El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado los nuevos precios que regirán en las autopistas de peaje a partir del 1 de enero de 2026. La medida, publicada mediante una orden ministerial, establece incrementos diferenciados según la titularidad y gestión de cada vía, con alzas que oscilan entre el 2% y el 4,68%.
La decisión afecta a un extenso repertorio de autopistas estatales que operan bajo distintos modelos de gestión. Por un lado, se encuentran las vías concesionadas a empresas privadas; por otro, aquellas administradas directamente por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT). Cada grupo tiene un régimen tarifario específico, determinado por su marco legal y contractual.
Incrementos para las autopistas concesionadas
Las vías bajo concesión administrativa experimentarán las subidas más notables. La normativa contempla un ajuste que variará entre el 3,64% y el 4,68%, dependiendo de las particularidades de cada contrato. Este grupo incluye infraestructuras clave como la AP-6 (Madrid-Adanero), la AP-68 (Bilbao-Zaragoza), la AP-71 (León-Astorga) y varias secciones de la AP-7, entre otras.
La metodología de cálculo considera múltiples variables: el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC), los términos contractuales vigentes y la recuperación gradual de compensaciones aplicadas en ejercicios anteriores. Es precisamente este último factor el que explica buena parte del ajuste actual.
El contexto de las subvenciones temporales
A finales de 2022, ante una inflación desbordada, el ejecutivo implementó una ayuda extraordinaria para contener la escalada de precios. Esta medida limitó la subida de peajes al 4% en 2023, pero creó un diferencial que debía revertirse progresivamente. El compromiso adquirido establecía que esta compensación se eliminaría a finales de 2026, distribuyendo su coste de manera escalonada durante tres años.
Por este motivo, la subida de 2026 incorpora una parte de esa diferencia pendiente. De no haberse aplicado este mecanismo de amortiguación, el incremento real hubiera oscilado entre el 4,72% y el 5,86%, cifras considerablemente más elevadas para los usuarios. El Ministerio destinará 15 millones de euros en 2026 para financiar esta transición, acumulando más de 73 millones en subvenciones entre 2023 y 2025.
Autopistas gestionadas por SEITT: subida uniforme
Las vías dependientes de la SEITT tendrán un tratamiento homogéneo. La R-2, R-3, R-4, M-12, AP-36, AP-41 y la sección Cartagena-Vera de la AP-7 aplicarán un incremento del 2% para todas las categorías de vehículos. Este porcentaje se fijó en el Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 3 de diciembre, siguiendo criterios de estabilidad tarifaria.
Una característica destacada de este grupo es la gratuidad nocturna. Entre las 00:00 y las 06:00 horas, todos los días del año, los usuarios pueden transitar sin coste. Esta medida, que se mantiene vigente, beneficia especialmente al transporte de mercancías y a los desplazamientos nocturnos, reduciendo la carga económica para colectivos profesionales.
La AP-7 de Alicante se libera del peaje
Una noticia positiva para los conductores de la Comunidad Valenciana es la supresión del peaje en la circunvalación de Alicante. A partir de 2026, esta infraestructura dejará de ser de pago, convirtiéndose en una vía libre para todo tipo de vehículos. La medida, aprobada el 9 de diciembre de 2025, responde a una demanda histórica de la zona y alinea esta vía con el modelo de otras grandes ciudades.
Desglose por corredores y territorios
La red afectada abarca prácticamente todo el territorio nacional. En el norte, la AP-66 (Campomanes-León) y la AP-68 conectan comunidades clave. En el centro, la AP-6, AP-51 (Villacorta-Adanero) y AP-61 (San Rafael-Segovia) articulan los desplazamientos desde Madrid. En el este, la AP-7 une puntos estratégicos del litoral mediterráneo, mientras que en el sur, la conexión Málaga-Guadiaro mejora la movilidad andaluza.
Cada una de estas vías tiene una tarifa base diferente, por lo que el impacto económico real variará según el tramo y el tipo de vehículo. Los turismos soportarán incrementos menores que los transportes pesados, cuyas tarifas son superiores en términos absolutos.
Implicaciones para el usuario final
Los conductores deberán prepararse para un incremento acumulativo en sus desplazamientos habituales. Un viajero regular en la AP-6 entre Madrid y Segovia notará un ligero aumento en su gasto mensual, mientras que un transportista que use la AP-68 diariamente deberá recalcular sus márgenes operativos.
La recomendación oficial es planificar los trayectos, aprovechando los horarios gratuitos cuando sea viable. Para el transporte profesional, la franja nocturna representa una oportunidad de ahorro significativa, aunque requiere reorganizar logísticas y descansos.
Perspectiva de futuro y sostenibilidad
Esta actualización forma parte de una política de ajuste tarifario periódico que busca garantizar la viabilidad económica de las infraestructuras, al tiempo que protege al usuario de fluctuaciones bruscas. El modelo de subvenciones escalonadas demuestra una apuesta por la transparencia y la previsibilidad, evitando saltos repentinos en los precios.
El Ministerio ha insistido en que los ingresos extra servirán para el mantenimiento y mejora de las vías, asegurando niveles de seguridad y confort. En un contexto de transición hacia la movilidad sostenible, la conservación de estas infraestructuras resulta esencial para compatibilizar el transporte rodado con los nuevos modelos de desplazamiento.
Conclusiones prácticas para 2026
En resumen, el próximo año traerá consigo un encarecimiento generalizado de los peajes, con matices importantes. Las autopistas concesionadas tendrán subidas superiores, mientras que las de SEITT aplicarán un incremento moderado del 2%. La gratuidad nocturna se mantiene como un colchón de ahorro y la libre circulación en la circunvalación de Alicante supone un alivio para miles de usuarios.
La clave está en comprender que estos ajustes no son arbitrarios, sino el resultado de una compensación de medidas anteriores y de la evolución económica general. Los 15 millones de euros invertidos en amortiguar el impacto reflejan un equilibrio entre la sostenibilidad del sistema y la protección del bolsillo ciudadano.