Las grandes corporaciones españolas con inversiones en Venezuela afrontan un panorama de absoluta incertidumbre tras la reciente intervención militar de Estados Unidos en el país caribeño y la detención del presidente Nicolás Maduro. Los principales integrantes del Ibex 35, entre los que destacan Repsol, Telefónica, BBVA, Inditex, Mapfre e IAG, ven comprometidos sus planes estratégicos en la región, ya sea para mantener su presencia o para ejecutar una salida ordenada. La estrategia actual se resume en una única consigna: esperar y ver cómo evoluciona la turbia situación política y económica tras el golpe de Estado promovido por Donald Trump.
La complejidad de la situación radica no solo en la volatilidad política, sino también en las implicaciones legales y comerciales que una transición forzada conlleva. Las empresas españolas han construido relaciones comerciales durante décadas, adaptándose a sucesivas crisis y sanciones internacionales. Sin embargo, la intervención directa de Washington introduce una variable impredecible que podría redefinir las reglas del juego por completo. La comunidad empresarial española teme que los acuerdos bilaterales históricos queden desplazados por los intereses unilaterales de la potencia norteamericana.
Repsol, la más expuesta
La petrolera española encabeza la lista de empresas con mayor exposición al territorio venezolano. Con más de treinta años de operaciones ininterrumpidas, su actividad ha estado marcada por constantes vaivenes, especialmente durante la última década de crisis institucional. Actualmente, la compañía mantiene su producción de hidrocarburos mientras aguarda definiciones sobre el futuro político, pero su principal preocupación radica en el cobro de una deuda millonaria que el Estado venezolano mantiene pendiente.
El interés de Trump por el petróleo venezolano es público y notorio. El mandatario ha manifestado abiertamente su deseo de que las empresas energéticas de su país participen en la explotación de las mayores reservas petroleras del planeta, superiores incluso a las de Arabia Saudita. Esta circunstancia podría abrir una oportunidad para Repsol, que desde 1993 desarrolla proyectos de exploración y producción en la zona, posicionándose como potencial aliada de las corporaciones norteamericanas en un eventual escenario de cooperación.
La actividad de Repsol en Venezuela se concentra fundamentalmente en el gas natural, representando el 85% de su producción local. Con un volumen de 70.500 barriles equivalentes diarios -cifra superior a los 65.000 registrados en 2024-, este gas se destina casi exclusivamente al consumo interno venezolano, resultando crucial para el sostenimiento del sistema eléctrico nacional. Además, Venezuela alberga la segunda mayor reserva de hidrocarburos de la compañía, con 256 millones de barriles probados, equivalentes al 15% del total corporativo, solo superada por las 753 millones de barriles que posee en territorio estadounidense.
La importancia estratégica de estas operaciones trasciende lo puramente económico. El gas producido por Repsol en Venezuela es esencial para la estabilidad energética de varias regiones del país, lo que convierte a la empresa en un actor clave en cualquier negociación post-conflicto. Esta posición podría ser una ventaja o una desventaja, dependiendo de cómo el nuevo gobierno -bajo influencia estadounidense- decida estructurar las concesiones energéticas. La experiencia de Repsol en el manejo de campos maduros y su tecnología para extracción eficiente la hacen valiosa, pero también vulnerable a expropiaciones o renegociaciones forzadas.
El cese de pagos en especie
Hasta finales del año pasado, Venezuela saldaba sus obligaciones con Repsol mediante entregas de crudo, mecanismo que permitía a la española exportar ese petróleo hacia sus refinerías ibéricas. Sin embargo, esta práctica se detuvo abruptamente cuando la Administración Trump revocó los permisos especiales que autorizaban a varias petroleras internacionales, entre ellas Repsol, a comercializar crudo y derivados en asociación con PDVSA, la estatal venezolana.
