La Comisión Europea está considerando una medida sin precedentes en el mercado inmobiliario: establecer topes de precios tanto para el alquiler como para la venta de viviendas en los países miembros. La propuesta, revelada por la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera, ha generado una ola de reacciones políticas y económicas en toda la Unión Europea.
Ribera, exvicepresidenta del Gobierno español y actual responsable de la transición ecológica y justa en Bruselas, hizo esta revelación durante una reunión de la comisión de Vivienda del Parlamento Europeo. En respuesta a una pregunta de la eurodiputada del Partido Popular, Maravillas Abadía, la comisaria afirmó que la intención de la UE es «proponer un precio mínimo y máximo para alquiler y venta de viviendas, acorde con las circunstancias nacionales». Según Ribera, esta medida responde a la necesidad de garantizar un acceso más justo y equilibrado a la vivienda, especialmente en contextos donde el mercado se ha descontrolado.
La propuesta, aún en fase de debate interno, no pretende imponer un precio único en toda Europa, sino adaptar los límites a la realidad económica y social de cada país. Esto implica que los Estados miembros tendrían cierta autonomía para definir sus propios rangos, siempre dentro de un marco común establecido por Bruselas. La idea busca evitar que los precios se disparen por encima de la capacidad adquisitiva de la población, especialmente entre los jóvenes y las familias de ingresos medios.
Sin embargo, la iniciativa ha encontrado fuerte oposición, especialmente desde el Partido Popular europeo. Los conservadores argumentan que el control de precios es una medida intervencionista que ha demostrado ser ineficaz en el pasado. En España, donde la fiscalidad sobre la vivienda es la más alta entre los países desarrollados, el PP advirtió que este tipo de políticas podrían distorsionar el mercado y desincentivar la inversión en vivienda asequible.
El eurodiputado Borja Giménez Larraz, también del PP, recordó que en el pasado, cuando Ribera ocupaba un cargo en el Gobierno español, se planteó una medida similar: limitar la compra de vivienda por extranjeros. Esa propuesta fue rechazada por la Comisión Europea, que señaló que violaba el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que garantiza la libre circulación de capitales y personas. Giménez Larraz expresó su preocupación de que esta idea resurja, ya que considera que atenta contra principios fundamentales del mercado único europeo.
Por su parte, Maravillas Abadía centró su intervención en el impacto social de la crisis de vivienda. Según ella, los jóvenes europeos enfrentan una combinación de desempleo, salarios bajos y, ahora, la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. «La emancipación —afirmó— se está convirtiendo en un privilegio, no en una etapa natural de la vida adulta». Para Abadía, cualquier solución debe abordar las causas estructurales del problema: la falta de construcción, la burocracia excesiva y la inseguridad jurídica para los promotores de vivienda asequible.
Mientras tanto, en España, el debate sobre la vivienda sigue en marcha. Este martes, los socios del Gobierno analizaron una proposición no de ley presentada por Sumar, que plantea medidas para mejorar el acceso a la vivienda, incluyendo la posibilidad de regular los precios en ciertos mercados. Aunque aún no hay consenso, la propuesta de la UE podría acelerar el debate nacional y forzar a los partidos a definir posiciones más claras.
La propuesta de topes de precios no es nueva en Europa. Países como Alemania y Francia ya han implementado medidas de control en ciertas ciudades, con resultados mixtos. En Berlín, por ejemplo, se intentó congelar los alquileres en 2020, pero la medida fue declarada inconstitucional en 2021. En París, se han establecido límites en zonas de alta demanda, aunque con efectos limitados debido a la evasión del mercado negro.
La Comisión Europea, consciente de estos precedentes, busca evitar errores del pasado. Por eso, su enfoque actual es más flexible: no se trata de imponer un control rígido, sino de establecer un marco de referencia que permita a los Estados miembros actuar con criterios objetivos. La idea es que los precios no se descontrolen, pero sin eliminar la competencia ni desincentivar la inversión.
En el fondo, lo que está en juego es el futuro del Estado del Bienestar europeo. Si los jóvenes no pueden acceder a una vivienda digna, el modelo social que ha caracterizado a Europa durante décadas corre peligro. Por eso, la propuesta de Ribera, aunque controvertida, responde a una necesidad real: garantizar que la vivienda no sea un lujo, sino un derecho.
El debate está abierto, y las próximas semanas serán clave para determinar si la UE avanza con esta medida o si, por el contrario, opta por alternativas menos intervencionistas. Lo que sí parece claro es que la crisis de vivienda ya no puede esperar más. Y que, como dijo Abadía, si queremos que el Estado del Bienestar siga siendo una realidad, debemos actuar sobre las causas estructurales —no solo sobre los síntomas.