Una joven polaca de 24 años, Julia Wandelt, ha sido declarada culpable por un tribunal británico de acosar a los padres de Madeleine McCann, la niña desaparecida en Portugal en 2007. Durante más de dos años y medio, entre 2022 y 2025, Wandelt contactó repetidamente con Kate y Gerry McCann, asegurando ser su hija desaparecida. Sus acciones incluyeron llamadas telefónicas, mensajes escritos y hasta una visita a su domicilio, generando un profundo impacto emocional en la familia.
Durante el juicio, Wandelt afirmó que no buscaba fama ni beneficio económico, sino que simplemente quería "saber quién era". Sin embargo, su comportamiento fue considerado como un acoso persistente y perturbador. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 2025, cuando realizó más de 60 llamadas en un solo día. En uno de sus mensajes de voz, dijo: "Sé que mi acento es polaco, sé que no soy tan bonita como lo era Madeleine, pero sé lo que recuerdo. Denme una oportunidad".
La joven, originaria de Lubin, Polonia, también publicó en Instagram afirmaciones sobre su identidad, lo que desencadenó una ola de especulaciones en redes sociales. Las autoridades británicas, tras realizar una prueba de ADN, confirmaron que no existe ningún vínculo biológico entre ella y la familia McCann.
El caso de Madeleine McCann sigue siendo uno de los más emblemáticos y trágicos de la última década. Desapareció en mayo de 2007, a los tres años, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano en el Algarve portugués. A pesar de intensas investigaciones internacionales y campañas globales, su paradero sigue siendo un misterio.
El fiscal destacó que una de las consecuencias más dolorosas para los padres ha sido el acoso constante derivado de teorías infundadas y personas que, sin empatía, alimentan el sufrimiento de la familia. La condena de Wandelt representa un intento de proteger a los McCann de este tipo de intrusiones, que han afectado profundamente su vida privada.
La otra acusada, Karen Spragg, fue absuelta por completo de los mismos cargos. El caso ha vuelto a poner en el centro del debate la necesidad de proteger a las víctimas de delitos y sus familias frente a la explotación mediática y el acoso digital.