El obispo auxiliar de Lima, Juan José Salaverry, ha alzado su voz para cuestionar las estrategias de seguridad que el Ejecutivo peruano ha desplegado en los últimos meses. En un mensaje contundente, el prelado advirtió que la fuerza bruta y la arrogancia no constituyen el camino adecuado para sanar una sociedad profundamente herida por la criminalidad.
Durante la homilía del pasado domingo en la catedral de la ciudad, el religioso se refirió directamente al trágico asalto ocurrido en el distrito de Surco, donde un grupo de delincuentes desató una lluvia de balas contra un vehículo de transporte público. El saldo de esta agresión fue devastador: la muerte de uno de los pasajeros, heridas de extrema gravedad para el conductor y la pérdida del bebé que una mujer esperaba, fruto del terror desatado en aquel momento.
"Hemos presenciado el asalto armado a una combi en Surco, donde ha sido asesinada una criatura, causando no solo la pérdida de una vida, sino un daño moral a las personas presentes y a la sociedad entera", manifestó el obispo con evidente conmoción.
Estas palabras sirvieron como preludio a una crítica más profunda a las políticas de mano dura que el presidente interino José Jerí ha implementado desde su llegada al poder. Salaverry dejó claro que "ni con la prepotencia de quienes gritan más alto, ni con la violencia se puede restaurar el mundo", en una alusión directa al enfoque autoritario que el mandatario ha promovido.
Las comparaciones entre Jerí y su homólogo salvadoreño Nayib Bukele no son nuevas. Diversos sectores han señalado las similitudes en el discurso y las acciones de ambos líderes, particularmente en la forma de abordar la inseguridad ciudadana. El obispo, sin embargo, cuestiona la efectividad real de este modelo.
"El mal no se vence con el mal, ni desde la violencia", enfatizó el prelado, insistiendo en que la verdadera victoria sobre la delincuencia solo puede construirse "desde el amor". Su mensaje apuntaba a desmontar la normalización de una cultura donde el abuso de poder se considera no solo válido, sino necesario.
En esta línea, Salaverry advirtió sobre la peligrosa tendencia social donde "quien grita más fuerte gana la discusión, quien tiene más poder, gana la discusión", un fenómeno que, según su visión, erosiona los cimientos de la convivencia democrática.
La propuesta del obispo para superar la crisis de violencia es radicalmente diferente a la del gobierno. Afirmó que la solución requiere una transformación profunda de la sociedad, no fundamentada en el temor ni en la imposición, sino en valores espirituales. "La restauración del mundo viene desde Cristo, desde el mandamiento del amor, desde la práctica del Evangelio", indicó con convicción.
El marco legal que permite las acciones gubernamentales es el estado de emergencia, prorrogado el pasado 20 de diciembre por treinta días adicionales. Esta medida confiere a la Policía Nacional el control absoluto del orden interno, con apoyo directo de las Fuerzas Armadas, suspendiendo temporalmente garantías constitucionales fundamentales como la inviolabilidad del hogar, la libertad de reunión y la seguridad personal de los ciudadanos.
El presidente Jerí ha garantizado públicamente que esta medida se mantendrá vigente "el tiempo que sea necesario", asegurando que permitirá "recuperar progresivamente los índices de tranquilidad y seguridad" en Lima y el Callao. Para el mandatario, la prioridad es restaurar el orden por encima de cualquier otra consideración.
En una demostración de respaldo a las autoridades locales amenazadas, el gobernante visitó recientemente la residencia de Pablo Mendoza, alcalde del distrito de Carabayllo. El lunes anterior, en esa jurisdicción se reportó la aparición de un artefacto explosivo de guerra, la quinta amenaza que recibe la autoridad municipal de presuntas organizaciones criminales que buscan intimidar el accionar estatal.
Acompañado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, el presidente ofreció respaldo total a la autoridad edil y coordinó la implementación de nuevas medidas de protección para garantizar su integridad física.
Desde la implementación del estado de emergencia en octubre, el jefe de Estado ha participado personalmente en diversos operativos policiales, incluyendo registros e intervenciones en centros penitenciarios. Estos establecimientos han sido identificados por las autoridades como nodos de coordinación para delitos graves como extorsión y sicariato, donde líderes del hampa continúan dirigiendo sus operaciones desde dentro de las celdas.
No obstante, pese a las acciones gubernamentales y la retórica de resultados positivos, estos ilícitos han continuado con preocupante regularidad en las últimas semanas. Los sectores más afectados continúan siendo los trabajadores del transporte público, quienes diariamente arriesgan su vida en las calles; los pequeños comerciantes, que son víctimas constantes de cobro de cupos; y las empresas del sector construcción, que enfrentan extorsiones que amenazan con paralizar sus proyectos.
La postura del obispo Salaverry se suma a un coro de voces que, desde la sociedad civil, el mundo académico y las organizaciones de derechos humanos, cuestionan la sostenibilidad de un modelo de seguridad basado en la suspensión de garantías fundamentales. Para estos sectores, la experiencia internacional demuestra que la militarización temporal de la seguridad pública rara vez produce resultados duraderos y, en cambio, genera nuevas formas de violencia estatal.
El debate en Perú refleja una tensión clásica en las sociedades afectadas por la criminalidad: la urgencia por resultados inmediatos versus la construcción de soluciones estructurales. Mientras el gobierno apuesta por el primer camino, la Iglesia católica, a través de figuras como Salaverry, insiste en que solo un cambio de paradigma cultural y espiritual puede romper el ciclo de violencia que atrapa a la capital.
La reflexión del obispo invita a considerar si la seguridad sin libertad es realmente un bien común, o si la sociedad peruana está dispuesta a pagar un precio demasiado alto por una paz que se construye sobre el miedo y la restricción de derechos. Su llamado a la acción no es pasivo: exige una movilización ciudadana basada en valores que, según su doctrina, son los únicos capaces de generar transformaciones genuinas.
Mientras tanto, en las calles de Lima, la población continúa atrapada entre el temor a la delincuencia y la incertidumbre sobre las consecuencias de las medidas excepcionales. La respuesta del gobierno, lejos de amainar, se intensifica con cada nuevo incidente que sacude la opinión pública, creando un ciclo donde la violencia parece reproducirse tanto desde el crimen organizado como desde las mismas instituciones que deberían proteger a los ciudadanos.
El mensaje de Salaverry, en este sentido, actúa como una voz de alerta que intenta despertar la conciencia colectiva sobre los riesgos de normalizar la excepcionalidad. Su propuesta, aunque idealista para algunos, cuestiona los fundamentos de una política que prioriza la represión sobre la prevención y la fuerza sobre el diálogo.
La complejidad del problema no admite soluciones simples. Mientras el gobierno justifica sus medidas en la necesidad de proteger vidas y recuperar territorios del control criminal, críticos como Salaverry advierten que cada derecho suspendido representa una victoria para la barbarie, aunque venga disfrazada de orden. La sociedad limeña observa este debate mientras continúa padeciendo las consecuencias de una violencia que no distingue entre víctimas ni respeta fronteras.