La trama de irregularidades conocida como KoldoGate continúa destapando nuevas capas de presunto nepotismo político en la administración pública española. En esta ocasión, las conversaciones intervenidas al asesor Koldo García demuestran cómo el histórico dirigente socialista José Bono intermedió directamente para que un joven afiliado del PSOE obtuviera un puesto en la empresa estatal Ineco en tiempo récord.
Los hechos se remontan al 25 de junio de 2021, cuando Bono contactó con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para recomendar a Álvaro Lario Ruiz, un militante del partido que trabajaba en el Grupo Parlamentario del Congreso. La petición no pasó por los canales formales de selección, sino a través de mensajes directos que fueron reenviados al núcleo duro del entorno del ministro.
El mecanismo fue sorprendentemente ágil. Bono transmitió la solicitud a Ábalos, quien inmediatamente derivó el asunto a su hombre de confianza, Koldo García. Este personaje central en la trama respondió en tan solo dos horas con una confirmación tajante: el joven estaría trabajando en diez días con un salario de 36.000 euros anuales. La celeridad del proceso contrasta brutalmente con los plazos habituales de las convocatorias públicas, que suelen extenderse durante meses.
La conversación, que EL ESPAÑOL ha hecho pública, muestra con lujo de detalles cómo se articuló la operación. Bono reenvió un mensaje redactado por el propio Lario, donde se describía la vacante como una plaza vinculada a los fondos europeos de recuperación que dependería directamente del gabinete del ministro. El texto incluía una descripción del candidato y una explícita petición de agilidad: "En la medida de lo posible te agradecería que le pudieras dar un empujón y terminar de cerrar el asunto".
La respuesta de Koldo García no dejó lugar a dudas sobre la capacidad de influencia del entorno ministerial: "En diez días está trabajando cobra 36", escribió a las 21:14 del mismo día. Bono agradeció inmediatamente el gesto. Cinco días después, el exministro volvió a contactar con el asesor para verificar que todo marchaba según lo planeado, confirmando que el joven ya había sido contactado y mostraba gran entusiasmo con la oportunidad.
Lo más llamativo es que la plaza oficialmente pertenecía a Ineco, la empresa pública de ingeniería y consultoría dependiente del Ministerio de Transportes, pero el trabajo real se desarrollaría en el propio gabinete de Ábalos. Esta dualidad en la contratación es una práctica que ha levantado suspicacias en múltiples investigaciones, ya que permite sortear los controles de selección de personal directo del ministerio utilizando las estructuras de las empresas satélite.
El caso de Álvaro Lario no es aislado. Ineco ya estaba en el punto de mira de los investigadores por otras contrataciones cuestionables vinculadas al entorno de Ábalos. Entre ellas destacan la de la expareja de Koldo García y su propio hermano, ambos colocados en la empresa pública mediante procedimientos que saltaron los principios de mérito y capacidad.
Estas revelaciones alimentan la percepción de una red de favores políticos que operaba con total impunidad dentro de las estructuras del poder. El uso de aplicaciones de mensajería instantánea para gestionar nombramientos de alto nivel demuestra una deliberada intención de dejar fuera de registro oficial estas gestiones, evitando los controles de transparencia que rigen la administración pública.
La cena previa entre Bono y el joven Lario, mencionada en los mensajes, sugiere un trato personalizado que va más allá de una simple recomendación profesional. El histórico dirigente, que presidió el Congreso de los Diputados y fue ministro de Defensa, parecía mover sus contactos con total naturalidad, confiado en que su influencia garantizaría el resultado deseado.
El salario ofrecido, 36.000 euros brutos anuales, representa una cifra considerable para un puesto que no pasó por el filtro de un tribunal de selección imparcial. Esta retribución, superior al salario medio de muchos funcionarios de carrera, fue acordada en una simple conversación digital, sin valoración de méritos ni competencias específicas.
Las implicaciones legales de estas prácticas son severas. La prevaricación administrativa y el trato de favor en el acceso al empleo público constituyen delitos que pueden conllevar penas de cárcel. La Fiscalía Anticorrupción ya investiga estas contrataciones como parte de una trama más amplia que habría desviado millones de euros mediante contratos fraudulentos en el Ministerio de Transportes.
El daño reputacional para el PSOE es considerable. Aunque el partido ha intentado desmarcarse de estas prácticas, la implicación de figuras históricas como Bono y exministros como Ábalos dificulta la narrativa de casos aislados. La oposición ha aprovechado estas revelaciones para cuestionar la gestión del Gobierno en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
Desde el punto de vista institucional, el caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de las empresas públicas al clientelismo político. Ineco, creada para desarrollar proyectos de ingeniería de interés nacional, se convirtió aparentemente en una caja de resonancia para colocar a militantes afines, minando su credibilidad técnica y su independencia.
La investigación periodística ha sido fundamental para destapar estas redes. El acceso a los mensajes privados de Koldo García, aunque controvertido desde el punto de vista de la privacidad, ha permitido documentar con pruebas irrefutables la existencia de estas prácticas. Sin este material, es probable que estas contrataciones hubieran pasado desapercibidas.
Para la ciudadanía, cada nueva revelación genera un creciente desencanto con la clase política. La sensación de que existen dos velocidades en el acceso al empleo público -una para los bien conectados y otra para el resto de ciudadanos- erosiona la confianza en las instituciones democráticas y en el principio de igualdad de oportunidades.
El futuro de los implicados es incierto. Mientras las investigaciones judiciales avanzan, la presión política y mediática crece. La posible imputación de Bono, que hasta ahora había mantenido un perfil relativamente al margen del caso Koldo, abre un nuevo frente en una trama que ya ha salpicado a altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez.
La lección fundamental de este caso es la necesidad de blindar los procesos de selección en el sector público. La digitalización ha facilitado nuevas formas de corrupción, pero también deja rastros que pueden ser perseguidos. Reforzar los controles, aumentar la transparencia y garantizar la independencia de los tribunales de selección son medidas urgentes para evitar que casos como este se repitan.
Mientras tanto, Álvaro Lario Ruiz continúa en su puesto, aunque su futuro depende ahora de cómo evolucione la investigación. Su caso se ha convertido en el símbolo de un sistema que, según las pruebas, privilegiaba las conexiones partidarias por encima de la meritocracia. La justicia determinará si esta contratación exprés fue un simple favor político o un delito de prevaricación que debe ser castigado con todo el peso de la ley.