La situación política en Guinea Bissau ha dado un giro drástico tras la toma de poder por parte de las fuerzas armadas este pasado miércoles. El Alto Comando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público, nombre con el que se autodenomina la junta, ha designado al general Horta N'ta —hasta ahora máximo responsable del Estado Mayor— como nuevo líder del Ejecutivo para gestionar una transición que, según sus propias palabras, protegerá la democracia y la estabilidad política del país.
En una medida contundente, la junta ha decretado la prohibición total de manifestaciones, huelgas y cualquier actividad que pueda alterar la paz ciudadana. Esta decisión, comunicada a través de los canales oficiales, refuerza el control militar sobre la vida pública y limita las libertades fundamentales de los ciudadanos guineanos. La medida entra en vigor de inmediato y se suma a un paquete de restricciones que buscan consolidar la autoridad de los nuevos gobernantes de facto.
El nombramiento del general N'ta se produjo este viernes, y en cuestión de horas ya había designado a su primer ministro. Se trata de Ilídio Vieira Té, un exministro con experiencia en la administración pública, quien asumirá la difícil tarea de pilotar el país en medio de una crisis institucional sin precedentes recientes. La composición del nuevo gabinete aún no ha sido revelada por completo, aunque se espera que incluya figuras cercanas al sector militar.
El destino del presidente derrocado
Mientras tanto, el hasta ahora mandatario Umaro Sissoco Embaló ya se encuentra en territorio senegalés. Según confirmó el Ministerio de Integración Africana y Asuntos Extranjeros de Senegal, tras intensas negociaciones con los distintos actores involucrados en la crisis, el gobierno de Dakar organizó un vuelo especial para trasladar al presidente depuesto desde la capital guineana. "Esto permitió que el presidente Umaro Sissoko Embaló llegara sano y salvo a Senegal", reza el comunicado oficial, que no ha especificado las condiciones exactas de su salida del país.
Embaló permaneció detenido durante casi dos días, en un confinamiento que también afecta a otros altos mandos militares leales a su gobierno. El general Biaguê Na N'tam y el teniente general Mamadu Turé permanecen arrestados, aunque no se han dado detalles sobre su paradero ni las acusaciones que se les imputan. Su situación refleja la tensión dentro de las propias filas castrenses, divididas entre lealtades al antiguo régimen y al nuevo orden establecido.
La comunidad internacional reacciona con firmeza
La condena global ha sido unánime. El secretario general de las Naciones Unidas, António Costa, no ha dudado en calificar el golpe como una violación flagrante de los principios democráticos. "Todo desprecio a la voluntad del pueblo constituye una violación inaceptable de los principios democráticos", declaró Costa, exigiendo la "restauración inmediata e incondicional del orden constitucional" en Guinea Bissau.
Por su parte, la Comisión Europea ha expresado su profunda preocupación por el derrocamiento del gobierno democráticamente elegido. A través de su portavoz, Anouar El Anouni, Bruselas ha instado a los militares a regresar a sus cuarteles y permitir que el proceso electoral iniciado el pasado domingo llegue a su término legal. "El recuento de votos debería continuar dentro de lo previsto y los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas deberían ser respetados por todas las partes", ha subrayado el representante comunitario.
Medidas de la junta y situación en la capital
Paralelamente a las restricciones sobre las libertades públicas, la junta ha anunciado la reapertura inmediata de escuelas, centros de formación, mercados y comercios. Esta decisión, difundida por la televisión pública, busca normalizar la vida cotidiana y ganar apoyo popular. Además, el toque de queda nocturno establecido entre las 19:00 y las 6:00 horas quedará sin efecto a partir de este viernes, una medida que reduce las restricciones de movimiento impuestas inicialmente.
En Bisáu, la capital, el despliegue militar es evidente. Unidades armadas han ocupado puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo edificios gubernamentales, cruces principales y accesos a la zona portuaria. La presencia de soldados en las calles mantiene una tensa calma, con ciudadanos que prefieren permanecer en sus hogares mientras se clarifica la situación política.
El contexto electoral que desencadenó la crisis
El golpe se produjo en un momento crítico: la víspera de la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo. En esa jornada electoral se enfrentaban el propio Embaló, que buscaba la reelección, y el candidato de la oposición Fernando Dias. La incertidumbre se acrecentó cuando ambos contendientes se autoproclamaron vencedores antes de que la comisión electoral terminara el recuento oficial, generando tensiones y acusaciones mutuas de fraude.
Este clima de confrontación, sumado a las tradicionales divisiones étnicas y políticas del país, habría sido el detonante para la intervención militar. Los uniformados justificaron su acción como necesaria para evitar un estallido social y garantizar la seguridad nacional, aunque los analistas internacionales ven en el movimiento un intento de perpetuarse en el poder.
Una historia de inestabilidad crónica
Guinea Bissau no es ajena a los golpes de Estado. Desde que obtuvo la independencia de Portugal en 1974, el país ha experimentado cuatro derrocamientos militares exitosos en 1980, 1998/99, 2003 y 2012, además de numerosos intentos frustrados. Esta recurrente inestabilidad ha condenado a la nación a la pobreza, la inseguridad y el aislamiento internacional, convirtiéndola en uno de los territorios más frágiles del continente africano.
La economía, basada principalmente en la agricultura de subsistencia y el tráfico de drogas —el país es un importante corredor para el narcotráfico hacia Europa—, no ha logrado despegar. La corrupción endémica y la debilidad institucional han favorecido que los militares vean en la intervención política una práctica recurrente y, para muchos, normalizada.
Perspectivas de futuro inciertas
La comunidad internacional mantiene su postura de no reconocimiento al régimen militar y exige el retorno al orden constitucional. Sin embargo, la capacidad de presión efectiva sobre los golpistas es limitada, dado el historial de impunidad de los anteriores levantamientos. La estabilidad de la región de África Occidental, ya sacudida por recientes golpes en Mali, Burkina Faso y Níger, se ve nuevamente amenazada por este nuevo capítulo de violencia institucional.
Los ciudadanos guineanos, por su parte, viven con incertidumbre. Mientras algunos celebran la caída de un gobierno que consideraban corrupto, otros temen las consecuencias de un nuevo período de dictadura militar. La prohibición de manifestaciones cierra la válvula de escape democrática, dejando al país a merced de las decisiones unilaterales de los uniformados.
La próxima semana será crucial para determinar si la junta cede ante la presión diplomática o se consolida en el poder, sumiendo a Guinea Bissau en otro ciclo de autoritarismo y aislamiento internacional. Mientras tanto, el mundo observa con preocupación cómo otra democracia africana se desmorona bajo el peso de las botas militares.