamente, estas palabras las pronunció Pedro Sánchez en julio de 2017, exigiendo la renuncia de Rajoy tras su testimonio en el juicio del caso Gürtel.
El ciclo de la corrupción parece un reloj que marca las horas de cada ejecutivo. Los escándalos han evolucionado desde el espionaje político de los noventa hasta los casos de acoso sexual, contratos amañados y financiación irregular de la actualidad, pero el resultado es idéntico: una nube tóxica que envuelve a las instituciones y mina la confianza ciudadana. Las circunstancias que precipitaron el final anticipado de González y Rajoy ahora se ciernen sobre el Gobierno de Sánchez con una intensidad creciente.
En 1996, Felipe González se vio obligado a adelantar las elecciones generales después de que Convergència i Unió, su socio parlamentario, retirara su apoyo por miedo a verse contaminada por los escándalos. La presión judicial y política resultó insoportable. Dos décadas después, en 2018, Mariano Rajoy fue derrocado por una moción de censura promovida por el propio Sánchez, justificada precisamente en la necesidad de regeneración democrática tras el caso Gürtel y la sentencia que condenó a su partido como responsable civil.
La situación actual presenta paralelismos inquietantes. El Ejecutivo socialista se encuentra bajo la lupa judicial por varias investigaciones que afectan a altos cargos. Las críticas al sistema de justicia vuelven a surgir desde el seno del Gobierno, mientras la oposición exige responsabilidades políticas. El presidente intenta mantener la distancia con sus colaboradores imputados, utilizando el mismo lenguaje que sus predecesores y apostando por la estrategia de la supervivencia.
El desgaste es evidente y se acumula con cada nueva revelación. Cada comparecencia judicial de un exministro o exasesor genera titulares que erosionan la credibilidad del Gobierno. Las encuestas reflejan un deterioro progresivo en la percepción ciudadana sobre la gestión de la corrupción, aunque Sánchez mantiene ventaja sobre sus rivales en intención de voto directa. La ciudadanía, no obstante, muestra un creciente hastío ante lo que percibe como un ciclo interminable.
El futuro incierto depende de múltiples factores convergentes. La velocidad de las investigaciones judiciales, la capacidad del Gobierno para desvincularse de los imputados, la reacción de los socios parlamentarios como Sumar o los nacionalistas, y la presión mediática determinarán si Sánchez completa su mandato o se convierte en el tercer presidente consecutivo en caer por escándalos de corrupción.
La lección de la historia es contundente: ningún ejecutivo ha logrado sobrevivir políticamente cuando los tribunales han apuntado demasiado cerca del núcleo del poder. La diferencia ahora radica en la fragmentación parlamentaria, que dificulta tanto la moción de censura como la convocatoria anticipada de elecciones. Sin embargo, la presión acumulada puede generar efectos impredecibles.
Mientras tanto, los ciudadanos observan con desencanto cómo se repite una película ya vista. Las promesas de regeneración democrática chocan con la realidad de nuevos casos que salen a la luz. La confianza en las instituciones se resquebraja, y la política española sigue sumida en una crisis de legitimidad que parece no tener fin. El malestar social crece al constatar que los mecanismos de control no han evitado la reincidencia.
El desafío de Sánchez es romper con este ciclo perverso que condena a la política española al círculo vicioso de la desconfianza. Su legado dependerá no solo de su capacidad para gestionar la crisis, sino de implementar medidas efectivas que eviten que la historia vuelva a repetirse. De lo contrario, se arriesga a convertirse en otro capítulo más de un libro que los españoles ya conocen demasiado bien y del que están hartos.
Además, las implicaciones institucionales trascienden el ámbito puramente político. La relación entre poder ejecutivo y poder judicial se ha visto tensionada por declaraciones que cuestionan la imparcialidad de los tribunales. Esta dinámica genera un clima de confrontación que debilita el estado de derecho y proyecta una imagen de inestabilidad democrática en el escenario internacional. Los inversores y organismos europeos observan con preocupación esta repetición de patronos.
La sociedad civil demanda respuestas concretas más allá de las réplicas retóricas. Las organizaciones anticorrupción insisten en la necesidad de reformas legales que fortalezcan la prevención y aumenten las sanciones. La creación de una agencia independiente contra la corrupción, la limitación de mandatos o la transparencia total en la financiación de partidos son medidas que siguen sin implementarse de forma efectiva. El tiempo dirá si Sánchez tiene la capacidad y voluntad de convertirse en el presidente que rompa esta maldición.