El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que fija las subidas de pensiones para 2026, consolidando así el compromiso del Ejecutivo con la protección de los más de 9,4 millones de pensionistas en España. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha debutado como portavoz del Gobierno en esta ocasión, ha enfatizado la voluntad de ofrecer certeza a los ciudadanos ante la evolución de los precios.
La revalorización general de las pensiones se establece en un 2,7% para 2026, un porcentaje que se ajusta a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Sin embargo, la novedad más destacada radica en las mejoras adicionales para las prestaciones más bajas y para los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.
Incrementos diferenciados según tipo de pensión
Las pensiones mínimas experimentarán un aumento significativo del 7% en 2026. Esta medida afecta directamente a aquellos perceptores que reciben las cuantías más bajas del sistema contributivo, proporcionando un refuerzo económico considerable para hacer frente al encarecimiento de la vida cotidiana.
Por su parte, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) verán incrementada su cuantía en un 11,4%. Esta subida también se aplicará a las pensiones mínimas de jubilación en las que exista un cónyuge a cargo, así como a las pensiones de viudedad con responsabilidades familiares.
Según los cálculos del Gobierno, estas medidas supondrán un incremento medio de 570 euros anuales para las pensiones de jubilación estándar. La ministra ha subrayado que si los precios suben, las pensiones también lo harán, garantizando así el poder adquisitivo de los beneficiarios.
Extensión del escudo social hasta 2026
El denominado escudo social, conjunto de medidas de protección para los hogares más vulnerables, se prorrogará durante todo 2026. Esta iniciativa incluye tres pilares fundamentales:
1. Suspensión de desahucios para familias sin alternativa habitacional, una medida que ha marcado la política social del Ejecutivo en los últimos años.
2. Bono social energético, que permite descuentos significativos en las facturas de electricidad para consumidores vulnerables.
3. Garantía de suministros esenciales, que impide el corte de agua, gas natural y electricidad a personas en situación de vulnerabilidad.
Estas medidas, según la ministra, reflejan el compromiso inquebrantable del Gobierno con las capas más desfavorecidas de la sociedad.
Beneficios para autónomos y afectados por catástrofes
El real decreto también contempla ayudas fiscales específicas para dos colectivos particulares. Por un lado, los pequeños autónomos recibirán beneficios tributarios que alivien su carga fiscal. Por otro, se establecen medidas para los ciudadanos afectados por los fenómenos meteorológicos adversos (DANA) y los incendios forestales ocurridos durante el pasado verano.
En relación con los incendios, el texto aprobado incluye una cotización adicional especial para agentes medioambientales y bomberos forestales, permitiéndoles acceder a la jubilación anticipada. La ministra ha reconocido el esfuerzo de estos profesionales, que se jugaron la vida para proteger nuestros pueblos, nuestros bosques, nuestras casas.
Medidas para el sistema sanitario
En el ámbito de la sanidad pública, se ha ampliado por un año más la posibilidad de que médicos de Atención Primaria, familia y pediatría puedan compatibilizar su pensión de jubilación con el ejercicio profesional. Esta medida, ya implementada en ejercicios anteriores, busca paliar la escasez de profesionales en estos servicios esenciales.
Lo hacemos porque creemos que es beneficioso y que además ha dado unos resultados muy favorables, ha argumentado la portavoz. Entre 2023 y 2025, más de 1.200 profesionales se han acogido a esta posibilidad, lo que demuestra su utilidad para mantener la cobertura asistencial.
Bases de cotización y protección de autónomos
El decreto recoge las bases de cotización actualizadas para 2026 del Sistema de Seguridad Social para trabajadores por cuenta ajena. En el caso de los autónomos, las cuotas se mantendrán sin cambios respecto a 2025.
La ministra ha explicado que la protección de los trabajadores por cuenta propia está indisolublemente unida a sus cotizaciones, que determinan directamente su cobertura social. Esta decisión llega después de que la titular de Seguridad Social tuviera que rectificar una propuesta de subida de cuotas que fue rechazada por la patronal de autónomos, partidos de la oposición e incluso socios del Gobierno.
Contexto y compromiso político
Estas medidas se enmarcan en la política de protección social del Ejecutivo, que busca reforzar el poder adquisitivo de los pensionistas y garantizar la cohesión social. La revalorización de las pensiones conforme al IPC es una práctica consolidada, pero los incrementos adicionales para las prestaciones mínimas y el IMV reflejan una apuesta explícita por la redistribución y la lucha contra la desigualdad.
La portavoz ha insistido en que estas decisiones demuestran la certeza que el Gobierno quiere transmitir a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. La combinación de subidas diferenciadas, extensión del escudo social y medidas específicas para colectivos afectados por emergencias configura un paquete integral de protección.
Impacto económico y social
El coste de estas medidas para las arcas públicas es considerable, pero el Ejecutivo justifica el gasto como una inversión en cohesión social y estabilidad económica. El refuerzo de las pensiones mínimas y el IMV tiene un efecto directo en la reducción de la pobreza severa, mientras que la extensión del escudo social previene situaciones de exclusión social extrema.
Para los pensionistas que perciben la cuantía media, el incremento de 570 euros anuales representa una mejora significativa en su capacidad de gasto. Para los beneficiarios de prestaciones mínimas, la subida del 7% o 11,4% puede marcar la diferencia entre llegar a fin de mes o caer en situación de precariedad.
Perspectivas de futuro
Con estas medidas, el Gobierno cierra el círculo de su política de protección para 2026, aunque ya se abren debates sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo. La ministra ha evitado entrar en cuestiones estructurales más allá de 2026, centrándose en el cumplimiento del compromiso adquirido con los ciudadanos.
La aprobación de este real decreto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, representa un paso más en la consolidación de un modelo de bienestar que prioriza la protección de los más vulnerables sin perder de vista la estabilidad presupuestaria.