En el marco del Día de los Derechos de la Infancia, celebrado el 20 de noviembre, el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional que marca un nuevo rumbo en las políticas de protección infantil en España. El Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por Sira Rego, ha puesto sobre la mesa una propuesta ambiciosa: una prestación universal de 200 euros mensuales por cada hijo a cargo. Esta medida, respaldada por la coalición Sumar, busca transformar el actual sistema de ayudas, que se considera fragmentado y asistencialista, en uno más inclusivo y equitativo.
La iniciativa se enmarca dentro del compromiso del Gobierno con la Garantía Infantil Europea, un plan que busca erradicar la pobreza infantil en la Unión Europea. Según los responsables del Ministerio, esta prestación no solo ayudaría a las familias en situación de vulnerabilidad, sino que podría reducir a la mitad la tasa de pobreza infantil en España. El objetivo es construir un sistema que no dependa de criterios de renta o situación laboral, sino que reconozca la crianza como un derecho universal.
Sin embargo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha matizado el anuncio con una advertencia técnica y financiera. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero subrayó la necesidad de evaluar el rendimiento de las ayudas actuales antes de implementar cualquier nueva medida. Su preocupación principal es evitar duplicidades o solapamientos entre programas, lo que podría generar ineficiencias y un uso inadecuado de los recursos públicos.
Entre las ayudas ya en marcha, Montero destacó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y su Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que actualmente benefician a miles de familias en situación de vulnerabilidad. "Sería interesante evaluar todos los instrumentos que tenemos para luchar contra la pobreza infantil y, en caso de que haya que mejorarlo, pues puede ser una prestación como la que usted comenta o cualquier otra mejorada de las que tenemos ya en marcha", afirmó. "Si no, permanentemente, estamos duplicando instrumentos o lo estamos poniendo solapadamente uno encima de otro", añadió.
Esta postura refleja una tensión recurrente en la política social española: entre la urgencia de actuar frente a la pobreza infantil y la necesidad de diseñar políticas sostenibles y bien coordinadas. Mientras el Ministerio de Juventud apuesta por un cambio estructural, Hacienda insiste en la prudencia técnica y en la optimización de los recursos existentes.
La declaración institucional también hace referencia a la necesidad de un Pacto de Estado contra la pobreza infantil, que involucre a todas las fuerzas políticas, administraciones y la sociedad civil. Este pacto no solo busca proteger el bienestar de los niños y adolescentes, sino también reconocerlos como sujetos de derechos y construir una sociedad que les incluya plenamente, libre de violencia y discriminación.
En este contexto, la propuesta de los 200 euros por hijo se convierte en un punto de inflexión. Por un lado, representa una apuesta por la universalidad y la equidad fiscal, valores que han ganado terreno en la agenda política. Por otro, plantea un desafío logístico y financiero: ¿cómo integrar esta nueva prestación sin duplicar esfuerzos ni generar nuevas brechas en el sistema?
Los expertos en políticas sociales señalan que, para que esta medida tenga éxito, debe ir acompañada de una evaluación rigurosa de su impacto, así como de una comunicación clara a las familias sobre cómo acceder a ella. Además, será clave coordinarla con otras políticas, como la educación, la vivienda y la salud, para abordar la pobreza infantil de forma integral.
Mientras tanto, la sociedad espera con expectación el desarrollo de esta propuesta. Las familias, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, ven en esta medida una oportunidad real de mejorar su calidad de vida. Por su parte, los partidos políticos y las organizaciones sociales ya han comenzado a debatir sobre su viabilidad y alcance.
En resumen, la propuesta de una prestación universal de 200 euros por hijo es un paso significativo hacia una política social más inclusiva y justa. Pero su éxito dependerá de la capacidad del Gobierno para equilibrar la ambición con la prudencia, y para diseñar un sistema que no solo ayude a las familias, sino que también sea sostenible y eficiente a largo plazo.