En una comparecencia clave ante el Tribunal Supremo, el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, ha desvelado detalles cruciales sobre la filtración de datos reservados relacionados con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su testimonio apunta a un claro dominio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre la información y su posterior divulgación a medios de comunicación.
Balas, como perito en el caso, ha asegurado que la Fiscalía General del Estado fue la única institución que tuvo acceso completo al expediente tributario y a la denuncia contra el empresario Alberto González Amador antes de que estos documentos aparecieran en el diario.es. En ese momento, ni siquiera la Fiscalía Superior de Madrid, liderada por Almudena Lastra, contaba con toda la documentación necesaria.
El alto mando de la UCO ha subrayado que todos los datos filtrados textualmente ya estaban en poder de la Fiscalía General. Esta afirmación se basa en un análisis exhaustivo de los flujos de información y en las comunicaciones internas entre las distintas fiscalías. Según Balas, fue Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica y mano derecha de García Ortiz, quien solicitó directamente a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, la documentación completa el 7 de marzo de 2024. Ambos fueron imputados, aunque el caso contra ellos fue archivado por el Tribunal Supremo, que consideró que actuaron bajo órdenes superiores.
Uno de los puntos más reveladores de su declaración fue la gestión de la nota de prensa emitida por la Fiscalía Superior de Madrid el 14 de marzo de 2024. Balas ha dejado claro que la iniciativa y el control de esa nota partieron directamente del fiscal general. “No sé si lo sabían la fiscal superior o la fiscal provincial. A la fiscal provincial le sorprende”, afirmó el teniente coronel, destacando la desconexión entre niveles jerárquicos.
Además, Balas ha señalado que la única fuente que publicó datos concretos del correo confesional de la defensa de González Amador fue la Cadena Ser. En ese correo, se reconocía que se habían cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. El perito ha señalado como “curioso” que el periodista Miguel Ángel Campos, de la Cadena Ser, llamara esa misma noche a García Ortiz, lo que sugiere una comunicación previa y coordinada.
La UCO ha destacado que la filtración no fue casual, sino estratégica y controlada. El contenido de la información, su momento de publicación y el medio elegido apuntan a una intención deliberada de influir en la opinión pública. Balas ha insistido en que la Fiscalía General del Estado tenía el conocimiento previo de cómo y cuándo se iba a publicar la nota, lo que refuerza la idea de un manejo centralizado de la información.
Este caso ha generado un intenso debate sobre la independencia de la Fiscalía y el uso de la información reservada con fines políticos. La declaración de Balas no solo pone en evidencia la estructura de poder dentro del Ministerio Público, sino que también plantea serias dudas sobre la transparencia y la ética institucional.
En resumen, el testimonio del teniente coronel Balas ofrece una visión detallada de cómo se orquestó la filtración de datos sensibles, con el fiscal general como figura central. Su declaración podría tener consecuencias importantes en el desarrollo del juicio y en la percepción pública de las instituciones judiciales en España.