El Parlament de Catalunya ha dado luz verde a un plan de trabajo para investigar a fondo la gestión de la antigua Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), ahora rebautizada como DGPPIA. La comisión, impulsada por PSC, ERC y Comuns y pactada con Junts, busca esclarecer las irregularidades y fallos estructurales ocurridos en la última década, especialmente tras el escándalo de la menor de 12 años violada y prostituida bajo custodia estatal.
La investigación abarcará desde 2011 hasta la actualidad, con un enfoque en la gestión política y técnica del organismo, el funcionamiento de los centros residenciales, los mecanismos de denuncia y supervisión, y la revisión de contratos con entidades colaboradoras. También se analizará la formación del personal y el seguimiento de menores extutelados, con el objetivo de proponer mejoras concretas al sistema de protección infantil.
El calendario inicial se extiende hasta el 31 de marzo de 2026, aunque puede ampliarse si es necesario para garantizar un informe completo y bien fundamentado. Aunque la comisión cuenta con el apoyo de todos los partidos, ha generado ciertas tensiones: algunos grupos critican que esté liderada por formaciones que han gobernado la conselleria de Drets Socials en los últimos años, como Junts y ERC, con Àngels Planas y Ana Balsera en las vicepresidencias, y Jordi Riba (PSC) en la presidencia.
Entre los más de 50 comparecientes figuran todos los consellers que han ocupado la cartera desde 2010: Josep Lluís Cleries, Neus Munté, Dolors Bassa, Chakir el Homrani, Violant Cervera, Carles Campuzano y la actual titular, Mònica Martínez Bravo. También serán citados directores generales y secretarios de la época.
En el ámbito académico, participarán expertos como Fina Sala (UAB), Núria Fuentes (UB) y M. Àngels Balsells (UdL), además del investigador irlandés Robbie Gilligan, referente internacional en protección infantil, y la catedrática Montserrat Gomà (UdG). La comisión se compromete a ir "hasta el final" para garantizar transparencia y responsabilidad.
Este proceso no solo busca esclarecer hechos pasados, sino también sentar las bases para un sistema más robusto, eficaz y centrado en los derechos de los menores. La sociedad catalana espera respuestas claras y acciones concretas que eviten que se repitan tragedias como la de la menor de 12 años.