El gobierno dominicano ha formalizado una decisión de gran calado en materia de seguridad regional al autorizar a Estados Unidos a hacer uso temporal de una base aérea militar y de un aeropuerto internacional para desarrollar operaciones dirigidas a combatir el narcotráfico en el Caribe. El anuncio fue realizado por el presidente Luis Abinader durante una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, celebrada este miércoles en Santo Domingo.
El acuerdo establece que las fuerzas armadas de Estados Unidos tendrán acceso a áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional Las Américas, ambas ubicadas en la zona metropolitana de Santo Domingo. Este acceso estará limitado exclusivamente a funciones de apoyo logístico, que incluyen el reabastecimiento de combustible para aeronaves de vigilancia y combate, el traslado de equipos tecnológicos especializados y el movimiento de personal militar y de agencias antidrogas involucrado en misiones contra el crimen organizado.
Durante su intervención, Abinader enfatizó que la medida responde a una necesidad estructural de reforzar los mecanismos de control que ya operan en el espacio aéreo y marítimo dominicano. "El propósito es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras fuerzas armadas, un refuerzo decisivo para evitar la entrada de narcóticos y asestar un golpe más contundente contra el crimen organizado transnacional", declaró el mandatario.
La visita de Hegseth a Santo Domingo se enmarca en una gira regional más amplia destinada a consolidar alianzas de seguridad con países clave del Caribe. La agenda se centró en ampliar las acciones conjuntas para interceptar los flujos de drogas ilícitas que transitan por las aguas y el espacio aéreo del mar Caribe, una de las rutas preferidas por los carteles para el trasiego de cocaína hacia mercados norteamericanos y europeos.
Este movimiento estratégico ocurre en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en la zona. En los últimos meses, la Marina de los Estados Unidos ha desplegado una flota significativa de buques de guerra en aguas caribeñas, justificando la medida como parte de una operación de gran envergadura destinada a interrumpir las cadenas de suministro de drogas ilícitas. Este despliegue incluye destructores, fragatas y embarcaciones de patrulla que patrullan rutas marítimas identificadas como puntos críticos para el narcotráfico.
La cooperación entre ambas naciones en materia de seguridad no es nueva, pero este acuerdo marca un escalón superior en términos de integración operativa. La Base Aérea de San Isidro, ubicada en la provincia de Santo Domingo, alberga la principal fuerza aérea del país y ha sido históricamente un punto de coordinación con agencias internacionales. Por su parte, el Aeropuerto Las Américas es el principal centro de conexiones aéreas del país, con más de 4 millones de pasajeros anuales, lo que lo convierte en un nodo estratégico para operaciones de escala rápida.
Expertos en seguridad regional consideran que esta iniciativa refleja la preocupación compartida por el aumento de las actividades de grupos criminales transnacionales que han diversificado sus métodos de operación. El Caribe ha experimentado un repunte en el uso de semisumergibles, drones de alta capacidad, rutas aéreas clandestinas y el aprovechamiento de contenedores comerciales para el transporte de cargamentos de cocaína y otros estupefacientes.
La decisión del gobierno dominicano también busca enviar un mensaje contundente a las organizaciones delictivas: la región no será un corredor seguro para sus actividades ilícitas. Al permitir el acceso a infraestructura militar de primer nivel, Santo Domingo se posiciona como un aliado activo y comprometido en la lucha contra el narcotráfico, alineándose de manera explícita con la política de seguridad hemisférica de Washington.
No obstante, la medida ha generado debate entre analistas políticos locales, académicos y sectores de la sociedad civil, quienes cuestionan las implicaciones de soberanía nacional y la transparencia en el uso del espacio militar por parte de una potencia extranjera. Algunas voces han planteado interrogantes sobre la duración exacta del permiso, los límites de la jurisdicción estadounidense en suelo dominicano y los mecanismos de rendición de cuentas. El gobierno ha respondido a estas inquietudes asegurando que las operaciones estarán coordinadas bajo estrictos protocolos bilaterales, que la conducción de las misiones seguirá dependiendo de las autoridades dominicanas y que cualquier actividad requerirá aprobación previa de las instancias locales.
El secretario Hegseth, por su parte, agradeció la disposición del gobierno dominicano y enfatizó que la colaboración fortalece la seguridad de ambas naciones de manera recíproca. "Esta alianza demuestra el compromiso mutuo de proteger nuestras fronteras y de garantizar que el Caribe siga siendo una región de paz, estabilidad y prosperidad para todos sus habitantes", indicó el funcionario.
La implementación del acuerdo comenzará de manera inmediata, con la expectativa de que las primeras operaciones conjuntas se desarrollen en las próximas semanas. Las autoridades no han detallado la duración exacta del permiso, pero han aclarado que es de carácter temporal y estará sujeto a evaluaciones periódicas sobre su efectividad en términos de incautaciones, desarticulación de redes y disuasión de actividades criminales.
El narcotráfico representa uno de los principales desafíos de seguridad para la República Dominicana, que ha visto aumentar de manera constante el decomiso de drogas en sus costas, puertos y aeropuertos. Solo en el último año, las autoridades han incautado varias toneladas de cocaína de alta pureza, han desarticulado células de tráfico internacional que utilizaban el territorio como plataforma de trasbordo y han detectado un incremento en el uso de embarcaciones rápidas y aeronaves de pequeño porte para el contrabando.
Con este nuevo marco de cooperación, ambos países esperan no solo incrementar las incautaciones de drogas y la detención de capos, sino también mejorar la inteligencia estratégica, el análisis de patrones de tráfico y la capacidad de respuesta ante las evoluciones del crimen organizado. La iniciativa se enmarca en una visión de seguridad compartida que prioriza la coordinación interinstitucional, el aprovechamiento de recursos técnicos avanzados como drones de vigilancia y sistemas de radar, y el intercambio de información en tiempo real entre agencias.
El Caribe, por su ubicación geográfica privilegiada entre los principales países productores de drogas de Sudamérica y los mercados de consumo del norte, sigue siendo una zona de alto interés para los carteles más poderosos. La proximidad con Venezuela, Colombia y otros países de la cuenca andina, combinada con la existencia de múltiples islas, atolones y pasos marítimos poco vigilados, crea un escenario propicio para el contrabando y exige una respuesta regional coordinada.
La decisión de Abinader refuerza la postura de su administración de combatir el crimen sin concesiones, una promesa central de su campaña electoral. La cooperación con Estados Unidos en materia de defensa se ha intensificado durante su mandato, con ejercicios militares conjuntos, programas de capacitación para las fuerzas armadas dominicanas y el fortalecimiento de la Armada de República Dominicana con embarcaciones y tecnología donada por Washington.
A medida que las operaciones se pongan en marcha, la comunidad internacional observará de cerca los resultados de esta alianza reforzada. El éxito del modelo podría sentar precedente para otros acuerdos similares en la región, donde países como Jamaica, Haití y las naciones de las Antillas Menores enfrentan desafíos comparables con el narcotráfico y buscan socios capaces de proporcionar apoyo técnico y logístico de alto nivel.