El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha abierto una caja de sorpresas que va mucho más allá de la mera defensa de su inocencia. En el Tribunal Supremo, lo que parecía un proceso rutinario se ha convertido en un espejo donde se reflejan las tensiones entre el poder político, los medios de comunicación y el sistema judicial. Y en ese espejo, muchas cosas no se ven como deberían.
Uno de los puntos más controvertidos ha sido la gestión de los mensajes en dispositivos móviles. Borrar mensajes tras saber que estás bajo investigación no es, como algunos sugieren, una confesión implícita. Es, simplemente, una medida de higiene digital. Y no es algo exclusivo de delincuentes: muchos ciudadanos comunes lo hacen por privacidad, y no por culpa. Pero en el contexto de un juicio, ese gesto se convierte en una bandera roja. ¿Por qué? Porque en el mundo de la justicia, lo que no se puede probar, se interpreta.
Otro aspecto que ha llamado la atención es la conducta de ciertos periodistas. Tres de ellos declararon haber tenido acceso al correo en cuestión antes que el propio fiscal general. Sin embargo, ninguno lo publicó. ¿Coincidencia? ¿O coordinación? En un entorno donde la competencia periodística suele ser feroz, que tres medios afines al Gobierno guarden silencio sobre una información que podría dañar a la principal rival política de Pedro Sánchez —la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— resulta, cuanto menos, inusual.
La pregunta que queda en el aire es: ¿por qué esperar? ¿Por qué no publicar la información de inmediato, como haría cualquier medio con una exclusiva de impacto? La respuesta, según algunos analistas, podría estar en la lealtad política. En lugar de actuar como watchdogs del poder, algunos medios parecen haber asumido el rol de escudos protectores. Y eso, en una democracia, debería generar preocupación.
También ha sido revelador el argumento jurídico utilizado por algunos testigos: "Sé que el fiscal general es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir quién es". Este tipo de declaración, que en teoría protege la confidencialidad de la fuente, en la práctica se convierte en una herramienta de poder. Sin pruebas, sin nombres, sin contexto, se convierte en una especie de veredicto sin juicio. Y eso, en un sistema que se basa en la transparencia y la evidencia, es inquietante.
Además, hay un detalle que no se puede ignorar: la nota de prensa emitida por la Fiscalía contenía frases textuales del correo filtrado, y en ellas se percibía una clara obsesión personal contra Alberto González Amador, novio de Ayuso. ¿Coincidencia que esa obsesión coincidiera con la filtración? Quizá. Pero en política, las coincidencias rara vez son casuales.
Y luego está el tema del secreto profesional. En teoría, protege la confidencialidad de las fuentes. En la práctica, puede convertirse en un escudo para no aportar pruebas. Cuando un periodista declara que alguien es inocente sin mostrar ninguna evidencia, está asumiendo un rol que no le corresponde: el de juez. Y si además ese periodista nunca ha publicado una sola noticia que perjudique al partido en el poder, la credibilidad de su testimonio se tambalea.
No es la primera vez que se cuestiona la independencia de ciertos medios. En Cataluña, por ejemplo, hay una larga tradición de prensa que ha evitado tocar temas de corrupción en partidos como CiU, Junts, ERC o el PSC. ¿Por qué? Porque en muchos casos, la línea editorial está más cerca del poder que de la verdad. Y eso, en un sistema democrático, es un problema grave.
Finalmente, hay que hablar de la red de influencias. Cuando varios periodistas afines al Gobierno testifican a favor del fiscal general, ¿es eso periodismo independiente? O ¿es una red de intereses compartidos? La diferencia entre ambos conceptos es fina, pero crucial. En una democracia, los medios deben ser contrapeso, no cómplices.
En resumen, el juicio a García Ortiz no es solo un caso legal. Es un espejo de lo que está pasando en España: la tensión entre el poder, la justicia y la prensa. Y en ese espejo, muchas cosas no se ven como deberían. Porque cuando las coartadas son demasiado perfectas, cuando las filtraciones llegan en el momento justo, y cuando los periodistas guardan silencio por lealtad política, algo no funciona como debería. Y eso, más allá de la inocencia o culpabilidad de un fiscal, es lo que realmente debería preocuparnos.