La República Popular de China ha lanzado una ofensiva sin precedentes contra las redes criminales que operan en el sudeste asiático, aplicando la pena de muerte a los líderes de organizaciones dedicadas al fraude telefónico y cibernético. Esta drástica medida refleja la determinación de Pekín de erradicar un problema que ha cobrado decenas de vidas y generado pérdidas millonarias.
En enero de este año, las autoridades chinas ejecutaron a once miembros del clan Ming, una de las familias más poderosas dedicadas a las estafas transfronterizas. El Tribunal Popular Intermedio de Wenzhou llevó a cabo las sentencias después de que el Tribunal Supremo rechazara los recursos de apelación presentados por los condenados. La decisión final se fundamentó en la "extrema gravedad" de los delitos cometidos, que incluyeron homicidio, secuestro, fraude masivo y explotación de centros de apuestas ilegales.
Los hechos que motivaron estas ejecuciones ocurrieron en la región de Laukkaing, una zona fronteriza en el norte de Myanmar que se ha convertido en un paraíso para el crimen organizado. Desde allí, la familia Ming dirigía una red de centros de estafa que generó más de 10,000 millones de yuanes, equivalentes a aproximadamente 1,221 millones de euros. Las víctimas directas de estas operaciones no fueron solo los miles de ciudadanos estafados, sino también al menos catorce nacionales chinos que perdieron la vida en manos de estos criminales.
La brutalidad de estos grupos quedó expuesta en las confesiones de Chen Dawei, miembro de la organización rival Wei. En una interrogatorio que circuló por los medios estatales, Chen describió sin remordimiento cómo su grupo seleccionó a un joven llamado Ma Moude entre los miles de personas secuestradas para una "ceremonia de iniciación". La víctima fue maniatada, obligada a arrodillarse y ejecutada de un disparo. Cuando los interrogadores le preguntaron sobre sus sentimientos después del asesinato, su respuesta fue desconcertante: "¿Hace falta sentir algo?".
Este testimonio revela la deshumanización que caracteriza a estas organizaciones, donde la vida humana no tiene valor y la violencia extrema es una herramienta de control cotidiana. Chen, quien aparece en las imágenes con el pelo rapado, tatuajes visibles y vestido con un chaleco azul, fue presentado en una silla de interrogatorio manchada con un líquido rojizo. Aunque las autoridades aseguran que su confesión fue voluntaria, la escena recuerda los métodos contundentes con los que China trata a quienes considera enemigos del Estado.
El surgimiento de estas mafias en Laukkaing tiene raíces históricas que se remontan a 2009, cuando el general Min Aung Hlaing, entonces comandante militar, lideró una operación que derrocó al caudillo local Peng Jiasheng y a su milicia, la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA). Esta victoria militar no solo consolidó el poder de Min Aung Hlaing -quien más tarde se convertiría en el líder de Myanmar tras el golpe de Estado de 2021-, sino que también creó un vacío de poder que fue ocupado por Bai Suocheng, un antiguo aliado de Peng que cambió de bando.
Bai Suocheng no solo estableció su control sobre la región, sino que también abrió las puertas a tres familias criminales chinas: los Ming, los Wei y los Liu. Juntos, transformaron Laukkaing de un pueblo olvidado en un emporio del crimen transnacional, construyendo complejos donde miles de personas eran retenidas contra su voluntad y obligadas a participar en estafas telefónicas y cibernéticas dirigidas principalmente a ciudadanos chinos.
El modus operandi de estas organizaciones era sofisticado y brutal. Reclutaban a jóvenes chinos con falsas promesas de empleo en el extranjero, para luego secuestrarlos y someterlos a condiciones de esclavitud moderna. En estos centros, las víctimas eran obligadas a realizar llamadas de estafa, crear perfiles falsos en redes sociales y manipular plataformas de inversión fraudulentas. Quienes se resistían o no cumplían con las cuotas eran sometidos a torturas, violencia sexual y, en casos extremos, asesinados.
La respuesta de China ha sido contundente. Más allá de las ejecuciones de la familia Ming, las autoridades han implementado una estrategia de cooperación internacional con Myanmar para desmantelar estos centros. Esta colaboración incluye operaciones policiales conjuntas, intercambio de inteligencia y presión diplomática. El objetivo es claro: demostrar que ningún ciudadano chino puede ser víctima de estos crímenes sin que haya consecuencias severas.
La aplicación de la pena capital en estos casos ha generado debate. Mientras que para el gobierno chino representa una herramienta necesaria de disuasión y justicia, organizaciones de derechos humanos han cuestionado el proceso legal y la falta de transparencia. Sin embargo, en el contexto de la política interna china, el mensaje es inequívoco: la protección de los ciudadanos nacionales justifica medidas extremas, incluso cuando se aplican fuera de sus fronteras.
La operación contra las mafias de Laukkaing forma parte de una campaña más amplia contra el crimen organizado que China ha intensificado en los últimos años. El gobierno ha utilizado esta lucha como elemento de legitimidad, presentándose como el protector de sus ciudadanos en un mundo globalizado donde las amenazas trascienden fronteras. La cobertura mediática estatal ha sido extensa, con detalles explícitos de los crímenes y las confesiones de los capturados, diseñada para generar rechazo público y apoyo a las medidas gubernamentales.
El futuro de Laukkaing y la región fronteriza sigue siendo incierto. Aunque las ejecuciones y arrestos masivos han debilitado a los clanes Ming, Wei y Liu, la estructura de corrupción y complicidad que permitió su existencia permanece en gran medida intacta. La crisis política en Myanmar, agravada por el golpe de Estado de 2021, ha creado condiciones propicias para que nuevos grupos criminales surjan y ocupen el vacío dejado por aquellos que han caído.
Para China, el desafío es mantener la presión sin involucrarse directamente en los asuntos internos de Myanmar, un país con el que mantiene relaciones complejas. La estrategia parece centrarse en la cooperación con las autoridades locales, combinada con acciones unilaterales cuando sea necesario, como las ejecuciones de ciudadanos chinos capturados y devueltos a territorio nacional.
La lucha contra las mafias del fraude en el sudeste asiático representa un nuevo capítulo en la proyección de poder de China más allá de sus fronteras. A través de acciones judiciales contundentes y una narrativa mediática cuidadosamente controlada, Pekín envía un mensaje claro a criminales y ciudadanos por igual: la protección estatal no conoce límites geográficos, y la justicia, bajo su interpretación, será implacable.