A solo días de la transición presidencial en Chile, un conflicto diplomático de magnitud inédita ha emergido como el tema central del ocaso del gobierno de Gabriel Boric y como el primer gran desafío para la administración de José Antonio Kast. La polémica gira en torno a la concesión de un cable submarino de fibra óptica que conectaría Valparaíso con Hong Kong, proyecto impulsado por la empresa China Mobile y que ha desatado las iras de Washington, marcando un capítulo complejo en las relaciones internacionales del país sudamericano.
El presidente saliente, quien entregará el mando el próximo 11 de marzo, ha mantenido una intensa agenda de cierre de mandato que incluye inauguraciones y visitas simbólicas por todo el territorio nacional. Entre sus últimas actividades figuran el anuncio de mejoras en el aeropuerto de Isla de Pascua, la puesta en marcha de un hospital en Licantén, la entrega de viviendas en la Región del Maule y la implementación de nuevos sistemas ferroviarios. Sin embargo, estas gestiones han quedado opacadas por la crisis desatada por el cable submarino chino, que ha capturado la atención mediática y política, convirtiéndose en el foco de debate nacional y generando incertidumbre sobre la estabilidad institucional.
El núcleo del problema radica en una decisión administrativa controvertida que ha puesto en tela de juicio los procedimientos del Estado. El 27 de enero, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, encabezado por Juan Carlos Muñoz, aprobó la concesión para el tendido del cable. No obstante, 48 horas después, el mismo gobierno retrocedió y anuló la autorización. Esta volubilidad ha generado cuestionamientos tanto en el ámbito internacional como en el político nacional, con críticas a la falta de consistencia en la toma de decisiones y a la ausencia de una evaluación de impacto geopolítico que debería ser estándar en proyectos de esta naturaleza.
La reacción de Estados Unidos no se hizo esperar y tomó por sorpresa a la diplomacia chilena. El Departamento de Estado, bajo el mando de Marco Rubio, emitió una declaración contundente el viernes 20 de febrero, donde anunció sanciones contra tres altos funcionarios chilenos vinculados directamente al proyecto. Las medidas incluyeron la revocatoria de visas y acusaciones formales de "socavar la seguridad regional" en el hemisferio occidental, un lenguaje inusualmente duro para un aliado tradicional y socio comercial clave que históricamente ha mantenido relaciones fluidas con Santiago.
El texto del comunicado estadounidense fue particularmente duro al señalar que "en su ocaso, el legado del Gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno". Esta declaración marcó un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y proyectó sombras sobre la gestión de política exterior del gobierno saliente, generando preocupación en el establishment político y empresarial sobre las consecuencias a mediano plazo.
La respuesta del gobierno chileno fue inmediata y buscó contener el daño diplomático. El canciller Alberto van Klaveren convocó a una conferencia de prensa desde La Moneda donde anunció el envío de una nota de protesta diplomática a Washington. Según información proporcionada por el embajador estadounidense Brandon Judd, las sanciones respondían directamente a la solicitud de autorización presentada por las empresas privadas al ministerio de Transporte, aunque los detalles exactos permanecen en discusión y han sido objeto de interpretaciones contradictorias por parte de distintos actores del gobierno.
El conflicto ha generado fricciones adicionales con la administración entrante, creando tensiones en un momento que requeriría coordinación y transparencia. El equipo de Kast ha expresado públicamente su malestar por la falta de información en el manejo del caso. Los voceros del próximo gobierno han denunciado que no recibieron datos completos sobre los antecedentes del proyecto, lo que dificulta la planificación de sus políticas futuras y genera incertidumbre sobre los lineamientos a seguir en materia de infraestructura crítica.
A medida que han trascendido más detalles, el gobierno de transición ha modificado su discurso inicial. La primera vocería, realizada ocho días antes de la reacción estadounidense, omitió información crucial que posteriormente salió a la luz, generando cuestionamientos sobre la gestión de la comunicación estratégica y la coordinación entre diferentes carteras del Estado, incluyendo Relaciones Exteriores y la Segpres, lo que evidenció fisuras en la gestión interministerial.
Este episodio pone de manifiesto las tensiones geopolíticas en torno a la infraestructura tecnológica crítica. Los cables submarinos de fibra óptica son componentes esenciales para la conectividad global, y su control ha sido objeto de creciente escrutinio por parte de potencias como Estados Unidos, particularmente cuando involucran a empresas chinas. La seguridad de las redes de telecomunicaciones se ha convertido en un pilar de la seguridad nacional en la era digital.
Para la administración de Kast, que asumirá en un contexto de mayor tensión internacional, este conflicto representa un desafío diplomático de primer orden. Deberá navegar entre la necesidad de mantener buenas relaciones con Washington, aliado histórico y principal socio comercial, y la posibilidad de explorar alianzas comerciales con China, uno de los principales socios económicos de Chile en las últimas dos décadas y destino clave para las exportaciones mineras.
El caso también ha puesto en tela de juicio los procedimientos de aprobación de proyectos de infraestructura crítica en Chile. La velocidad con la que se concedió y retiró la autorización sugiere fallas en los procesos de evaluación de riesgos y en la coordinación interinstitucional entre los ministerios involucrados, así como una posible falta de anticipación a las implicancias geopolíticas que tales decisiones conllevan en el actual contexto global de competencia por la hegemonía tecnológica.
Expertos en relaciones internacionales señalan que esta crisis podría tener consecuencias a largo plazo en la percepción de Chile como destino de inversiones en tecnología. La incertidumbre regulatoria y la vulnerabilidad a presiones externas podrían disuadir a futuros inversores, especialmente en sectores considerados sensibles desde el punto de vista de la seguridad nacional, afectando la competitividad del país en la economía digital global.
El presidente Boric, quien durante su mandato ha buscado una política exterior más autónoma y diversificada, enfrenta ahora el riesgo de que su legado quede asociado a una decisión diplomática controvertida. Mientras tanto, Kast debe preparar su estrategia para abordar las demandas de transparencia y definir su postura frente a la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, que compiten por influencia en la región latinoamericana.
La ceremonia de transición del próximo 11 de marzo tendrá como telón de fondo esta crisis, que condicionará las prioridades de la nueva administración en materia de telecomunicaciones, seguridad nacional y alianzas estratégicas. La resolución del conflicto del cable submarino chino será una prueba temprana de la capacidad de negociación del próximo gobierno y establecerá el tono de su relación con las principales potencias globales en los próximos cuatro años.