La ministra de Sanidad, Mónica García, afronta una de las crisis más significativas de su gestión. La huelga general convocada por los médicos españoles, que comenzó ayer y se extenderá hasta el viernes, marca el inicio de un ciclo de movilizaciones que se repetirá mensualmente hasta junio. Esta protesta, considerada la más contundente desde las movilizaciones de 1995 contra el gobierno de Felipe González, pone en el centro del debate las condiciones laborales del colectivo sanitario y el futuro del Sistema Nacional de Salud.
El conflicto surge del Anteproyecto del Estatuto Marco, una normativa que tras más de dos décadas sin actualización, ha despertado la indignación del sector médico. Los profesionales consideran que el texto ignora las demandas históricas de un colectivo que ha sido pieza fundamental durante la pandemia y en la gestión diaria de la salud pública.
Las reivindicaciones son claras y contundentes. El colectivo médico exige la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, la limitación de las guardias a 17 horas, el reconocimiento efectivo de los años de formación especializada y la consideración del alto grado de responsabilidad inherente a la profesión. Además, solicitan la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada y, en esencia, un marco legal propio que «recoja todas nuestras singularidades», tal como se coreó en la manifestación del pasado sábado.
Desde la Plataforma de la Organización de Pacientes (POP) ya advierten de las consecuencias: las cancelaciones de citas podrían superar las 450.000 durante esta primera semana de protestas. Solo en Baleares, el primer día de huelga dejó más de 2.000 citas anuladas, un anticipo del impacto que tendrá esta movilización en la atención sanitaria ordinaria.
La ministra García, visiblemente incómoda con la situación, ha defendido su postura en múltiples intervenciones mediáticas. Sus argumentos se centran en que las reivindicaciones materiales dependen de un marco global y que no puede incorporar demandas que «invaden competencias» de otras administraciones o contravienen normativas existentes. Esta postura, sin embargo, no ha calmado los ánimos.
Los médicos son conscientes de estas limitaciones legales. Por ello, desde Amyts, el sindicato mayoritario en Madrid, han solicitado la intervención de otros ministerios clave: Hacienda, Función Pública y Seguridad Social. La idea es construir una solución transversal que aborde la complejidad de sus demandas desde diferentes frentes legislativos.
El primer día de huelga dejó cifras contradictorias. Mientras las comunidades autónomas hablaban de un seguimiento del 10-20%, los sindicatos médicos elevaban esa cifra hasta el 80-90%. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), principal convocante de la protesta nacional, se mostró «satisfecha por el elevado seguimiento», estimando que alrededor del 90% del personal hospitalario y el 85% de atención primaria secundaron la convocatoria.
Estas cifras, sin embargo, deben contextualizarse. Los servicios mínimos establecidos son considerados «abusivos» por los convocantes, ya que exigen la presencia de aproximadamente el 75% de los efectivos en servicios no esenciales y el 100% en los críticos. Esta medida, según los sindicatos, diluye el impacto real de la huelga y dificulta que la ciudadanía perciba la magnitud del descontento.
Eva Milar, jefa de Servicio de Radiodiagnóstico en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, representa la voz de muchos profesionales: «Estamos con los pacientes y las mejoras que consigamos ahora les van a repercutir. La responsabilidad de que las cosas vayan mal no es de los médicos, sino de la empresa que los gestiona, en última instancia, el Ministerio de Sanidad». Esta reflexión apunta a un debate más profundo sobre la gestión y financiación del sistema sanitario público.
El conflicto no es nuevo. Sus raíces se remontan a la elaboración del Estatuto Marco de 2003, durante el gobierno de José María Aznar con Ana Pastor al frente de Sanidad. Entonces ya quedaron pendientes flecos importantes que ahora, dos décadas después, estallan con toda su intensidad. La diferencia es que el contexto sanitario, social y político ha cambiado radicalmente.
La estrategia de los médicos es clara: presión sostenida durante cuatro meses. La huelga de esta semana es solo el primer capítulo de un calendario de movilizaciones que se repetirá en semanas concretas hasta junio. Esta táctica busca mantener el conflicto en la agenda pública sin paralizar completamente el sistema, pero generando un impacto acumulativo que obligue a la negociación.
El reto para Mónica García es enorme. Debe equilibrar la sostenibilidad económica del sistema con las justas demandas de un colectivo profesional fundamental. La ministra se encuentra entre la espada de las restricciones presupuestarias y la pared de unos profesionales que ya no están dispuestos a esperar.
El tiempo juega en contra. Cada semana de huelga genera más descontento entre los pacientes y más tensión en el seno del sistema. La capacidad de García para articular una respuesta política que vaya más allá de los argumentos técnicos y legales será clave para desescalar el conflicto.
Mientras tanto, los ciudadanos se encuentran en medio de una batalla que no es suya pero de la que son principales afectados. Las listas de espera crecerán, las consultas se retrasarán y la confianza en el sistema podría erosionarse si la solución no llega pronto.
La pregunta que todos se hacen es si esta huelga logrará lo que no se consiguió en 2003. Los médicos están dispuestos a mantener la presión. El ministerio, por su parte, parece haber agotado sus argumentos. La próxima semana de movilización, programada para marzo, será el siguiente termómetro de una crisis que ya es inevitable.