El invierno ha llegado con especial intensidad a Gipuzkoa, y con él, la difícil realidad de miles de hogares que miden cada minuto de calefacción. Más de 55.000 familias en el territorio sufren pobreza energética, una situación que, si bien ha mejorado en los últimos años, continúa presentando un rostro crudo para muchos ciudadanos. Ante esta circunstancia, las ayudas públicas se han convertido en un salvavidas indispensable para evitar situaciones de emergencia social.
Durante 2025, un total de 16.082 hogares guipuzcoanos han recibido el bono social térmico, una prestación diseñada para aliviar el coste de mantener las viviendas a temperaturas dignas durante los meses más duros. Esta cifra representa un incremento significativo del 25% desde 2021, cuando eran 12.852 las personas beneficiarias, revelando una tendencia al alza constante en la demanda de este tipo de apoyos que preocupa a las autoridades.
La dotación económica alcanzó los 4,3 millones de euros, gestionados directamente por el Gobierno Vasco a través del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. El reparto distingue entre dos niveles de vulnerabilidad: 10.821 personas en situación vulnerable y 6.081 en situación de vulnerabilidad severa, aunque la cifra total suma 16.902, lo que indica una pequeña discrepancia en los datos que podría deberse a hogares con múltiples beneficiarios o a errores de redondeo en las estadísticas oficiales.
El bono social térmico es una ayuda directa del Ministerio para la Transición Ecológica que no requiere solicitud expresa por parte de los ciudadanos. Se concede automáticamente a todos los beneficiarios del bono social eléctrico al 31 de diciembre del año anterior. Su objetivo es claro y específico: reducir la factura asociada a la calefacción, agua caliente sanitaria y cocina en los hogares con menos recursos económicos.
El contexto meteorológico ha exacerbado considerablemente la situación. La primera semana de 2026 registró un aumento en la demanda de gas del 49% comparado con el mismo periodo del año anterior, según datos facilitados por la compañía Nortegás. Este pico de consumo coincide con las bajas temperaturas que han azotado la región, obligando a muchas familias a elegir entre mantener el calor y afrontar otros gastos básicos como alimentación o medicamentos.
Más allá de la ayuda estatal, Cruz Roja desempeña un papel complementario crucial en el territorio. En 2025 distribuyó 296 kits de eficiencia energética en Gipuzkoa, equipados con bombillas LED, burletes para puertas y ventanas, temporizadores y, en algunos casos, edredones de abrigo. Esta iniciativa, financiada con 101.658 euros del Gobierno Vasco, busca reducir el consumo desde la raíz y educar a las familias en hábitos más sostenibles.
Además, la organización humanitaria otorga una prestación anual de 500 euros por familia, ampliable hasta 1.000 euros según la valoración individual del caso y la gravedad de la situación. Esta ayuda directa pretende evitar los cortes de suministro por impago, una situación que puede dejar a las familias sin calefacción en pleno invierno y generar problemas de salud pública.
El encarecimiento de las tarifas energéticas ha sido uno de los principales factores que han empujado a más hogares a esta situación de vulnerabilidad. La combinación de precios elevados en el mercado, la inflación generalizada y una climatología adversa crea un escenario perfecto para la crisis energética doméstica que afecta a los estratos más pobres de la población.
La pobreza energética no solo se mide en números fríos o estadísticas. Se traduce en niños estudiando con abrigo en casa, en familias que cenan temprano para ahorrar luz, en ancianos que pasan frío por miedo a la factura. Las administraciones forales y el Gobierno Vasco han intensificado los esfuerzos, pero la demanda sigue creciendo de forma preocupante.
El sistema de ayudas, aunque robusto y bien estructurado, enfrenta el desafío de llegar a todos los necesitados. La automatización del bono social térmico facilita el acceso, pero depende de estar previamente incluido en el bono eléctrico. Por su parte, la intervención de Cruz Roja permite un seguimiento más personalizado, identificando casos extremos que requieren una atención especializada y urgente.
La tendencia al alza en las solicitudes de ayuda energética refleja una realidad social compleja y multifactorial. Mientras Gipuzkoa avanza en políticas de transición ecológica y eficiencia energética, el presente exige soluciones inmediatas para quienes ya no pueden esperar. Los 4,3 millones de euros del bono térmico y los más de 100.000 euros en kits de eficiencia representan un esfuerzo significativo, pero la persistencia de 55.000 familias en pobreza energética indica que queda mucho camino por recorrer.
El invierno no perdona, y las ayudas se han convertido en una herramienta de supervivencia básica para miles de guipuzcoanos. La coordinación entre administraciones y entidades sociales será clave para afrontar los retos futuros, especialmente ante un escenario climático que promete ser cada vez más exigente y volátil.