Esta medida dejó a Repsol sin su vía tradicional de cobro y sumió en el limbo las negociaciones sobre los 900 millones de euros que el país adeuda a la corporación española. La incertidumbre se agrava con la posibilidad de que el nuevo escenario político genere cambios en la estructura de propiedad de los recursos energéticos. Los analistas financieros advierten que esta deuda podría convertirse en prácticamente irrecuperable si no se establece rápidamente un marco legal claro que proteja los derechos de los acreedores internacionales. La complejidad se incrementa porque buena parte de esta deuda está documentada en instrumentos financieros que podrían quedar anulados por decreto gubernamental.
Impacto en otros sectores
Mientras Repsol lidera las preocupaciones por el volumen de sus activos, otras empresas españolas también enfrentan riesgos significativos. Telefónica ha invertido millones en infraestructura de telecomunicaciones que ahora depende de la estabilidad regulatoria de un gobierno en transición. Cualquier cambio en las políticas de comunicación o en los aranceles podría afectar seriamente su rentabilidad. La compañía española es líder en el mercado móvil venezolano y cualquier nacionalización o cambio en las licencias sería devastador.
El sector bancario, representado por BBVA, mantiene exposición crediticia y opera una red de servicios financieros que podría verse afectada por controles cambiarios drásticos o nacionalizaciones. Por su parte, Mapfre, con importante cartera de seguros, teme una escalada de siniestralidad y devaluación que comprometa sus reservas. La volatilidad cambiaria ya ha generado pérdidas contables importantes en años anteriores.
En el ámbito del consumo, Inditex opera tiendas en un mercado donde el poder adquisitivo ya estaba severamente debilitado. Una crisis política adicional podría derrumbar las ventas y poner en riesgo su cadena de suministro local. Finalmente, IAG, a través de sus rutas aéreas, enfrenta restricciones de espacio aéreo y una caída drástica del turismo. La suspensión de operaciones aéreas ya ha generado pérdidas millonarias durante períodos anteriores de inestabilidad.
Perspectivas y estrategia de espera
Frente a este contexto, las empresas españolas han adoptado una postura cautelosa. No existen anuncios formales de retirada, pero tampoco se prevén nuevas inversiones hasta que no se clarifique la situación. El sector financiero, con BBVA y Mapfre, teme represalias y cambios en la regulación cambiaria. El retail, representado por Inditex, observa nervioso el consumo interno. Telefónica, con importantes inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, evalúa la estabilidad regulatoria.
El escenario ideal para las empresas españolas sería una transición ordenada que garantice la seguridad jurídica de las inversiones existentes. Sin embargo, el discurso de Trump sobre "América primero" y su intención de que las compañías de su país lideren la explotación petrolera genera dudas sobre el papel que podrían desempeñar los actores europeos. La posibilidad de que se impongan aranceles preferenciales para las empresas estadounidenses o se restrinjan las operaciones de las europeas es una preocupación real.
Las fuentes corporativas consultadas prefieren no hacer declaraciones públicas, limitándose a señalar que "monitorean la situación de cerca". Esta cautela refleja la experiencia acumulada tras años de sanciones escalonadas y tensiones diplomáticas. No obstante, la intervención militar supone un punto de inflexión que excede cualquier escenario previo. Los consejos de administración de estas empresas han activado protocolos de crisis y contratado asesoría legal especializada en derecho internacional.
Conclusión
La captura de Maduro y la intervención estadounidense han convertido a Venezuela en un caso de estudio sobre los riesgos geopolíticos para la inversión corporativa. Las empresas españolas, con décadas de presencia en el país, se encuentran atrapadas entre el mantenimiento de sus operaciones y la presión de un contexto internacional cada vez más complejo. La próxima semana será decisiva para definir si Venezuela se convierte en una oportunidad renovada o en un capítulo cerrado para el capital español.
La lección para los inversores internacionales es clara: la estabilidad política es el activo más valioso en mercados emergentes. Sin un marco predecible, ni siquiera las relaciones comerciales más antiguas pueden garantizar la protección de los intereses corporativos. España, con su histórica vinculación con Latinoamérica, deberá ejercer toda su capacidad diplomática para salvaguardar los legítimos intereses de sus empresas en esta nueva etapa venezolana. El éxito de estas gestiones determinará el futuro de miles de millones de euros en inversiones y el destino de cientos de empleos directos e indirectos.