Capturan a Maduro en Caracas y lo trasladan a EE.UU.

La madrugada del sábado estuvo marcada por un episodio de alcance histórico en las relaciones internacionales de Latinoamérica. Fuerzas especiales estadounidenses ejecutaron una operación sorpresa en la capital venezolana que culminó con la captura de Nicolás Maduro, quien gobernaba el país caribeño desde 2013. El mandatario fue inmediatamente trasladado a territorio norteamericano, donde enfrentará un proceso judicial por presuntos delitos de narcoterrorismo.

El operativo, que se desarrolló en las primeras horas del día, involucró un despliegue aéreo que sorprendió a las defensas venezolanas. Desde la base naval de Guantánamo, un avión Boeing 757 transportó al líder bolivariano hasta Nueva York, donde aterrizó en un helipuerto de Manhattan. Los protocolos de seguridad fueron extremos: una caravana de vehículos policiales escoltó el traslado de Maduro desde el punto de aterrizaje hasta una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga (DEA), donde se inició su procesamiento.

Tras las formalidades iniciales, Maduro fue llevado en helicóptero hasta el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, un centro penitenciario de máxima seguridad donde permanecerá recluido durante el desarrollo del proceso legal. Las autoridades estadounidenses han mantenido hermetismo sobre los detalles específicos de la operación, aunque fuentes oficiales confirmaron que la acción contó con inteligencia precisa y coordinación interinstitucional.

La noticia generó una cascada de reacciones en toda la región. El gobierno de Brasil fue uno de los primeros en posicionarse de manera tajante. A través de la viceministra de Relaciones Exteriores, María Laura da Rocha, Brasilia anunció que reconoce a Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, como la autoridad interina del país. Esta decisión implica un respaldo institucional que podría tener implicaciones diplomáticas de largo alcance. Da Rocha también adelantó la convocatoria de una reunión ministerial extraordinaria de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) para este domingo, con el objetivo de articular una respuesta regional coordinada.

El propio presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no ocultó su indignación. En declaraciones públicas, calificó la intervención militar estadounidense como una afrenta gravísima a la soberanía venezolana y latinoamericana. Lula instó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a emitir una respuesta contundente y reiteró que Brasil permanece abierto al diálogo como vía para resolver conflictos. Su postura refleja una línea diplomática que prioriza el principio de no intervención en asuntos internos de otros estados.

En la frontera occidental, Colombia movilizó sus fuerzas armadas ante la incertidumbre regional. El presidente Gustavo Petro ordenó el despliegue de tanquetas blindadas y tropas especializadas en los pasos fronterizos clave con Venezuela. La medida, justificada como precautoria, busca garantizar la seguridad nacional ante posibles desbordamientos del conflicto. Petro, líder de izquierdas, denunció la operación estadounidense como un ataque a la soberanía de América, utilizando un lenguaje similar al de su homólogo brasileño.

La respuesta de Washington no se hizo esperar. El presidente Donald Trump, artífice de la política de máxima presión contra el régimen venezolano, lanzó una advertencia directa a Petro mediante sus canales oficiales. El mandatario estadounidense le recomendó a su colega colombiano que "cuidara su trasero", en una expresión que refleja la tensión creciente entre ambas administraciones. Esta declaración exacerba las fricciones diplomáticas y pone en riesgo la cooperación bilateral en múltiples frentes.

Desde el Caribe, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, destacó el papel estratégico de la isla en las operaciones de inteligencia y logística del hemisferio. Aunque el texto original no detalla sus declaraciones completas, su intervención subraya la relevancia geopolítica del territorio estadounidense en la región. Puerto Rico ha servido históricamente como plataforma para operaciones de vigilancia y control del tráfico de drogas hacia el mercado norteamericano.

El caso judicial contra Maduro se sustenta en acusaciones de narcoterrorismo, un delito que combina actividades ilícitas de tráfico de sustancias con fines terroristas. Las autoridades estadounidenses han investigado durante años los vínculos del alto gobierno venezolano con organizaciones criminales. La presentación formal de cargos ante un tribunal federal de Nueva York marcará un precedente sin precedentes: nunca antes un jefe de Estado en ejercicio había sido detenido y procesado de esta manera por una potencia extranjera.

La situación genera interrogantes sobre el futuro político de Venezuela. Con Delcy Rodríguez al frente de manera interina, el chavismo debe reorganizarse rápidamente para mantener el control institucional. Sin embargo, la legitimidad interna del gobierno podría verse socavada por la ausencia de su líder máximo. La oposición venezolana, liderada por figuras como Edmundo González Urrutia, ha guardado prudencia en sus primeras reacciones, aunque se esperan pronunciamientos en las próximas horas.

El contexto regional es complejo. La CELAC busca consolidarse como un foro de concertación independiente de la influencia estadounidense, pero este evento pone a prueba su cohesión. Países como México, Argentina y Chile aún no se han pronunciado oficialmente, pero se espera que la reunión convocada por Brasil defina una postura común. La división entre gobiernos de izquierda que condenan la intervención y otros que podrían apoyarla en silencio refleja las fracturas ideológicas de la región.

La comunidad internacional observa con preocupación. La ONU, a través de su Secretaría General, enfrenta la presión de emitir una condena o justificación según el derecho internacional. Expertos en derecho constitucional cuestionan la legalidad de una operación militar en territorio soberano sin autorización del Consejo de Seguridad. Sin embargo, Estados Unidos podría argumentar que los delitos de narcoterrorismo justifican la acción bajo tratados bilaterales de lucha contra el crimen organizado.

La economía venezolana, ya debilitada por años de sanciones y crisis estructural, podría sufrir nuevos embates. La incertidumbre política afecta la producción petrolera, principal fuente de ingresos del país. Los mercados internacionales reaccionaron con volatilidad al petróleo venezolano, mientras que el bolívar se depreció en las transacciones paralelas. La población civil, agobiada por la hiperinflación y la escasez, teme un agravamiento de la crisis humanitaria.

En el plano militar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) emitió un comunicado en el que reafirmó su lealtad a la Constitución y al nuevo mando civil encabezado por Delcy Rodríguez. No obstante, se desconoce el grado de cohesión interna de las fuerzas armadas, cuyos altos mandos han sido objeto de sanciones individuales por parte de Washington. Una fractura en la institución militar podría desencadenar escenarios de violencia interna.

La operación estadounidense también tiene implicaciones para la política interna de Donald Trump. El presidente republicano cumple así una de sus promesas de campaña más controvertidas: llevar ante la justicia a líderes extranjeros acusados de narcotráfico. Este logro podría fortalecer su posición ante su base electoral, aunque también le expone a críticas por violar principios de soberanía que tradicionalmente han guiado la política exterior estadounidense.

El futuro inmediato dependerá de tres factores: la reacción de la FANB, la cohesión del chavismo sin Maduro y la respuesta regional coordinada. Si la CELAC logra una posición unificada, podría presionar diplomáticamente a Washington. Por el contrario, si las divisiones internas debilitan a Venezuela, el país podría enfrentar un período de transición incierto. La captura de un jefe de Estado mediante una operación militar extranjera abre un capítulo sin precedentes en el derecho internacional contemporáneo.