El Ayuntamiento de Alcoy ha iniciado los trámites para emprender acciones legales contra una productora audiovisual con sede en la provincia de Alicante. El motivo radica en el uso indebido de imágenes captadas en el Cementerio Municipal de Alcoy, que posteriormente fueron empleadas para la elaboración de contenido de carácter pornográfico, sin que el consistorio tuviera conocimiento de esta finalidad ni hubiera otorgado permiso para ello.
El caso ha generado una importante controversia en la localidad y ha puesto de manifiesto las lagunas regulatorias en la concesión de autorizaciones para rodajes en espacios de especial sensibilidad. Desde el gobierno municipal, conformado por una coalición de PSPV y Compromís, se ha dejado claro que en ningún momento se solicitó autorización para la grabación de material destinado al público adulto, y que tampoco se registraron escenas de índole sexual durante la presencia de la productora en el recinto fúnebre.
El engaño, según las autoridades locales, fue sistemático y premeditado. La empresa presentó una declaración responsable, documento obligatorio para obtener el permiso de rodaje, en la que especificaba que las tomas tenían un carácter introspectivo y de duelo. El proyecto presentado ante el Ayuntamiento describía una webserie de temática reflexiva que sería difundida a través de YouTube, plataforma que, como es sabido, mantiene una política estricta de prohibición de contenido para mayores de edad.
Esta descripción, aparentemente inocua, resultó ser una manipulación deliberada según el consistorio. El Ayuntamiento argumenta que la naturaleza del proyecto presentado hacía imposible prever el uso fraudulento que finalmente se le daría al material audiovisual. La productora, que en su página corporativa exhibe trabajos para entidades prestigiosas como la Diputación de Alicante o diversas fincas vitivinícolas de la zona, no hizo mención alguna a su actividad paralela de venta de recursos de contexto a terceras productoras especializadas en contenido para adultos.
El portavoz del ejecutivo local ha señalado que esta circunstancia, fundamental para evaluar la idoneidad de la autorización, fue deliberadamente ocultada durante el proceso de solicitud del permiso. "Se evidencia un claro interés por ocultar información relevante", han manifestado fuentes municipales, que aseguran que "se llegará hasta el final para depurar responsabilidades". Esta contundencia refleja la gravedad con la que el consistorio considera la vulneración de la confianza institucional.
La polémica ha alcanzado un cariz político cuando la concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha acusado al Partido Popular de utilizar este incidente como arma arrojadiza contra el gobierno local. En declaraciones públicas, Zamorano ha denunciado que la formación conservadora está "ensuciando la imagen de Alcoy a nivel nacional" y dañando la reputación del Cementerio Municipal, además de "manchar la memoria y la figura de Camilo Sesto", el recordado artista cuya tumba descansa en este camposanto.
La edil ha defendido la gestión municipal, insistiendo en que el Ayuntamiento actuó conforme a la documentación presentada y que no podía prever el engaño. "No todo vale en política, y menos aún cuando se juega con el prestigio de la ciudad y con espacios y personas que merecen respeto", ha manifestado Zamorano, quien también supervisa la Alcoy Film Office, dependiente de su departamento. Esta oficina, creada para facilitar los rodajes en la ciudad, se ve ahora cuestionada por haber gestionado una autorización que derivó en esta polémica.
El episodio ha puesto de relieve la necesidad de reforzar los controles en la concesión de permisos para rodajes. Como respuesta, el Ayuntamiento ha anunciado que aprovechará la aprobación de una nueva ordenanza reguladora de producciones audiovisuales en la ciudad para establecer mecanismos más estrictos de supervisión, especialmente en espacios catalogados como sensibles o de alto valor patrimonial.
Esta normativa municipal buscará impedir que se repitan situaciones de uso fraudulento de las autorizaciones, estableciendo sanciones más severas y requisitos de información más exhaustivos. Entre las medidas contempladas se encuentra la obligación de declarar de forma expresa si el material puede ser comercializado a terceros o utilizado para fines distintos a los inicialmente comunicados. También se prevé la creación de un registro de productoras que hayan incumplido las condiciones de uso.
El caso ha generado debate sobre la responsabilidad ética de las productoras y la necesidad de proteger espacios con valor simbólico y emocional para la ciudadanía. El Cementerio Municipal de Alcoy, además de su función funeraria, alberga el mausoleo de Camilo Sesto, convertido en un lugar de peregrinación para los admiradores del artista, lo que aumenta la sensibilidad del asunto. La conexión del cantante con la ciudad, donde vivió sus últimos años, hace que cualquier menoscabo a este espacio sea vivido como un agravio a la memoria colectiva.
Expertos en derecho administrativo consultados señalan que el Ayuntamiento podría tener vía abierta para demandar por incumplimiento contractual y posibles daños al patrimonio municipal. La clave estaría en demostrar que la productora actuó con mala fe al ocultar el verdadero propósito de las grabaciones. También podrían invocarse normativas sobre protección de datos y derecho a la propia imagen de los difuntos y sus familiares.
Mientras tanto, la productora no ha realizado declaraciones públicas sobre el asunto. En su página web continúan exhibiéndose trabajos convencionales, sin mención a su actividad de venta de contenido a terceros. Esta falta de transparencia en la comunicación previa es precisamente lo que el Ayuntamiento considera más grave y lo que justificaría las medidas legales.
La comunidad local ha reaccionado con indignación a la noticia. Vecinos y asociaciones han expresado su malestar por el uso indebido de un espacio que, además de su función funeraria, representa la memoria colectiva de la ciudad. La presencia de la tumba de Camilo Sesto ha convertido el lugar en un punto de interés turístico y cultural, lo que amplifica el impacto negativo de la polémica. En redes sociales, numerosos ciudadanos han mostrado su apoyo a las medidas municipales.
Desde el sector audiovisual, algunas voces han mostrado preocupación por las consecuencias que este caso pueda tener para futuros rodajes en la ciudad. Temen que la reacción municipal derive en una burocratización excesiva que dificulte la realización de proyectos legítimos. Sin embargo, el Ayuntamiento ha querido tranquilizar asegurando que la normativa busca precisamente distinguir entre producciones serias y usos fraudulentos, sin castigar al sector profesional.
El tiempo dirá si las acciones legales se materializan en una demanda formal. Mientras tanto, el caso sirve como precedente de cómo la falta de regulación específica puede ser explotada, y la importancia de establecer salvaguardas que protejan tanto el patrimonio municipal como la confianza en los procesos administrativos. La experiencia demuestra que la buena fe institucional no es suficiente cuando hay actores dispuestos a falsear información.
La lección principal es que la transparencia debe ser la base de cualquier autorización de uso de espacios públicos, especialmente cuando se trata de lugares con significado emocional para la comunidad. La ciudad de Alcoy, consciente de este déficit, ya trabaja en cerrar las brechas que han permitido este incidente, aunando esfuerzos entre los departamentos de Turismo, Cultura y Servicios Jurídicos para redactar una normativa robusta y efectiva.