Las intensas precipitaciones de los últimos días han desencadenado una nueva fase de crisis ecológica en la cuenca del río Jarama. Las aguas, cargadas de cenizas y lodos procedentes del devastador incendio del Pico del Lobo, están llegando hasta el embalse de El Vado —una de las principales fuentes de abastecimiento del Canal de Isabel II—, poniendo en riesgo la calidad del agua y la biodiversidad de la zona.
Los ríos Berbellido y Jaramilla, afluentes del Jarama, presentan un aspecto alarmante: sus aguas son de un color negro intenso, y sus orillas están cubiertas por gruesas capas de sedimentos quemados. Este fenómeno no solo es visualmente impactante, sino que tiene consecuencias graves para la vida acuática. El descenso drástico del oxígeno disuelto en el agua amenaza con extinguir especies ya vulnerables, como la trucha común, el mirlo acuático y diversos anfibios e invertebrados bentónicos que habitan estos cauces.
Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto en proyectos de conservación. El río Berbellido, precisamente, había sido seleccionado como uno de los puntos clave para la reintroducción del desmán ibérico, un mamífero semiacuático en peligro crítico de extinción. La contaminación actual pone en jaque estos esfuerzos de recuperación, que requieren ecosistemas limpios y estables.
Los expertos señalan que esta catástrofe era previsible. Tras la extinción oficial del incendio —declarada el 14 de octubre tras más de tres semanas de llamas y la pérdida de 3.000 hectáreas de bosque de alto valor ecológico—, no se tomaron medidas inmediatas para contener los residuos. La falta de diques de contención en los cauces que desembocan en los ríos Berbellido y Jaramilla ha permitido que las lluvias arrastren sin control la ceniza hacia el sistema hídrico.
La crítica también se dirige a las decisiones administrativas previas al incendio. Según denuncian trabajadores y sindicatos del GEACAM, la Junta de Castilla-La Mancha decidió reducir el dispositivo de prevención y extinción forestal antes de tiempo —antes del 30 de septiembre—, motivada por criterios económicos y no por la realidad climática. Esta decisión, en un contexto de sequía prolongada y temperaturas récord, se considera un error estratégico que pudo agravar el alcance del fuego.
Ecologistas en Acción ya ha iniciado la elaboración de un informe técnico detallado sobre las consecuencias ambientales del incendio y sus efectos secundarios. La organización exigirá la asunción de responsabilidades políticas y la implementación de planes de recuperación urgente, incluyendo la limpieza de cauces, la restauración de hábitats y la mejora de los protocolos de prevención ante futuros incendios.
Este caso subraya la necesidad de integrar la gestión forestal con la protección hídrica, especialmente en zonas que abastecen a grandes núcleos urbanos como Madrid. La falta de coordinación entre administraciones y la improvisación en la respuesta a desastres naturales pueden tener consecuencias que trascienden el ámbito ecológico y afectan directamente a la salud pública y al suministro de agua.